La Armada Boliviana y la Policía recuperaron en menos de 24 horas el armamento sustraído del Batallón de Infantería de Marina “Independencia” en La Paz, en un operativo que dejó seis personas aprehendidas, tres arrestadas y la identificación de ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados al hecho.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los aprehendidos se encuentran efectivos militares, incluyendo un teniente de fragata, un alférez, dos sargentos y dos marineros, quienes habrían participado directa o indirectamente en el robo del material bélico. Además, se investiga la implicación de civiles, algunos de ellos aún no localizados.

El comandante general de la Armada, contraalmirante Ernesto Adalid Alfaro Palma, informó que los involucrados enfrentarán procesos tanto en la justicia ordinaria como en la jurisdicción militar. “Los delitos serán procesados por el Ministerio Público con participación de la Policía Boliviana”, señaló, al confirmar la activación de mecanismos disciplinarios internos.

La autoridad destacó la rápida respuesta institucional que permitió recuperar el armamento en menos de un día. “La finalidad de esta conferencia es informar a la población que se ha recuperado el material”, afirmó.

Tras el robo, la Armada declaró estado de emergencia y desplegó más de 600 efectivos entre La Paz y zonas fronterizas, además de instalar controles estratégicos y coordinar acciones con autoridades peruanas para evitar la salida del armamento del país. “Se han establecido puntos de control en las zonas fronterizas (…) con la finalidad de evitar que estos elementos puedan ser trasladados fuera del territorio nacional”, explicó Alfaro.

Por su parte, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Henry Pinto, detalló que el trabajo de inteligencia permitió ubicar el armamento en inmediaciones del cementerio de Tilata, donde presuntamente iba a ser trasladado. “Estas operaciones han dado como resultado la identificación de personas que han participado de manera directa e indirecta (…) con seis aprehendidos y tres arrestados”, indicó.

En el operativo se recuperaron al menos 10 armas largas y cuatro cortas, aunque las autoridades continúan la búsqueda de parte del lote sustraído, entre ellos un fusil y dos pistolas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el armamento estaba destinado a una organización criminal vinculada al avasallamiento de tierras y actividades de minería ilegal en la región de Sorata. “Se tiene información que este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras (…) posiblemente también a otros hechos ilícitos”, explicó Pinto.

Asimismo, se confirmó la participación de ciudadanos extranjeros en la red investigada. “Estaríamos hablando de una persona de nacionalidad venezolana y dos de nacionalidad peruana”, precisó el jefe policial.

Las autoridades señalaron que el caso continúa en etapa investigativa y no descartan nuevas aprehensiones, mientras se busca identificar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, involucrados en el robo del armamento.

La Defensoría del Pueblo informó que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 157 conflictos sociales activos en Bolivia, en un contexto marcado por el aumento de protestas vinculadas principalmente a temas económicos como el abastecimiento de combustible y la estabilidad laboral.

El reporte, presentado este lunes, da cuenta de un total de 176 eventos de conflictividad, de los cuales 157 corresponden a conflictos en desarrollo y 19 a anuncios de posibles medidas de presión. Según la institución, este incremento refleja una mayor tensión social en comparación con el último trimestre de 2025.

“Este reporte advierte que la cantidad de conflictos sociales se incrementó de manera significativa en temas vinculados al ámbito económico”, señala el documento, que identifica como principales factores el abastecimiento y la calidad de combustibles, además de demandas laborales y medidas fiscales.

En cuanto a la distribución geográfica, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de conflictos con 47 casos, seguido de Santa Cruz con 28 y Cochabamba con 19. También se reportaron 15 conflictos en Potosí, 12 en Beni, 11 en Pando, 10 en Chuquisaca, 8 en Tarija y 7 en Oruro.

La Defensoría del Pueblo informó que intervino en 119 de los 157 conflictos activos, lo que representa el 75% del total, con el objetivo de promover el diálogo y prevenir la escalada de tensiones.

Respecto a las formas de protesta, el bloqueo se consolidó como la principal medida de presión, con 60 registros. “Esta modalidad se posiciona como el principal mecanismo de protesta para visibilizar demandas y ejercer presión sobre las autoridades”, indica el informe.

Otras acciones recurrentes fueron los paros (23), marchas (21), vigilias (12), toma de instituciones (12) y mítines (10). En menor proporción, se registraron enfrentamientos (7), huelgas de hambre (6) y declaratorias de estado de emergencia (6).

En relación con las causas, el informe señala que las principales demandas están vinculadas a la calidad del combustible, con 29 casos, y a temas de gobernanza, con 27, además de conflictos de carácter político-electoral y sectorial.

La Defensoría advirtió que este panorama evidencia una creciente presión social que demanda atención institucional oportuna para evitar la profundización de los conflictos en el país.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó que el robo registrado en su domicilio fue un hecho “planificado” y desmintió versiones sobre los montos sustraídos, señalando que parte de la información difundida en redes sociales y algunos medios no se ajusta a la realidad.

Visiblemente afectada, la autoridad evitó brindar detalles específicos para no entorpecer la investigación, aunque aseguró que colabora plenamente con las autoridades desde el inicio del caso. “Si yo quisiera ocultar algo, no lo hubiera denunciado ni llamado a la Policía”, sostuvo.

En los primeros reportes, se mencionó la sustracción de dinero en efectivo, joyas, equipos electrónicos y otros objetos de valor; sin embargo, Copa cuestionó estas cifras. “Parte de la información que está circulando es incorrecta”, afirmó, al tiempo de expresar su molestia por el tratamiento del caso en algunos espacios informativos.

Asimismo, la alcaldesa criticó la difusión de datos que considera erróneos. “Ahora todos creen ser comunicadores, periodistas (…), ponen titulares que no vienen al caso”, señaló, dirigiéndose a quienes replicaron versiones no confirmadas.

Por su parte, el fiscal Marco Araníbar informó que, además de la alcaldesa y su hermana, se identificó a una tercera persona como víctima del hecho. “Se ha establecido que Jhonatan Yamil Figueroa es el propietario de la caja fuerte sustraída junto a otros objetos de valor”, indicó la autoridad, añadiendo que se trabaja en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Según datos preliminares de la investigación, los delincuentes habrían sustraído aproximadamente 500 mil bolivianos y 12 mil dólares, aunque estos montos continúan en verificación dentro del proceso.

Copa reiteró su confianza en que el caso será esclarecido y advirtió sobre las consecuencias de emitir juicios sin información completa. “Esto se va a esclarecer, muchos van a arrepentirse de lo que están diciendo”, manifestó.

En medio de la situación, la alcaldesa también reveló que evalúa tomar distancia temporal de la política. “Quiero retirarme de la política porque ha sido muy mala para mí, quiero darme un tiempo y dedicarme a mi familia”, expresó.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho y dar con los autores, en un caso que ha generado repercusión pública y debate sobre la seguridad de autoridades en el país.

El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, propuso modificar el tipo de gasolina que se distribuye en el país y aseguró que sostuvo una reunión con la expresidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, un día antes de su renuncia, en la que abordaron observaciones sobre contratos y la calidad del combustible.

El legislador señaló que la actual problemática de la denominada “gasolina de baja calidad” estaría vinculada al uso de gasolina base adquirida en gestiones anteriores y posteriormente modificada mediante adendas. En ese contexto, planteó como alternativa la suscripción de nuevos contratos bajo condiciones transparentes.

“La solución a la gasolina basura es que ya no se siga distribuyendo la gasolina base que le compraron a Vitol con contratos originales de YPFB del anterior gobierno y contratos modificatorios de este Gobierno”, afirmó Alarcón.

Asimismo, indicó que durante su encuentro con Cronenbold le expuso documentación relacionada con contratos suscritos por la estatal petrolera, incluyendo uno con la empresa Trafigura en diciembre de 2025. Según el diputado, este documento habría sido previamente negado por autoridades.

“Le mostré el contrato de YPFB con Trafigura (…) y le señalé que el pueblo de Bolivia sigue esperando una versión creíble y sincera sobre la gasolina basura”, sostuvo.

Alarcón explicó que, en la reunión, la exautoridad le habría mencionado que los problemas en la calidad del combustible responden a múltiples factores, entre ellos el uso de gasolina base en límites técnicos, su mezcla con etanol y condiciones de almacenamiento.

“Me indicó que la principal causa es la compra de gasolina base, que no se puede usar directamente y que además fue almacenada en tanques con residuos y sedimentos”, señaló el legislador.

El diputado también manifestó que insistirá en su labor de fiscalización, solicitando información detallada sobre los contratos de provisión de combustibles y sus modificaciones. “Seguiré con esta fiscalización exigiendo que el nuevo ministro conteste mi Petición de Informe Escrito y que se transparenten los contratos”, afirmó.

Tras la renuncia de Cronenbold, la estatal petrolera designó a una nueva autoridad interina, mientras que el Ejecutivo también realizó cambios en el Ministerio de Hidrocarburos. En ese contexto, Alarcón remarcó la necesidad de esclarecer responsabilidades y brindar información completa a la ciudadanía sobre la gestión del combustible en el país.