El Gobierno nacional confirmó un acuerdo con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para asegurar la provisión de 72 millones de litros de diésel durante julio destinados al sector productivo. Sin embargo, las autoridades evitaron fijar una fecha para el fin de las filas en las estaciones de servicio, al señalar que la distribución continúa afectada por las consecuencias de los bloqueos registrados durante más de 50 días.

El compromiso fue asumido en una reunión entre el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca; y representantes de la CAO, con el objetivo de garantizar el suministro de combustible para la zafra cañera, la cosecha de sorgo y otras actividades agropecuarias.

Consultado sobre el plazo para restablecer plenamente el abastecimiento de diésel, el ministro Marcelo Blanco señaló que el Ejecutivo continúa intensificando los despachos, aunque evitó dar una fecha específica. «No me gusta especular ni dar fechas que no pueda cumplir. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para normalizar el abastecimiento después de más de 50 días de bloqueos», afirmó.

La autoridad indicó que la prioridad del Gobierno es recuperar el suministro de combustibles en Santa Cruz y en el resto del territorio nacional, mediante el fortalecimiento de la logística de distribución.

Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, destacó que el acuerdo permitirá atender las necesidades inmediatas del sector durante la campaña agrícola. «Son 72 millones de litros para este mes, aproximadamente tres millones de litros por día. Eso permitirá dar tranquilidad al inicio de la zafra, que ya viene retrasada», manifestó.

Frerking explicó que el combustible será fundamental para la cosecha de más de 200.000 hectáreas de caña de azúcar, el inicio de la recolección de 600.000 hectáreas de sorgo y la atención de alrededor de 1,3 millones de hectáreas cultivadas durante la campaña de invierno. Añadió que el sector ganadero también requiere diésel para la producción de forraje ante el descenso de las temperaturas.

Durante la conferencia, Blanco también recordó que el decreto que habilita la importación privada de combustibles entrará en funcionamiento una vez que se apruebe su reglamentación. Explicó que las empresas interesadas podrán importar y comercializar gasolina y diésel a precios de mercado, mientras que YPFB continuará ofreciendo combustibles subvencionados bajo el esquema vigente.

En ese contexto, el ministro sostuvo que «los privados pueden traer combustible y venderlo. Yacimientos seguirá importando y comercializando la gasolina y el diésel en las condiciones actuales».

Desde el sector productivo, Frerking respaldó la medida y consideró que ampliar la cantidad de proveedores contribuirá a mejorar el abastecimiento. «Si hay más participantes en la importación de diésel, mejor. El peor diésel para un productor es el que no está disponible en la estación de servicio», señaló.

El dirigente aclaró que el objetivo del sector agropecuario no es asumir el rol de importador, sino contar con un suministro continuo que garantice el desarrollo de la producción destinada tanto al mercado interno como a las exportaciones.

Autoridades participaron en una jornada de trabajo dedicada al desarrollo del Sistema del Catálogo Nacional de Trámites, una iniciativa que forma parte de la implementación del programa Tranca Cero, orientado a simplificar los procedimientos administrativos y optimizar la atención a la ciudadanía.

Durante el encuentro se abordaron acciones destinadas a consolidar un sistema que permita reducir la burocracia, eliminar procesos innecesarios y modernizar la gestión pública mediante mecanismos más ágiles y eficientes.

Los participantes coincidieron en que el programa busca facilitar el acceso de la población a los servicios del Estado, promoviendo procedimientos más rápidos, transparentes y accesibles para los usuarios.

Asimismo, ratificaron el compromiso de continuar trabajando en la transformación de la administración pública, con el objetivo de fortalecer la eficiencia institucional y brindar respuestas oportunas a las necesidades de las bolivianas y los bolivianos.

La implementación del Sistema del Catálogo Nacional de Trámites forma parte de las acciones orientadas a consolidar una gestión pública moderna, con procesos simplificados que mejoren la relación entre el Estado y la ciudadanía.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga manifestó este miércoles su rechazo a la posibilidad de que se designen magistrados de manera directa para cubrir las acefalías existentes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Asimismo, cuestionó la advertencia del Órgano Judicial de suspender actividades como medida de presión para exigir mayor presupuesto.

Durante una conferencia de prensa, el líder de la alianza Libre expresó su desacuerdo con un proyecto de ley que, según indicó, plantea otorgar al presidente Rodrigo Paz la facultad de nombrar autoridades judiciales de forma interina.

“Hemos visto un proyecto que circula en la Asamblea Legislativa. Hay gente del Gobierno proponiendo replicar el modelo de Evo Morales: meterle nomás y violar la Constitución”, afirmó Quiroga.

El exmandatario sostuvo que las vacancias en los altos tribunales deben resolverse respetando los procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y rechazó cualquier mecanismo que implique designaciones directas.

“La acefalía no se arregla con magistrados que no tengan legitimidad de origen y que no tengan el cumplimiento de la Constitución para ser seleccionados. Ese invento es de Evo Morales. Lo he rechazado cuando lo ha hecho Evo Morales y lo rechazamos cuando ahora intentan hacerlo”, declaró.

Quiroga reiteró que la posición de su organización política es mantener el respeto al marco constitucional y evitar prácticas que, a su criterio, se aparten de la institucionalidad.

“Nuestra posición como Libre es una sola: todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. No estuvimos disponibles para apoyar esas prácticas en el pasado ni estamos disponibles para que un gobierno que surgió de la voluntad de cambio replique acciones que fueron repudiadas en materia de justicia”, señaló.

En otro tema, el expresidente también se refirió a la posibilidad de que el Órgano Judicial lleve adelante un paro nacional para exigir atención a sus demandas presupuestarias e institucionales.

Si bien reconoció que las solicitudes relacionadas con recursos económicos pueden ser legítimas, consideró que la suspensión de funciones por parte de uno de los poderes del Estado no constituye un mecanismo adecuado.

“Entiendo la legitimidad de las demandas presupuestarias, tenemos que impulsar reformas, pero no puede un poder del Estado parar por definición. La continuidad de la función administrativa en poderes estatales está por encima de cualquier otro criterio”, sostuvo.

Finalmente, Quiroga insistió en que el funcionamiento del sistema judicial debe mantenerse de manera permanente y afirmó que las diferencias sobre el presupuesto deben resolverse mediante los canales institucionales.

“La necesidad de discutir el presupuesto está sobre la mesa con muchos otros sectores, pero el paro de un poder del Estado no es un recurso admisible en democracia”, concluyó.

El Comité Pro Santa Cruz formalizó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el representante de los Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes atribuye responsabilidad en la organización y promoción de los bloqueos que se prolongaron durante 53 días en distintas regiones del país.

La acción judicial fue presentada por el presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, acompañado por los vicepresidentes Agustín Zambrana y Dino Franco. Los representantes señalaron que el objetivo es que el Ministerio Público investigue los hechos ocurridos durante las movilizaciones y determine las responsabilidades correspondientes.

El vicepresidente Agustín Zambrana informó que la denuncia contempla varios tipos penales relacionados con los hechos registrados durante las protestas.

“Lo dijimos y lo cumplimos. Ya firmó el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Se está presentando ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia por la comisión de graves delitos como alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento del terrorismo y otras tipificaciones”, declaró.

Zambrana aseguró que la institución realizará seguimiento al proceso judicial y afirmó que la iniciativa busca que los hechos sean investigados conforme a derecho.

“No es persecución, no es revanchismo, es justicia lo que queremos para que se acabe la cultura del deshacer Bolivia y quedar impune. Esto recién comienza”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Diego Coimbra explicó que la denuncia fue presentada contra Evo Morales y los dirigentes Mario Argollo y Vicente Salazar por presuntos delitos cometidos durante los más de 50 días de bloqueo registrados en el país.

“Son varios los delitos por los cuales se está denunciando a los responsables de los más de 50 días de bloqueo. Esto es por los hechos cometidos durante esos 53 días que, según la denuncia, vulneraron derechos fundamentales del pueblo boliviano”, manifestó el jurista.

En tanto, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Dino Franco, afirmó que la organización pretende evitar que los hechos queden sin investigación y atribuyó a las movilizaciones consecuencias económicas para el país.

“Hoy iniciamos esta denuncia contra los responsables por la destrucción de Bolivia durante 53 días. No podemos permitir que queden en la impunidad personas que tanto daño hicieron a los bolivianos, generando desempleo y afectando al aparato productivo”, señaló.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, instancia que deberá evaluar la documentación entregada y definir las actuaciones correspondientes dentro del proceso investigativo.

Representantes del Gobierno nacional y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sostuvieron este miércoles una reunión de trabajo con el objetivo de abordar las demandas planteadas por el Órgano Judicial, luego de que esa institución advirtiera con la posibilidad de paralizar sus actividades en reclamo de un mayor presupuesto y otras necesidades institucionales.

Tras varias horas de reunión, ambas partes ofrecieron una declaración conjunta en la que destacaron la apertura al diálogo como mecanismo para encontrar soluciones y evitar medidas de presión.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó que durante la jornada se analizaron los requerimientos del sistema judicial junto a ministros de Estado y destacó la voluntad del Ejecutivo para atender los planteamientos.

“Hay predisposición de parte del Ejecutivo de atender las demandas que tenemos, pero también hay la predisposición de nosotros de solucionar esto, como siempre lo dijimos, en base a una ruta crítica, que primero había que agotar la vía del diálogo. Ese diálogo se está dando y ese diálogo va a alcanzar las soluciones”, afirmó Saucedo.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que la administración nacional prioriza el diálogo para resolver las diferencias entre instituciones del Estado y aseguró que las solicitudes presentadas serán derivadas a las carteras correspondientes para su evaluación.

“Nos hemos sentado con los máximos representantes del Tribunal Supremo de Justicia sobre la base de planteamientos que le han hecho al Órgano Ejecutivo. Hemos trabajado, estamos encaminados a resolver esto y se derivarán todas estas peticiones a los ministerios que correspondan”, manifestó la autoridad.

Oviedo añadió que existe un avance importante en la coordinación entre ambos órganos del Estado y expresó su confianza en que las conversaciones permitan atender los requerimientos institucionales.

“Estamos encaminados a resolver los pedidos y la interrelación entre poderes que debe existir en democracia”, sostuvo el ministro.

El encuentro se produjo después de que autoridades judiciales advirtieran con la realización de un paro nacional de actividades si no obtenían respuestas a sus demandas relacionadas con el fortalecimiento del presupuesto y otras necesidades del sistema de administración de justicia.

Con la instalación de esta mesa de diálogo, el Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia buscan construir acuerdos que permitan atender los requerimientos del Órgano Judicial y evitar la suspensión de los servicios judiciales en el país.