Bolivia apunta a posicionar su riqueza forestal como un motor de desarrollo económico mediante el acceso a financiamiento climático, en un contexto internacional que prioriza las inversiones sostenibles y la protección ambiental.

Con ese objetivo, el Gobierno convocó al encuentro “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático: desbloqueando financiamiento para la nueva agenda forestal de Bolivia”, que se realizará el 28 y 29 de abril en el Hotel Los Tajibos, en Santa Cruz. El evento reunirá a autoridades nacionales, organismos internacionales, inversionistas y representantes del sector forestal para articular estrategias que permitan canalizar recursos hacia la gestión sostenible de los bosques.

Bolivia cuenta con millones de hectáreas de cobertura forestal que albergan una alta biodiversidad, lo que representa una oportunidad para atraer inversiones vinculadas a mercados verdes. En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, adelantó que se presentarán propuestas enfocadas en “economía para la gente, producción e innovación”, además de la inserción del país en mercados internacionales sostenibles.

Por su parte, el ministro de Planificación del Desarrollo, José Fernando Romero Pinto, señaló que el encuentro permitirá consolidar una visión orientada al equilibrio territorial y al desarrollo ambiental. “Se proyecta avanzar hacia una Bolivia verde y sostenible”, afirmó la autoridad al referirse a los lineamientos que serán expuestos durante el foro.

El evento es organizado por los ministerios de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, y de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, con el respaldo de instituciones como la Fundación Natura Bolivia, la Cámara Forestal de Bolivia, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el GCF Task Force y la cooperación británica, además del apoyo del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, explicó que el encuentro busca definir una hoja de ruta concreta para captar financiamiento internacional. “El objetivo es establecer mecanismos claros que permitan atraer recursos y fortalecer la gestión sostenible de los bosques”, indicó.

Asimismo, se prevé la participación de representantes internacionales como la coordinadora residente del PNUD en Bolivia, Renata Rubian, y el embajador del Reino Unido, Richard Porter, lo que refleja el interés de la comunidad internacional en respaldar la agenda ambiental del país.

Entre los principales propósitos del diálogo se encuentran el intercambio de experiencias exitosas en financiamiento climático, la identificación de instrumentos adaptados a la realidad nacional y la incorporación de Bolivia a iniciativas globales como la Forest & Climate Leaders’ Partnership, orientada a frenar la deforestación y la degradación de la tierra hasta 2030.

El encuentro también abordará oportunidades vinculadas a mercados de carbono, nuevas inversiones sostenibles y alternativas financieras como la renegociación de deuda asociada a compromisos ambientales, en busca de consolidar a los bosques como un pilar estratégico de la economía nacional.

La Vicepresidencia del Estado requirió un informe oficial al Comando General de la Policía Boliviana tras las denuncias de agresiones y uso de agentes químicos contra periodistas que cubrían una movilización del magisterio en la Plaza Murillo.

A través de una nota fechada el 23 de abril de 2026, dirigida al comandante general interino, Gral. Mirko Antonio Sokol Scravia, la institución demandó “un informe pormenorizado” sobre la intervención policial durante la protesta, en la que trabajadores de la prensa reportaron haber sido afectados por gases lacrimógenos mientras realizaban su labor.

El documento, amparado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho a la petición, establece la necesidad de “esclarecer las circunstancias” en las que se produjeron los hechos denunciados. En ese marco, la Vicepresidencia solicitó información detallada sobre el operativo desplegado.

Entre los requerimientos se incluye la nómina completa de los efectivos que participaron en la intervención, la identificación de los mandos responsables y un desglose de la cadena de mando que derivó en la orden de gasificación. Asimismo, se pide precisar quién instruyó el uso de agentes químicos y bajo qué criterios operativos se tomó esa decisión.

La solicitud surge luego de que periodistas denunciaran haber sido alcanzados por gases lacrimógenos durante la cobertura de la movilización en el centro político del país. Con este pedido, la Vicepresidencia busca establecer responsabilidades y determinar si durante el operativo se vulneraron derechos fundamentales vinculados al ejercicio de la labor informativa.

El proceso de transición en la Gobernación de La Paz comenzó con un acto de coordinación entre el gobernador saliente Santos Quispe y la autoridad electa Luis Revilla, quienes dieron inicio al traspaso de información institucional en un ambiente de colaboración.

La jornada se formalizó con la entrega simbólica de documentación y un saludo protocolar en instalaciones de la Gobernación, donde ambas autoridades coincidieron en la necesidad de garantizar un proceso ordenado y transparente. “Hoy vamos a darle toda la información que nosotros tenemos (…) no hemos venido a ocultar ningún proyecto”, afirmó Santos Quispe, al asegurar la disponibilidad de datos para las comisiones técnicas.

El proceso contempla la conformación de más de una decena de equipos de trabajo que se encargarán de revisar la información proporcionada por cada secretaría. Desde la administración saliente se garantizó que todas las unidades estarán disponibles para atender requerimientos y facilitar el acceso a los sistemas de gestión pública.

Por su parte, Luis Revilla destacó el valor del material recibido para evaluar la situación del departamento. “La información escrita que se nos va a entregar ahora es valiosa (…) pero el grueso de la información está en línea, en los sistemas de gestión pública del Estado”, señaló.

Asimismo, la autoridad electa indicó que el proceso se desarrollará en el marco de lo que establece la normativa vigente, que contempla auditorías a la gestión saliente. En ese sentido, remarcó que su administración no impulsará acciones de persecución política. “Esa debe ser la dinámica entre gestiones públicas, sin ningún tipo de persecución”, sostuvo.

El inicio de la transición departamental contrasta con otros procesos en curso en la región, donde se han registrado observaciones y tensiones. En este caso, ambas partes coincidieron en priorizar la continuidad institucional y el acceso a la información como base para una gestión ordenada.

La Justicia determinó otorgar detención domiciliaria a Juan Carlos Huarachi, decisión que fue cuestionada por la parte denunciante, que anunció una apelación al considerar que persisten riesgos procesales dentro de la investigación por presuntos hechos de corrupción.

La medida fue dispuesta tras una audiencia que se extendió por más de dos horas, en la que el juez resolvió la cesación de la detención preventiva que el exdirigente cumplía en el penal de San Pedro de Chonchocoro. Según el abogado denunciante, Abel Loma, la resolución no tomó en cuenta observaciones relevantes presentadas durante la audiencia.

“Se han presentado elementos que generaban más dudas que certezas”, afirmó Abel Loma, al referirse a documentación como un certificado laboral emitido por la Empresa Minera Huanuni, en el que se establece que Huarachi estaría en un periodo de cinco meses de vacaciones con goce de haberes, pese a haber estado detenido.

El jurista señaló que, pese a estas observaciones, el juez determinó conceder la detención domiciliaria, decisión que ya fue apelada. En los próximos días, una sala penal deberá definir si la medida se mantiene o es revocada conforme a derecho.

La parte denunciante expresó preocupación por el eventual cambio de situación jurídica del imputado. “Podría darse a la fuga o permanecer oculto mientras duren las investigaciones”, advirtió Loma, al considerar que los riesgos de evasión no fueron debidamente desvirtuados.

Asimismo, cuestionó el rol del Viceministerio de Transparencia dentro del proceso, señalando una falta de acciones investigativas. “Son cinco meses que ni un solo acto investigativo han propuesto”, sostuvo.

El caso involucra a Juan Carlos Huarachi por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y uso indebido de influencias, en el marco de la investigación denominada “coimas millonarias” vinculada al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La evolución del proceso dependerá ahora de la decisión que adopte la instancia superior tras la apelación presentada.