El Sistema de la Universidad Boliviana, representado por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), expresó este miércoles su “más enérgico y categórico rechazo” a las recientes declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, quien acusó a las casas de estudios superiores de prácticas de corrupción en la titulación de los estudiantes.
En un comunicado oficial, las universidades recordaron que “la Autonomía Universitaria, establecida en la Constitución Política del Estado, es un principio fundamental que sustenta el funcionamiento del Sistema de la Universidad Boliviana”. Señalaron además que este principio garantiza la gestión independiente en lo académico y administrativo, “sin injerencias externas, sean estas gubernamentales, empresariales o de cualquier otra índole, teniendo como base el pensamiento crítico, la investigación científica y la libertad de cátedra”.
El pronunciamiento responde a las declaraciones de Lara, quien aseguró que existe corrupción en los procesos de titulación. Según afirmó: “Bajo ese pretexto de autonomía universitaria les cobran para la titulación. Les obligan a pagar un tutor; incluso, les obligan a comprar comida a los jurados para que ese día hagan su defensa”.
Las universidades rechazaron categóricamente estas aseveraciones al considerar que “carecen de sustento y constituyen una generalización injusta, que pone en entredicho el prestigio y la legitimidad de las universidades públicas del país”. El comunicado añade que este tipo de acusaciones sin pruebas “es un acto de irresponsabilidad y desconocimiento, que desinforma a la ciudadanía y menoscaba el trabajo de docentes, estudiantes y autoridades comprometidas con la educación pública”.
Lara, en su propuesta de campaña, anunció que impulsará una ley para prohibir los cobros en los procesos de graduación. “La titulación va a ser gratuita tanto para la universidad pública como privada y todos los que cobren para la titulación los vamos a sancionar. Muchos jóvenes no se titulan porque no les alcanza la plata, porque han hecho un negociado con la titulación, y eso se acaba, se acaba la corrupción”, declaró.
Ante ello, el Sistema Universitario subrayó que, en cumplimiento de su Estatuto Orgánico, mantiene “un firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de sus procesos institucionales”. Aseguró que existen normativas de control y fiscalización que permiten identificar y sancionar oportunamente cualquier irregularidad, “garantizando así la integridad del sistema universitario”.

Finalmente, el comunicado ratifica “la defensa inquebrantable de la Autonomía Universitaria, la libertad de pensamiento, la libre expresión, y el derecho a una educación pública de calidad, libre de injerencia política”.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN (S.P.) Luis Amílcar Velásquez Burgoa, informó este miércoles que el Comando de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), junto con las patrullas de la Unidad de Supervisión y Control dependientes del Viceministerio, lograron afectar el contrabando en más de Bs 3 millones entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre.
Según el parte oficial, se decomisaron 11.500 piezas de madera en el sector de Tiquina, frontera con Perú, y 3.600 unidades de huevo en la zona de Huachacalla, en la frontera con Chile, junto con 96 garrafas de gas licuado y 10.000 litros de diésel.
En cuanto a productos de contrabando de importación, en el sector de Guaqui se incautaron 590 quintales de maíz argentino y 300 ollas de presión. En el municipio de Yacuiba, frontera con Argentina, se confiscaron 60 fardos de ropa usada; en el sector de Puente Kelcata, frontera con Chile, 389 televisores de entre 32 y 43 pulgadas; y en Puerto Acosta, frontera con Perú, 16 cajas de cigarrillos.
El viceministro agregó que cuando los contrabandistas intentan recuperar la mercadería, el personal encargado tiene la facultad de destruir e incinerar los productos. En este marco, se incineró un vehículo Toyota Ipsum en Huachacalla y un camión pesado Nissan Condor que transportaba ropa usada en Parirumani, ambos en la frontera con Chile. Además, se confiscó un vehículo liviano Suzuki Swift en Yacuiba, frontera con Argentina.

Estas acciones, realizadas por las patrullas del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y el Comando Estratégico Operacional (CEO), están respaldadas por la Ley 1053, que les faculta, tras evaluar el grado de amenaza, a hacer uso de armamento respetando las normas y procedimientos operativos vigentes.

La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia Atristaín, confirmó este miércoles que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, tiene dos sentencias condenatorias en Bolivia y varios procesos legales pendientes en su contra. Se espera que en las próximas horas sea deportado desde Estados Unidos, donde cumplió una condena.
Saravia informó que ya se han emitido dos órdenes de aprehensión para que Murillo cumpla las penas impuestas. “Como Justicia, estamos esperando que el señor Murillo venga a cumplir las condenas que ya han sido dispuestas a través de un proceso en el cual se ha respetado el debido proceso”, declaró la ministra.

Murillo fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión por la importación irregular de agentes químicos y armamento desde Ecuador. Adicionalmente, en Estados Unidos recibió una condena de ocho años por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
A su retorno a Bolivia, deberá responder también por su presunta implicación en las masacres de 2019, así como en casos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que se espera la llegada de Murillo mañana en un vuelo a Viru Viru, Santa Cruz, y posteriormente será trasladado a El Alto, para ser internado en dependencias policiales.

Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), protagonizó el 1 de septiembre un altercado con un policía de la tercera edad al que calificó de “corrupto”. El hecho ocurrió cuando el uniformado atendió el llamado de los vecinos por el alto volumen de la música que superaba los límites permitidos.
El policía se acercó a la tienda “Colchones y Muebles Terra” para pedir que redujeran el volumen, pero fue interrumpido por Lara, quien comenzó a filmar la escena y atacó verbalmente al servidor público, acusándolo sin presentar argumentos o pruebas.
Lo que motivó esta agresión fue la defensa que Lara hizo del empresario José Limber Terrazas Mamani, propietario de “Colchones y Muebles Terra” y dueño de la vagoneta Toyota Land Cruiser, con placa 6341-TAU, usada por el candidato en su caravana en el Plan 3.000 hace apenas dos días.

Esta situación ha generado críticas hacia Lara por anteponer sus intereses personales y los de un colaborador empresarial a la autoridad y a las normas vigentes. En lugar de colaborar para resolver el conflicto de manera respetuosa, optó por desacreditar y atacar a un policía que cumplía con su deber.
Hasta el momento, ni Edman Lara ni José Limber Terrazas Mamani han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, que añade más polémica a la campaña electoral.

Cerca del mediodía de este lunes, un joven fue acribillado por dos personas que se movilizaban en motocicleta en las inmediaciones de la Radial 10 y Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra. Tras confirmarse la identidad de la víctima, los vecinos afirmaron que todo apunta a que el hombre fue confundido con otro vecino extranjero que vivía en la zona.
“Este chico no tenía nada malo, era humilde y trabajador”, declaró una vecina que prefirió mantener su nombre en reserva. Contó que hace aproximadamente una semana, personas en moto llegaron al barrio y confrontaron a un ciudadano colombiano con quien mantuvieron una fuerte discusión, incluso apuntándole con un arma.
“Vinieron, le apuntaron y se fueron”, relató la testigo.

Después de ese incidente, los residentes notaron la presencia frecuente de hombres que, en motocicleta, realizaban movimientos sospechosos por la zona, aparentemente vigilando el lugar.
“Hasta tres vueltas se daban”, añadió la testigo.
El lunes, cuando ocurrió el ataque que terminó con la vida del joven, según la misma testigo, la sobreviviente intentó advertir a los agresores que estaban confundiendo de persona, pero aun así decidieron continuar con el ataque.

Luego de su deportación desde Estados Unidos, el inminente retorno de Arturo Murillo a Bolivia reabre uno de los casos que más impacto causó durante su gestión como ministro de Gobierno: el caso Samanta, una bebé desaparecida en Villa Fátima, La Paz, y rescatada 34 días después. Durante este periodo, se presentó a una mujer como sospechosa del secuestro basándose en sus coincidencias físicas con un identikit policial.
En septiembre de 2020, la desaparición de Samanta conmocionó al país. «Murillo presentó a Lourdes Pacheco como una de las supuestas responsables del rapto», pero “la investigación posterior demostró que había sido involucrada de manera arbitraria e ilegal, lo que derivó en un proceso judicial contra el entonces ministro de Gobierno por vulneración de derechos y daños irreparables a la imagen y dignidad de la mujer.”
“Va a tener que ser sometido a una audiencia de medidas cautelares y llevado a un penal de manera establecida y determinada, y ahí poderle notificar de manera personal al señor Arturo Murillo (sobre) el tema de la acusación formal que nosotros hemos presentado ya cuando él era ministro de gobierno, al haber vulnerado directamente los derechos de Lourdes Pacheco, al haberla presentado a nivel nacional como internacional, como una de las raptoras de la bebé Samanta”, aseveró Frank Campero, abogado de Pacheco.
Campero confirmó que pedirá la detención preventiva inmediata de Murillo, añadiendo que este caso es uno de los al menos ocho procesos abiertos contra el exministro y enfatizó que deberá responder por haber violado derechos fundamentales al acusar irregularmente a una mujer sin pruebas y que el Estado debe indemnizar a la víctima.

“Ya de manera específica, teniéndolo en el país, vamos a notificarlo de manera presencial ya para las audiencias correspondientes, él pueda tener su sentencia condenatoria y el resarcimiento del daño tendrá que pagar el Ministerio de Gobierno como el Estado, porque él ha sido funcionario en su momento. El Estado tendría que cancelar el millón de dólares correspondiente que se ha determinado en auditoría por el tema de los daños causados justamente a esta ciudadana”, precisó el jurista.
El abogado explicó que “existe ya una acusación formal presentada contra Murillo cuando aún era ministro, lo que permitirá reactivar de inmediato la causa una vez que el exministro esté en territorio boliviano.” Y enfatizó que “con que Arturo Murillo esté en el país ya facilita absolutamente todo el procedimiento como tal,” refiriéndose al caso que el próximo 8 de septiembre cumplirá cinco años.
Las medidas legales estuvieron en espera mientras Murillo cumplía condena en Estados Unidos.
El extitular de Gobierno fue condenado en 2022 en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero, tras supuestamente gestionar sobornos millonarios vinculados a la compra irregular de gases lacrimógenos. Cumplida su pena, será deportado a Bolivia en las próximas horas, lo que activa la cooperación internacional en materia penal.
Campero subrayó que la deportación se ajusta al principio internacional del Pacta sunt servanda, que obliga a los Estados a cumplir los tratados suscritos en materia de extradición y reciprocidad judicial.

Edman Lara volvió a generar polémica con sus declaraciones al asegurar que, en caso de que su partido triunfe en el balotaje, se encargará de encarcelar al presidente Luis Arce. Además, denunció supuestos acuerdos entre Jorge Tuto Quiroga y Arce para mantener la impunidad de funcionarios públicos.
En contacto con la prensa, el excapitán de la Policía criticó a Quiroga por “mancharnos de masistas y ahora sale a pedir el voto de los masistas”. También lo acusó de “hacer amarres” con Arce para que funcionarios de instituciones públicas permanezcan en sus cargos sin enfrentar juicio por irregularidades.

Según Lara, Quiroga no mencionó la posibilidad de procesar y arrestar a Arce, lo que, en su opinión, pone en duda la credibilidad del candidato. Por otro lado, anunció que él sería quien encarcelaría al mandatario, a pesar de que en declaraciones previas había indicado que como candidato no era apropiado anunciar arrestos de figuras políticas.
“Luis Arce va a ser el primero que le va a rendir cuentas a la justicia y va a ser el primero que va a entrar preso”, advirtió, calificándolo también como “el peor presidente que ha tenido el país”.
No obstante, días atrás Rodrigo Paz, compañero de fórmula de Lara y candidato presidencial, se reunió con Arce para dialogar sobre la crisis actual y asegurar una transición pacífica. En cambio, Jorge Tuto desistió de asistir a dicha cita, alegando que Arce pretendía evadir la responsabilidad de su administración.