El Comité pro Santa Cruz presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la COB, Mario Argollo, y el líder de los Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes responsabiliza de impulsar los bloqueos y movilizaciones que paralizaron el país durante 53 días y exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, junto a los vicepresidentes Agustín Zambrana y Dino Franco, informó que la denuncia incluye delitos como alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otras figuras penales relacionadas con los hechos registrados durante las protestas.

Los representantes del Comité aseguraron que la acción judicial no responde a intereses políticos, sino a la búsqueda de responsabilidades por los perjuicios ocasionados a la población y a la economía nacional. Asimismo, anunciaron que harán seguimiento permanente al proceso para evitar que el caso quede en la impunidad.

Por su parte, el abogado Diego Coimbra señaló que la denuncia busca que el Ministerio Público investigue las presuntas vulneraciones a derechos fundamentales cometidas durante los bloqueos, mientras que los dirigentes cívicos sostienen que las movilizaciones provocaron pérdidas económicas, desempleo y afectaciones al aparato productivo del país.

Pacientes oncológicos y sus familiares se declararon en estado de emergencia debido al desabastecimiento de medicamentos e insumos en el Hospital Oncológico de Santa Cruz. Denuncian que esta situación está provocando la suspensión de tratamientos de quimioterapia y poniendo en riesgo la salud de decenas de personas.

Los afectados exigieron a las autoridades instalar una mesa técnica de manera inmediata para coordinar soluciones y garantizar el abastecimiento de la farmacia del Sistema Único de Salud (SUS). Indicaron que ya presentaron solicitudes formales a siete autoridades, entre ellas el gobernador del departamento, otorgando un plazo de cinco días hábiles para obtener una respuesta.

Durante la protesta también participaron padres de niños con cáncer, quienes expresaron su preocupación por las dificultades que enfrentan para acceder a medicamentos y materiales indispensables para los tratamientos de sus hijos.

Los pacientes advirtieron que, si no se instala la mesa técnica ni se garantiza el suministro de medicamentos dentro del plazo establecido, asumirán nuevas medidas de presión para exigir una solución definitiva.

Los gobiernos de Bolivia y Brasil acordaron acelerar las negociaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras para incrementar la explotación y el suministro de gas natural, tras la reunión que sostuvieron el presidente Rodrigo Paz y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la Cumbre del Mercosur realizada en Luque, Paraguay.

El mandatario brasileño informó que ambos países impulsarán acuerdos entre sus empresas estatales de hidrocarburos y anunció que la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, sostendrá esta semana una reunión en Río de Janeiro con una delegación ministerial boliviana para avanzar en las negociaciones.

Lula destacó que la cooperación energética es uno de los principales pilares de la relación bilateral y remarcó la importancia de mantener a Bolivia como el principal proveedor de gas natural para Brasil, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre en el suministro de combustibles.

Asimismo, recordó que ambos países cuentan con un gasoducto de más de 3.150 kilómetros de extensión, con capacidad para transportar hasta 30 millones de metros cúbicos diarios, infraestructura considerada estratégica para fortalecer la integración energética y garantizar un abastecimiento seguro para ambas naciones.

La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) reactivó los operativos antidrogas en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba, logrando desmantelar 16 fábricas de elaboración de pasta base de cocaína y un megalaboratorio destinado a la cristalización de droga.

Según el informe policial, el laboratorio tenía capacidad para procesar más de 150 kilogramos de cocaína y fue intervenido por más de 12 patrullas que ingresaron a zonas consideradas de difícil acceso y catalogadas como «zonas rojas» del Trópico de Cochabamba.

Durante el operativo también se incautó un importante arsenal conformado por ocho armas largas, ocho cargadores, municiones de grueso calibre, dos radios de comunicación, un chaleco antibalas y un recipiente con cocaína base.

Aunque no se registraron personas aprehendidas durante la intervención, la Policía informó que los operativos continuarán en la región con el objetivo de combatir las actividades vinculadas al narcotráfico y desarticular organizaciones dedicadas a la producción de droga.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó una audiencia inmediata con el presidente Rodrigo Paz tras la realización de la Cumbre Extraordinaria de Entidades Empresariales en Cochabamba, donde más de 60 representantes del sector analizaron la crisis económica y acordaron una propuesta conjunta para impulsar la recuperación del país.

Entre las principales resoluciones, los empresarios definieron presentar al Gobierno un plan nacional de recuperación económica basado en cuatro ejes: rescate de empresas en riesgo, seguridad jurídica para evitar nuevos bloqueos, estabilidad normativa y acceso a financiamiento sin afectar el sistema financiero.

Asimismo, la cumbre acordó evaluar acciones legales para exigir sanciones y el resarcimiento de los daños económicos ocasionados por los recientes bloqueos de carreteras, previo análisis jurídico.

El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, afirmó que la magnitud de la crisis requiere una respuesta conjunta entre todos los sectores y remarcó que ninguna institución o región podrá enfrentar por sí sola la situación que atraviesa el país.

El director del penal de San Pedro, Juan Carlos Andia, fue destituido de su cargo luego de la difusión de un video que muestra a privados de libertad y efectivos policiales participando en una fiesta dentro del recinto penitenciario. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran a reos y uniformados bailando al ritmo de un grupo folclórico.

Según información preliminar de la Dirección General de Régimen Penitenciario, la actividad habría sido realizada el pasado 11 de mayo y presuntamente contó con la participación de otras instituciones. Además, reportes iniciales señalan que uno de los internos que aparece bailando con una policía sería un exedecán del expresidente Evo Morales.

El director General de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, informó que se instruyó una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Aclaró que la destitución del director del penal no lo exime del proceso investigativo.

La autoridad aseguró que, si se comprueba la existencia de privilegios o irregularidades dentro del centro penitenciario, se aplicarán sanciones ejemplares contra todos los involucrados, sin importar el cargo o la condición que ocupen.

Más de diez proyectos de ley destinados a reformar y modernizar el sistema judicial permanecen sin tratamiento en la Asamblea Legislativa desde noviembre de 2025. La falta de avances motivó al Órgano Judicial a declararse en emergencia y advertir con un paro escalonado si no se atienden sus demandas de mayor presupuesto y actualización normativa.

Entre las iniciativas pendientes se encuentran propuestas para garantizar la independencia financiera del Órgano Judicial, impulsar la digitalización de los procesos, modificar la Ley de Juicios de Responsabilidades, reformar el régimen disciplinario, actualizar la Ley del Notariado y fortalecer la jurisdicción agroambiental, entre otras.

Mientras tanto, litigantes consultados expresaron su rechazo a una posible suspensión de actividades judiciales, al considerar que solo agravaría la retardación de justicia y perjudicaría a miles de ciudadanos que esperan la resolución de sus procesos. No obstante, coincidieron en que el sistema requiere más recursos, tecnología y personal para mejorar la atención y reducir los tiempos de respuesta.

El Gobierno y la Asamblea Legislativa también manifestaron su rechazo a la posibilidad de un paro judicial y plantearon abrir espacios de diálogo para encontrar soluciones a las demandas del sector.

El Banco Central de Bolivia (BCB) confirmó que no retomará el sistema del bolsín para la venta de divisas y aclaró que no comercializará dólares directamente al público bajo el nuevo régimen de tipo de cambio flexible. En su lugar, señaló que será el mercado financiero el encargado de abastecer de divisas a importadores, exportadores y clientes del sistema bancario.

El presidente del BCB, David Espinoza, informó que durante la primera jornada del nuevo esquema cambiario se realizaron más de 20.000 operaciones por un valor superior a 17 millones de dólares, además de transacciones de comercio exterior que superaron los 100 millones de dólares. La autoridad aseguró que no existe escasez de divisas y afirmó que las operaciones financieras se desarrollan con normalidad.

Asimismo, anunció que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) fiscalizará a las casas de cambio para garantizar que respeten el margen máximo de hasta 10 centavos sobre la cotización oficial diaria del dólar. En caso de incumplimiento, advirtió que se aplicarán las sanciones correspondientes.

Por su parte, analistas económicos señalaron que el principal desafío será garantizar que la población pueda acceder efectivamente a dólares en el sistema financiero, ya que la disponibilidad de la divisa será determinante para reducir la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo.