En un reciente operativo de control llevado a cabo en el Puesto de Inspección de Suticollo, Cochabamba, el Batallón de Policía Militar Naval No. 2 «CN. TORRICO», dependiente del Área Naval No. 1 «COCHABAMBA» de la Armada Boliviana, logró el comiso de una considerable cantidad de mercadería ilegal. Entre los productos incautados se encontraban prendas usadas tales como zapatillas y ropa de procedencia extranjera que eran transportadas por vehículos interceptados sin la documentación legal correspondiente.

La mercancía confiscada tiene un valor aproximado de Bs. 30.000 y fue entregada oficialmente bajo acta de comiso a la Aduana Nacional. Esta acción refuerza el compromiso de la Armada Boliviana con la lucha contra el contrabando y la protección del comercio legal en el país, garantizando así el cumplimiento de las normativas y la seguridad en la frontera interna.

El conflicto en Viacha no es nuevo. Hace meses, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) confirmó, junto con la Alcaldía local, el derrame de cianuro en uno de los acuíferos de la región. Actualmente, al menos 23 empresas mineras operan en el área, muchas de ellas sin licencias ambientales, dejando residuos tóxicos acumulados cerca de los reservorios de agua.
La tensión estalló este lunes, cuando decenas de comunarios, cansados de la contaminación provocada por la minería, rompieron el cerco policial, tomaron por la fuerza el edificio de la Alcaldía y se declararon en vigilia. Denuncian que el agua que consumen, así como la de su ganado y cultivos, está contaminada con cianuro y metales pesados. Además, exigen una ley municipal que prohíba toda actividad minera en la zona.
La ira está dirigida hacia el alcalde Napoleón Yahuasi, a quien acusan de autorizar operaciones mineras sin licencia ambiental. “¡No más actividades mineras, no más empresas mineras, no más contaminación!”, exclamó uno de los dirigentes campesinos mientras los manifestantes ingresaban al edificio municipal. “Eso pedimos al Concejo: que inmediatamente apruebe una ley rechazando las actividades mineras y la contaminación”, agregó en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.
Los comunarios también responsabilizan al Concejo Municipal por no haber actuado antes. “¿Por qué no han aprobado hasta ahora una ley favorable para las comunidades? No queremos ninguna actividad minera con contaminación. ¡Fuera las empresas mineras!”, exigió el dirigente, mientras otros habitantes ocupaban los pisos de la Alcaldía.
En medio del desorden, los manifestantes agredieron a los guardias municipales y afirmaron que permanecerán en el lugar hasta que sus demandas sean atendidas y el alcalde brinde explicaciones. “El alcalde tiene que dar una explicación. ¿Por qué ha permitido que estas empresas operen dentro de Viacha?”, cuestionaron.
Las comunidades más afectadas están ubicadas a orillas del río Pallina, cuyas aguas llevan desechos industriales, hospitalarios y basura desde El Alto. Ante la imposibilidad de usar el río, los campesinos dependen de pozos subterráneos, que también están contaminados, para su consumo y el de sus animales, comprometiendo la salud y seguridad alimentaria de la región.
“Desde este momento las comunidades entramos en vigilia”, anunció el dirigente frente a la Alcaldía tomada. Los pobladores exigen que las autoridades municipales aprueben de inmediato una ley que les garantice agua limpia y un territorio libre de contaminación minera.

Los miembros de la Comisión Técnica de Preservación del Cerro Rico de Potosí, perteneciente a la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), emitieron una severa advertencia sobre la situación crítica de la montaña: la cúspide del yacimiento podría colapsar en cualquier momento.
“Lamentablemente, prevemos y anunciamos sobre la base de los permanentes monitoreos, inspecciones y estudios técnicos realizados en nuestra condición de Comisión Técnica de Preservación del Cerro Rico de Potosí, el inminente colapso de la parte alta del yacimiento minero”, indica la comisión en un comunicado reciente.
El sábado 30 de agosto, el equipo técnico realizó un análisis de la parte alta del yacimiento, con énfasis en el hundimiento H-144. A partir de esa inspección, concluyeron que el colapso de la cúspide podría producirse en cualquier momento.
Los hundimientos H-1 y H-3, ubicados directamente detrás de la cúspide, también presentan un avance preocupante en volumen y profundidad, producto de la intensa actividad minera. Según los expertos, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no está ejerciendo un control efectivo sobre la extracción en esa zona crítica.
Si bien en una reunión previa entre Comibol y los representantes de las cooperativas mineras se acordó reducir la explotación por encima de la cota 4.400 m.s.n.m., ese compromiso, advierten, no se estaría cumpliendo.
El ingeniero Freddy Llanos, responsable de la Comisión Técnica de la UATF, que monitorea el deterioro del Cerro Rico reconocido como Patrimonio de la Humanidad, alertó mediante reportes enviados por WhatsApp sobre una rápida degradación de la cumbre. Este proceso se debe a la persistente extracción de carga con contenido de plata oxidada por parte de unidades productivas que aún operan por encima de los 4.400 metros.
“Desde el primer hundimiento de magnitud de 2010, han transcurrido 15 años, Comibol y el Comité Interinstitucional de Preservación del Cerro Rico aprobaron el relleno con hormigón aligerado entre 2012 al 2014 y el relleno seco desde 2015 a la actualidad, gastando más de 12 y 7 millones de Bs respectivamente, han rellenado contados hundimientos de los cerca de 150 existentes. Lamentablemente, afirmamos que no se ha solucionado el problema en lo mínimo la observación del Cerro Rico de Potosí, por el contrario, la UNESCO que recomendó rellenar, el 2014 declara patrimonio en peligro”, destaca una publicación del equipo técnico de la UATF.

Tras la oficialización de la liberación de tres policías y un civil, acusados de privar de libertad y causar lesiones a un ciudadano menonita, la defensa legal de la víctima anunció que apelará la decisión del juez. El hombre relató los duros momentos que vivió cuando fue extorsionado, señalando que fue esposado y amenazado de muerte.
“Me enmanillaron, me pusieron una bolsa en la cabeza y luego otra, y me decían que me van a llevar a matar, eres estafador y no pagas a la gente, me dijeron, si nos vas a denunciar, aunque de aquí a 20 años, te vamos a matar decían, me torturaron y apuntaron con pistola a mi y mi esposa”, afirmó la víctima.

El ciudadano reconoció que tenía una deuda pendiente, pero sostuvo que intentaron obligarlo a pagar una suma mucho mayor.
“Debía una suma más pequeña de lo que me querían cobrar, tres veces más me querían cobrar, son gente contratada por otro menonita”, agregó.
La defensa del afectado manifestó su preocupación por la seguridad de su cliente, señalando que la liberación de los policías lo deja en una situación de vulnerabilidad.

Dirigentes de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) solicitaron formalmente que el presidente Luis Arce no vuelva a dictar clases en la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), argumentando que es responsable de la crisis actual y que su gestión al frente del Estado ha sido deficiente.
La solicitud fue enviada mediante cartas dirigidas al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y al Director de Carrera. “A la vez solicitamos, se pueda suspender la carga horaria del docente para limpiar la imagen de nuestra universidad para beneficio de la comunidad universitaria y bolivianidad en su conjunto”, señala el documento firmado por los vicepresidentes de la CUB, Henry Blanco y Hugo Quispe.
Quispe explicó que la decisión de remitir esta carta fue tomada por el Comité Ejecutivo de la CUB, aunque reconoció que existieron voces en desacuerdo. Las notas fueron entregadas este lunes.
En la misiva, los dirigentes responsabilizan a Arce de una “pésima dirección administrativa del actual Gobierno”, la cual afirman ha afectado gravemente el abastecimiento de combustibles en el país, impactando de forma negativa en el funcionamiento del transporte, las actividades laborales, estudiantiles, comerciales y en general, de la ciudadanía. Según el texto, esta situación “ha encarecido los costes de la canasta familiar, aquejando las finanzas de la bolivianidad y muy particularmente de las familias de economía deprimida”. El dirigente advirtió que, si no se atiende su solicitud, los estudiantes procederán a tomar la facultad y la carrera de Economía.

Además, Quispe mencionó que existen quejas respecto a que el mandatario ha dictado clases durante los últimos cinco años combinando un 50% de presencialidad con un 50% de modalidad virtual, lo cual según él ha generado perjuicios y molestias.