La Dirección General de Régimen Penitenciario emitió un comunicado para rechazar las acusaciones formuladas por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien denunció cortes de agua y represalias durante su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en Viacha, departamento de La Paz.
Tras su liberación el viernes, Camacho afirmó haber sido víctima de “torturas blandas” durante sus más de dos años de reclusión, señalando que le cortaron el suministro de agua por cinco días, le restringieron las salidas al sol y limitaron su alimentación.

En respuesta, la Dirección General de Régimen Penitenciario expresó que se vio en la “necesidad” de informar a la población para “preservar la verdad” y aseguró que las declaraciones de Camacho “carecen de fundamento”, puesto que representantes de organismos internacionales y de derechos humanos visitaron la prisión donde estuvo recluido.
“El suministro de agua y los servicios básicos se gestionan de manera colectiva para toda la población privada de libertad, sin distinciones ni tratos diferenciados”, sostuvo la entidad, desacreditando las denuncias de Camacho.
Asimismo, la Dirección condenó el uso político de su gestión y ratificó que todas las acciones en los recintos penitenciarios se ejecutan conforme a la normativa vigente, garantizando un respeto absoluto a los derechos humanos.

La audiencia del candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, programada para este martes a las 11:30 en el municipio de La Guardia, Santa Cruz, fue suspendida hasta el 12 de septiembre.
La suspensión se debió principalmente a la ausencia de la fiscal asignada al caso, quien se encuentra de vacaciones, y a la inasistencia de la parte acusadora. “Ahora resulta que la fiscal pide vacaciones. Imagínense, se está escapando la Fiscalía y el denunciante pide conciliar. Les ha salido el tiro por la culata, en lugar de dañarme, me han hecho un favor”, expresó Lara tras salir de la audiencia.

El candidato contó con el respaldo de numerosos seguidores, que no solo lo acompañaron en Santa Cruz, sino que también realizaron una marcha en su apoyo en Cochabamba, en paralelo con la hora de la audiencia, portando pancartas y entonando arengas a favor de Lara.
“Mi persona no ha sido notificada. Si yo no me presento a la audiencia, porque a mí me notificaron en la anterior, puedo ser declarado rebelde y librarse una orden de aprehensión. No quiero caer en esa trampa”, advirtió Lara en medio de sus seguidores.

“Celebramos, porque para nosotros es el inicio: se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada. En su momento hubo muchas denuncias, éramos niños, nos hicieron creer que la justicia la impartía el Provincial de los Jesuitas, así nos manipularon”, expresó Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS).
Los abusos cometidos por Alfonso Pedrajas conocido como “padre Pica”, fueron revelados a través de un diario personal, en el que el sacerdote confesó múltiples casos de abuso sexual contra niños y adolescentes durante su labor pastoral en Bolivia.
La divulgación del caso generó gran indignación pública, lo que motivó el inicio de investigaciones y las acciones de la Fiscalía para esclarecer los hechos, incluyendo la recopilación de declaraciones y documentos de la Compañía de Jesús.
De acuerdo con los indicios, los sacerdotes Ramón Alaix y Marcos Recolons tenían conocimiento de los abusos perpetrados por Pedrajas en las décadas de 1970 y 1980. Ambos fueron mencionados en el diario del extinto jesuita como responsables del encubrimiento.
Recientemente, la defensa de los acusados intentó presentar un recurso de extinción de la acción por prescripción, pero fue rechazado por la autoridad judicial, que ordenó continuar el proceso hasta una sentencia definitiva.
El secretario de relaciones internacionales de la CBS, Edwin Alvarado, agradeció a las víctimas por su valentía al testimoniar durante el proceso y destacó que “aún hay sobrevivientes de otros depredadores jesuitas y de otras órdenes religiosas. Aún hay miles de documentos internos que prueban el encubrimiento institucional y sistemático a sus pederastas”.
Además, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes anunció que dará seguimiento al caso del fallecido jesuita Alejandro Mestre (1912-1988), denunciado por abuso sexual contra un alumno del Colegio San Calixto de La Paz en 1961, en cuyo caso los jesuitas Osvaldo C., Ignacio S. y Bernardo M. son señalados como presuntos encubridores.

Rafael Ernesto Arce Mosqueira, uno de los tres hijos del presidente Luis Arce, posee al menos siete cuentas bancarias que en conjunto suman más de 94 millones de bolivianos, informó este martes el diputado evista Héctor Arce.
“El señor Rafael Ernesto Arce Mosqueira tiene varias cuentas, la primera en el Banco Ganadero, donde tiene 63.140.912 bolivianos; en el Banco Mercantil tiene cuatro cuentas, en una de ellas tiene 15.080.410 (…); en el Banco Económico tiene una cuenta con 1.551.747 bolivianos, en el Banco Unión tiene tres cuentas, sólo hemos tenido acceso a una de ellas, con 11.729.394 bolivianos”, detalló el legislador.
Rafael Ernesto y su hermana Camila están siendo investigados por la presunta compra irregular de predios productivos en Santa Cruz, cuando tenían 25 y 20 años, respectivamente. En esas transacciones habrían utilizado créditos bancarios por un total de 63,1 millones de bolivianos, equivalentes a aproximadamente 9,1 millones de dólares.
“Si sumamos las siete cuentas que tiene en estos cuatro bancos, el hijo de Lucho Arce tiene 94.076.287 bolivianos, acá están las pruebas que respaldan todos estos movimientos económicos”, aseguró el diputado leal a Evo Morales.

El denunciante indicó que el presidente Luis Arce y su familia están implicados en actos de corrupción que deben ser investigados, señalando que estos hechos estarían relacionados con la crisis económica que atraviesa el país.
“Usted ha robado junto a sus hijos, señor Lucho Arce, así de claro, lo hago responsable a usted de toda la corrupción que ha enlodado a su Gobierno”, afirmó con contundencia el legislador.

El número de casos confirmados de sarampión en El Alto aumentó a nueve, tras reportarse este fin de semana dos nuevos contagios: un niño de siete años y un adolescente de 14 años, informó el jefe de la Unidad de Epidemiología, Miguel Quispe. Uno de los afectados no estaba vacunado, lo que preocupa a las autoridades sanitarias.
Los dos nuevos casos se registraron en los distritos 1 y 8 de El Alto. Ante esta situación, la Alcaldía hace un llamado urgente a los padres para que lleven a sus hijos menores de cinco y 14 años a los centros de salud y reciban las dosis correspondientes contra el sarampión, ya sea la vacuna SR (sarampión y rubéola) para menores de cinco años o la SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) para niños mayores.

Quispe advirtió que aún existe un número significativo de niños entre cinco y 15 años que no están vacunados, lo cual mantiene la circulación del virus y genera casos aislados de la enfermedad. Por ello, insistentemente se recomienda completar los esquemas de vacunación para evitar complicaciones, especialmente en menores de cinco años.
Además, se prevé iniciar en septiembre una campaña de vacunación dirigida a jóvenes entre 15 y 20 años, con el objetivo de proteger otro grupo susceptible y contener la propagación del virus.
En cumplimiento de las directrices de la alcaldesa Eva Copa, la vacunación se realiza en todos los centros de salud de primer nivel, puntos fijos y consultorios vecinales, siguiendo el esquema regular para proteger a la población contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles.

El director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, afirmó este martes en Tarija que Bolivia se consolida como un país compuesto principalmente por centros urbanos, con un notable desplazamiento diario de personas en las ciudades capitales. Así lo reflejan los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 2024, presentados ante autoridades municipales, departamentales, representantes empresariales, policiales, académicos y sociales.
Desde 1950, Bolivia ha experimentado una tendencia sostenida hacia el crecimiento urbano, que actualmente representa el 69% de la población total del país, equivalente a 7.846.708 habitantes, frente a un 31% que reside en áreas rurales. La población total censada en 2024 es de 11.365.333 habitantes, con una distribución casi equitativa entre mujeres (5.682.835) y hombres (5.682.498).
Arandia destacó que el desarrollo urbano del país también muestra un fuerte componente metropolitano, especialmente en el eje central y en regiones como Tarija, donde el área urbana se extiende y municipios como San Lorenzo y parte de Uriondo conforman una verdadera metrópoli. De manera similar, Santa Cruz de la Sierra presenta una «explosión» urbana con la expansión de municipios circundantes como Warnes, Cotoca y Porongo, formando una importante mancha metropolitana.
En La Paz, la mancha urbana que comprende a El Alto se ha extendido hacia municipios vecinos como Pucarani, Laja y Viacha, superando los límites tradicionales de la ciudad. Cochabamba también refleja esta dinámica de crecimiento acelerado, con la expansión del área metropolitana de Kanata hacia Sipe Sipe, Vinto y Tolata, junto al desarrollo en Sacaba y Arbieto.
Este crecimiento conlleva desafíos importantes en infraestructura y planificación, por lo que Arandia enfatizó la necesidad de políticas públicas responsables y coordinadas a nivel metropolitano para atender el creciente desplazamiento laboral entre municipios en ciudades principales como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto.
La coordinadora del Censo 2024, Martha Oviedo, destacó la movilización de alrededor de 630 mil agentes censales y profesionales, además del apoyo de gobiernos autónomos municipales y departamentales, calificando el esfuerzo como “el movimiento más grande de personas en tiempos de paz” para la realización del censo.
Por su parte, Pablo Salazar, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Internacional de Alto Nivel, señaló que los resultados cumplen con los estándares internacionales tras una evaluación rigurosa por parte de expertos independientes.
Finalmente, el encargado del INE en Tarija, Gonzalo Veizaga, subrayó que contar con información confiable es fundamental para planificar políticas públicas efectivas, agradeciendo el compromiso de más de medio millón de personas y las autoridades que facilitaron la ejecución del Censo 2024.