La inspección a la denominada Casa Ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en el barrio Las Palmas, generó observaciones por parte de autoridades del Gobierno, quienes señalaron que el nivel de equipamiento y lujo no corresponde a los fines operativos de una empresa pública.

Durante un recorrido realizado este martes, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, junto a ministros de Estado y representantes del sector, verificó las condiciones del inmueble, que —según describieron— presenta características similares a un hotel de alta categoría.

De acuerdo con lo observado, el lugar cuenta con suites de alto estándar, mobiliario exclusivo, luminarias importadas, obras de arte, equipos tecnológicos de última generación y espacios de entretenimiento. Para las autoridades, estos elementos exceden lo necesario para el funcionamiento institucional.

“Lo que hemos visto es un nivel de lujo absolutamente innecesario para una empresa pública que debe estar al servicio del pueblo boliviano”, afirmó Daroca ante medios de comunicación.

En la inspección también participaron el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; y el ejecutivo de los trabajadores petroleros, Augusto Blanco, quienes acompañaron la evaluación de las instalaciones.

Si bien el titular de la estatal reconoció que es razonable contar con espacios de alojamiento para el personal, cuestionó el nivel de inversión realizado. “No es normal tener este tipo de lujo. Esto no es una inversión productiva, es un gasto suntuario que no forma parte de las operaciones de YPFB”, sostuvo.

Ante esta situación, Daroca anunció el inicio de una revisión para determinar los criterios técnicos y administrativos que permitieron estas erogaciones, así como la pertinencia de los gastos realizados.

Asimismo, planteó que los recursos destinados a este tipo de infraestructura podrían haberse orientado a áreas estratégicas de la empresa. “Como ciudadano, me parece ofensivo para el pueblo boliviano que, en lugar de invertir en la calidad de los combustibles, en laboratorios de control o en capacidad de almacenamiento, se hayan gastado recursos en lujos innecesarios”, señaló.

El caso será objeto de análisis interno dentro de la estatal, en el marco de las medidas anunciadas para optimizar el uso de recursos y fortalecer la gestión institucional.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que se evalúa la necesidad de ajustar los requisitos para la inscripción de candidatos en futuros procesos electorales, en medio de observaciones sobre el funcionamiento del ámbito legislativo y la programación de interpelaciones a autoridades del Ejecutivo.

Durante una declaración pública, Ávila señaló que existen aspectos del actual sistema que requieren revisión. “Es necesario cambiar los requisitos para la inscripción de candidatos en las futuras elecciones”, afirmó, sin detallar aún propuestas específicas.

En ese contexto, también se refirió a una interpelación vinculada al ministro de Hidrocarburos, indicando que esta no fue impulsada por la agrupación política Libre. “No es de Libre la interpelación al ministro de Hidrocarburos, eso quiero que quede contundentemente claro”, sostuvo, al precisar que la iniciativa corresponde a otra instancia legislativa.

Asimismo, cuestionó la oportunidad de algunas acciones parlamentarias, señalando que se estaría interpelando a autoridades recientemente posesionadas. “Ahora tienen un ministro recién posesionado, hay que darle un poquito de oxígeno”, manifestó.

Ávila también mencionó que existen interpelaciones pendientes, entre ellas una relacionada con el ministro Oviedo, vinculada a un caso que involucra presuntos hechos de narcotráfico. “Sí está en pie la interpelación del ministro Oviedo”, indicó.

En esa línea, afirmó haber solicitado a las autoridades legislativas una programación más ágil de estos procesos. “He reclamado en una reunión con el vicepresidente que, por favor, las interpelaciones se programen lo más antes posible”, declaró.

Finalmente, señaló que algunas interpelaciones fueron retiradas debido a la falta de programación oportuna, en temas relacionados con distintas carteras de Estado, mientras se mantiene el seguimiento a otros casos aún vigentes.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, y solicitó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro, en el marco de una investigación en curso.

La imputación fue presentada ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Anticorrupción por la fiscal Ingrid Rocío Feraudi Guerra, quien requirió además la convocatoria a una audiencia de medidas cautelares. Según el Ministerio Público, la medida busca garantizar la presencia del imputado y evitar posibles riesgos que afecten el desarrollo del proceso.

De acuerdo con la investigación, existen indicios de movimientos económicos que no guardarían relación con el perfil financiero del sindicado. Entre los elementos observados se menciona la constitución de la empresa Agrongroup SRL en 2021, con un capital de Bs 210.000, así como la solicitud de financiamiento al Banco Ganadero para el proyecto agrícola denominado “Adán y Eva”, cuya inversión supera los 4,8 millones de dólares.

La Fiscalía sostiene que estos aspectos forman parte de un conjunto de indicios que requieren ser profundizados mediante pericias patrimoniales, requerimientos a entidades financieras y declaraciones testificales. En ese contexto, se argumenta la necesidad de la detención preventiva mientras avanzan las diligencias investigativas.

Asimismo, el Ministerio Público señaló la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de obstaculización de la investigación, mencionando inconsistencias en los domicilios registrados del imputado.

Según información oficial, Rafael Arce se encuentra actualmente en calidad de prófugo, situación que también fue considerada en la solicitud de medidas cautelares.

Con esta imputación, el caso ingresa a una nueva fase procesal en la que la autoridad judicial deberá definir la situación jurídica del investigado, mientras continúan las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras.