La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) solicitó la realización de un peritaje internacional e independiente sobre la madera incautada en investigaciones relacionadas con un presunto traslado de droga, con el objetivo de obtener resultados concluyentes y evitar interpretaciones preliminares en un caso vinculado a exportaciones bolivianas.

La Cámara Forestal de Bolivia planteó que la madera retenida en el marco de las investigaciones sea sometida a análisis científicos realizados por instancias internacionales, con el fin de garantizar mayor rigor técnico y transparencia en la evaluación del caso.

La institución señaló que la incorporación de criterios académicos y científicos es fundamental para fortalecer la objetividad del proceso investigativo y dotar de mayor credibilidad a los resultados, especialmente en un asunto que considera de alta sensibilidad para el sector exportador.

«La institución considera que la incorporación de criterios científicos y académicos fortalece la transparencia del proceso investigativo y contribuirá a esclarecer los hechos con el rigor técnico que un caso de esta magnitud requiere, incorporando al debate elementos que fortalezcan la objetividad, la credibilidad y la confianza en los resultados», señala el pronunciamiento de la Cámara Forestal de Bolivia.

Asimismo, la entidad remarcó que cualquier conclusión sobre el caso debe estar sustentada en evidencia técnica verificable y en procedimientos especializados que permitan descartar interpretaciones anticipadas.

El pedido surge tras reportes de autoridades chilenas sobre la incautación de 1.080 toneladas de madera boliviana, presuntamente impregnada con droga líquida mediante una nueva modalidad detectada en controles fronterizos.

La Cámara recordó que el sector forestal tiene un impacto significativo en la economía nacional, con la generación de empleo para más de 200.000 personas y una contribución del 1,4% al Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia.

En ese contexto, la institución insistió en que el esclarecimiento de los hechos debe basarse en información oficial y evidencia científica, además del respeto al debido proceso, subrayando la importancia de un peritaje internacional independiente que aporte certeza técnica a la investigación.

«El esclarecimiento de los hechos se sustente en información oficial, evidencia científica, el debido proceso y, conforme a la solicitud pública formulada por la institución, en un peritaje internacional independiente que contribuya a brindar certeza técnica y confianza sobre los resultados de la investigación, evitando conclusiones anticipadas que puedan afectar injustamente a un sector», añade el pronunciamiento.

De acuerdo con especialistas citados por la entidad, las pruebas colorimétricas realizadas en campo tienen carácter referencial y requieren ser confirmadas mediante análisis en laboratorios especializados.

La Cámara Forestal reiteró su pedido de que la investigación avance con base en criterios técnicos y verificación científica, con el objetivo de garantizar resultados objetivos y preservar la confianza en el sector exportador boliviano.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) desarrolla una jornada de análisis sobre el tipo de cambio en Bolivia, en la que se abordan sus efectos en la economía nacional y sus consecuencias en la producción, la inversión, el comercio exterior y la competitividad del país.

El encuentro es organizado por la Cámara Nacional de Industrias, que reúne a representantes del sector productivo para evaluar el contexto económico actual y sus principales desafíos en materia cambiaria. En la jornada participa el analista financiero Jaime Bravo, quien expone una visión técnica sobre el comportamiento del tipo de cambio y su incidencia en la actividad económica.

Durante el espacio de análisis se abordan temas vinculados a la estabilidad cambiaria y sus repercusiones en los costos de producción, las decisiones de inversión y el desempeño del comercio exterior, aspectos considerados clave para la competitividad del aparato productivo boliviano.

Asimismo, se plantea la necesidad de generar espacios de discusión técnica que permitan comprender mejor el escenario económico y sus implicaciones en distintos sectores.

La CNI destacó que este tipo de iniciativas buscan promover el intercambio de conocimientos y el análisis de variables económicas relevantes para la toma de decisiones en el ámbito empresarial.

Con estas actividades, la Cámara Nacional de Industrias reafirma su intención de fortalecer el análisis técnico y el debate económico, con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector productivo y a una mejor comprensión de los factores que influyen en la economía del país.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informó que validó el 93,3% de las sustancias ilícitas destruidas en Bolivia durante la gestión 2025, en el marco de la presentación del Informe Mundial sobre las Drogas 2026 y el reporte de verificación de destrucción de drogas incautadas.

En un acto realizado en La Paz, la Unodc presentó los resultados del informe de validación correspondiente a la gestión 2025, junto al Informe Mundial sobre las Drogas 2026. La actividad contó con la participación de autoridades nacionales como el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano; el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz Ide; además de la representante de la Unodc en Bolivia, Mónica Mendoza, y el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura Socias.

Según el reporte, las instituciones bolivianas registraron la destrucción de 70,05 toneladas de drogas ilegales durante 2025. De ese total, la Unodc verificó de manera independiente 65,36 toneladas, equivalentes al 93,3%, mediante el acompañamiento del proceso desde la cadena de custodia hasta la disposición final.

El mecanismo de validación incluye la supervisión del traslado de las sustancias desde las salas de evidencia, su procesamiento y posterior destrucción a cargo de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y el Ministerio Público, con el objetivo de reforzar la transparencia y la verificación internacional de los procedimientos.

«La generación de información objetiva, independiente y basada en evidencia resulta fundamental para fortalecer las políticas públicas y la cooperación internacional contra el narcotráfico», destacó Mónica Mendoza, representante de la Unodc en Bolivia.

La cooperación entre la Unodc, el Estado boliviano y la Unión Europea forma parte de un programa de apoyo a la estrategia nacional contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y el control de cultivos de coca, vigente entre 2021 y 2025, con una nueva fase prevista para el periodo 2026-2028.

En paralelo, el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 advierte sobre la transformación de los mercados ilícitos a nivel global, impulsada por el uso de nuevas tecnologías, el crecimiento de las drogas sintéticas y la expansión de redes criminales transnacionales.

El reporte señala que aproximadamente 331 millones de personas consumieron drogas en 2024, lo que representa el 6,2% de la población mundial entre 15 y 64 años, frente al 5,2% registrado una década antes. También alerta que solo una de cada 12 personas con trastornos por consumo recibe tratamiento.

En relación con la cocaína, el informe indica que la producción mundial se ha más que cuadruplicado en los últimos diez años, superando las 4.000 toneladas en estado puro, impulsada por una mayor productividad y el incremento de las áreas de cultivo.

Las Naciones Unidas recomendaron reforzar las políticas de prevención, salud pública, acceso a tratamiento y cooperación internacional, ante la expansión de los mercados ilícitos y los desafíos que plantean las nuevas dinámicas del narcotráfico a nivel global.

A pocos días del inicio del receso invernal, el pedagogo Álvaro Puente sostuvo que las vacaciones escolares deben ser un espacio para el descanso, la recreación y la convivencia, y respaldó la decisión de no asignar tareas académicas durante este periodo.

Con el inicio de las vacaciones de invierno previsto para el 6 de julio, volvió a surgir el debate sobre la asignación de actividades escolares durante el receso. En ese contexto, el pedagogo Álvaro Puente afirmó que este tiempo debe estar orientado a la recuperación física y emocional de los estudiantes, dejando de lado las obligaciones académicas.

El especialista explicó que el descanso no significa inactividad, sino la oportunidad de sustituir la rutina escolar por experiencias recreativas, sociales y familiares que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

«No solo no es necesario, no es bueno dar tareas. Es vacación, es descanso, es cambiar de actividad. La infancia es más de descubrir el mundo, de jugar, de estar en mil cosas y tenemos a los niños en un ritmo duro, de horarios molestos, de madrugar, de estudiar todos los días. Conviene un descanso breve, de olvidarse de las madrugadas, de olvidarse del estudio (…) Tiene que tener actividades, pero de otra clase. Lo ideal es que tenga actividades sociales, que juegue con otros, que tenga un paseo, una excursión, una aventura, trepar un cerro, lo que sea», señaló Álvaro Puente, pedagogo.

Puente también rechazó la idea de que una pausa en las actividades escolares provoque la pérdida de los conocimientos adquiridos durante el año lectivo. Afirmó que los aprendizajes significativos permanecen en los estudiantes y que el descanso contribuye a que regresen a clases con mayor motivación.

«Es mentira que se pierde lo aprendido. No importa lo que se aprende de memoria, sino lo que se ha descubierto en el colegio, en la escuela. Eso no se pierde. Si el chico ha descubierto algo, ha aprendido algo, se queda (…) Se trata en este tiempo de olvidarse, de descansar, para que vuelva con ilusión a lo positivo que tiene la escuela», expresó.

Entre las actividades recomendadas durante el receso mencionó paseos, excursiones, deportes, actividades culturales, juegos grupales y tiempo compartido con familiares y amigos. Asimismo, indicó que la lectura puede formar parte de las vacaciones siempre que surja por interés personal del estudiante y no como una obligación escolar.

«Tiene que tener un aire, sobre todo, lo más importante son las actividades sociales, el estar con otros, el compartir con otros, el no estar con su celular todo el día. Los paseos suponen un abrirse y un descubrir al otro, a los otros, a que él es parte de un grupo humano. Eso es precioso, eso es invalorable para un niño. Por eso las actividades sociales son las mejores», afirmó.

Respecto a los estudiantes con bajo rendimiento académico, el especialista sostuvo que ellos también necesitan aprovechar el receso para recuperarse del desgaste generado por la actividad escolar y regresar con mejores condiciones para enfrentar el siguiente periodo educativo.

«Al chico que le va mal en la escuela (…) ese chico que sufre en la escuela necesita más que los otros descansar de la escuela. Descansar para que tenga más fuerzas después. No porque le vaya mal no tiene derecho ni a descanso, al contrario», indicó.

Finalmente, Puente señaló que muchas de las dificultades de aprendizaje responden a la falta de acompañamiento permanente en el entorno familiar y educativo. En ese sentido, consideró que el apoyo continuo durante el año escolar resulta más efectivo que sobrecargar a los estudiantes con tareas durante las vacaciones de invierno.

La Alcaldía de La Paz y el Servicio General de Identificación Personal (Segip) firmaron un convenio de cooperación que permitirá verificar en línea la información de los ciudadanos, eliminando así la presentación de fotocopias de la cédula de identidad como requisito para realizar trámites municipales.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz suscribió un acuerdo con el Servicio General de Identificación Personal (Segip) para implementar un sistema de intercambio de información que facilitará la validación de datos personales en tiempo real y reducirá los requisitos documentales en los servicios municipales.

Con esta interoperabilidad, las distintas dependencias de la Alcaldía podrán consultar directamente la base de datos del Segip para confirmar la identidad de los usuarios, evitando que estos deban presentar copias impresas de su documento de identidad.

«Hemos firmado este convenio, eso significa no solamente interoperabilidad, sino también significa poder contrastar los datos en tiempo real. Significa que, si alguien viene y hace un trámite de catastro, de pago de impuestos, vehículos, vamos a contrastar directamente de la base de datos del Segip la información y ya no vamos a solicitar fotocopias ni en blanco y negro ni a colores», afirmó César Dockweiler, alcalde de La Paz.

La autoridad municipal informó que la nueva disposición será aplicada mediante un instructivo que entrará en vigencia en un plazo máximo de 72 horas. El documento estará dirigido a todas las secretarías municipales, subalcaldías, empresas públicas y entidades descentralizadas y desconcentradas del municipio.

De acuerdo con esa instrucción, quedará prohibido exigir fotocopias de la cédula de identidad para cualquier trámite que se realice ante la administración municipal.

La eliminación de este requisito forma parte de las medidas impulsadas para simplificar los procedimientos administrativos. La iniciativa se enmarca en la política de reducción de trámites promovida por el Gobierno nacional, que anteriormente también dispuso la eliminación de la presentación de fotocopias de la cédula de identidad en distintos servicios públicos.

El Comité pro Santa Cruz informó que presentará una acción penal contra el expresidente Evo Morales, el dirigente campesino Vicente Salazar y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, a quienes atribuye responsabilidades por los bloqueos registrados durante más de 50 días en el país. La institución sostiene que la denuncia estará respaldada por nueve tipos penales.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, confirmó que el equipo jurídico de la institución concluyó la elaboración de una acción penal que será presentada ante las autoridades competentes. La demanda está dirigida contra Evo Morales, líder de las federaciones cocaleras del Chapare; Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari; y Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.

Según explicó, el documento incorpora nueve figuras penales que, a criterio de la institución, justifican la apertura de una investigación para determinar eventuales responsabilidades derivadas de los bloqueos que afectaron al país durante más de medio centenar de días.

«Hemos tenido una reunión con el equipo legal. Mañana, oficialmente, vamos a hacer la presentación de nuestra acción judicial, de lo que es una acción penal contra estos tres personajes: el señor Morales, el señor Salazar, el señor Argollo. Ya tienen nueve tipificaciones que estamos estableciendo en este escrito y en esta denuncia. Las nueve tipificaciones tienen la sustancia correcta y van a acreditar de que estos señores tienen que ser investigados, posteriormente acusados, posteriormente imputados y posteriormente llevados ante los estrados para un juicio oral y determinar, además de sus responsabilidades en las investigaciones, su sanción ante el Estado boliviano», afirmó Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz.

Zambrana señaló que la acción judicial busca que las investigaciones se desarrollen respetando el debido proceso y que sea la justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes.

El dirigente cívico sostuvo además que las protestas dejaron consecuencias humanas y económicas de consideración. Indicó que, según los datos manejados por la institución, el conflicto provocó 22 fallecidos, millonarias pérdidas económicas, daños en la infraestructura vial y perjuicios para los sectores de salud y educación.

«Tenemos 22 muertos en el país y hasta ahora nadie se hace cargo. Tenemos 3 mil millones de dólares en afectación, solamente en Santa Cruz mil millones de dólares, carreteras destruidas, la salud afectada y más de 50 días de retraso en la educación de miles de estudiantes», manifestó.

Asimismo, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz aseguró que la denuncia no tiene un carácter de persecución política y sostuvo que todas las personas involucradas deben ser sometidas a un proceso con las garantías establecidas por la ley.

«Evo Morales debe tener un debido proceso. Nosotros tenemos que reconstruir un país que no ha terminado de construirse, lamentablemente. Hoy el Gobierno debe ser fiel a los debidos procesos y la Justicia fiel a lo que también es la investigación», expresó.

Finalmente, Zambrana adelantó que la institución analiza ampliar la acción penal para incluir a parlamentarios y otras autoridades que, según afirmó, habrían incurrido en omisiones durante el desarrollo de los conflictos.

El Comité pro Santa Cruz prevé formalizar la denuncia ante las instancias judiciales y anunció que, conforme avance el proceso, evaluará incorporar a otros actores que, de acuerdo con la institución, tendrían responsabilidad en los hechos ocurridos durante los bloqueos registrados en el país.