miércoles, mayo 13, 2026
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Federación “Tupac Katari” desconoce a Víctor Hugo Roca como ejecutivo de la CSUTCB

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La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” resolvió desconocer a Víctor Hugo Roca como secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), al acusarlo de incurrir en actos de “prebendalismo” y “traición” a las bases campesinas del país.

La determinación fue asumida mediante la Resolución Departamental 002/2026, emitida por la dirigencia de la organización paceña afiliada a la COB y a la CSUTCB, en la que se argumenta que Roca habría tomado decisiones sin consultar a las bases y mantuvo acercamientos con el Gobierno en medio de las movilizaciones contra la Ley 1720.

En el documento, la federación sostiene que el dirigente “incurrió en acciones unilaterales de prebendal y traición a los afiliados a nivel nacional”, especialmente en el contexto de las protestas impulsadas por organizaciones indígenas y campesinas que exigen la abrogación de la norma cuestionada.

Asimismo, la resolución señala que las decisiones asumidas por Roca vulneraron principios internos de coordinación y representación sindical establecidos en los estatutos orgánicos de la organización campesina.

La federación también cuestionó que el ejecutivo de la CSUTCB hubiera sostenido diálogos con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz sin autorización de las bases movilizadas. Según el pronunciamiento, “las bases determinaron no acudir a los diálogos convocados por el Gobierno porque los plazos habían vencido para la respuesta del Ejecutivo”.

Entre los antecedentes expuestos en la resolución, la organización menciona presuntos hechos de “abandono” a sectores movilizados en enero de este año y acuerdos alcanzados durante la marcha de indígenas y campesinos de Beni y Pando sin consulta previa a las organizaciones matrices.

El documento concluye estableciendo el “desconocimiento definitivo” de Víctor Hugo Roca como máximo dirigente de la CSUTCB y advierte que las faltas atribuidas podrían derivar en sanciones contempladas en la normativa interna de la organización, que incluyen suspensión o expulsión.

Liberan a los fabriles detenidos tras la toma del Ministerio de Trabajo en La Paz

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La Policía liberó este jueves a los 13 trabajadores fabriles que permanecían detenidos luego de la toma simbólica del Ministerio de Trabajo registrada el miércoles en la sede de gobierno.

Los obreros pasaron la noche en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), después de ser arrestados durante la intervención policial realizada en instalaciones del ministerio.

Tras recuperar su libertad, los fabriles fueron recibidos por afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB), quienes acompañaron una caminata por inmediaciones del centro paceño en señal de respaldo al sector.

La detención de los trabajadores ocurrió en medio de los enfrentamientos y la gasificación registrados en puertas del Ministerio de Trabajo durante las protestas protagonizadas por organizaciones afiliadas a la COB y sectores fabriles.

Según los manifestantes, la ocupación del edificio público tuvo carácter simbólico y formaba parte de las medidas de presión impulsadas por el sector laboral para exigir atención a sus demandas.

Las movilizaciones de los trabajadores fabriles y de la COB se desarrollan en un contexto de creciente conflictividad social y protestas sindicales en distintas regiones del país.

Bolivia obtiene $us 1.000 millones mediante emisión de bonos soberanos

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El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza Yáñez, informó este jueves que Bolivia concretó una emisión internacional de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares, operación con la que el Gobierno busca fortalecer las reservas internacionales y financiar programas sociales y proyectos de inversión.

La autoridad destacó que la colocación recibió una demanda cinco veces superior al monto inicialmente ofertado, lo que, según afirmó, refleja una mejora en la percepción internacional sobre la economía boliviana.

“Eso significa que por cada dólar que quisimos vender, hubo una demanda de cinco”, explicó Espinoza.

De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno, la operación fue realizada a una tasa de interés de 9,45% y a un plazo de cinco años. Además, participaron 166 inversionistas internacionales calificados.

El ministro sostuvo que los recursos corresponden a “dinero fresco” que ingresará al Banco Central de Bolivia (BCB) en los próximos días. “Esto marca la confianza que se tiene en el exterior sobre el rumbo de nuestras políticas económicas”, afirmó Gabriel Espinoza.

Según el Ejecutivo, los fondos serán destinados a fortalecer las reservas internacionales, respaldar programas de salud y educación, además de impulsar proyectos regionales y de inversión pública orientados a la generación de empleo.

Espinoza señaló que hace algunos meses el retorno de Bolivia a los mercados internacionales parecía poco probable debido al contexto económico y financiero. “Hace apenas seis meses volver a los mercados internacionales parecía prácticamente imposible”, indicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas.

La emisión de bonos se produce en medio de las acciones impulsadas por el Gobierno para estabilizar la economía y recuperar liquidez en dólares, tras recientes medidas relacionadas con la devolución de depósitos en moneda extranjera.

El titular de Economía afirmó que la operación permitirá consolidar las políticas de estabilización económica implementadas por el Ejecutivo. “Permite anclar expectativas y seguir en el camino de la estabilización, el crecimiento y, sobre todo, la generación de empleo”, sostuvo Espinoza.

Con esta colocación internacional, Bolivia vuelve a acceder a financiamiento externo en los mercados globales, en una operación que el Gobierno considera estratégica para fortalecer la economía nacional y mejorar la confianza de inversionistas internacionales.

Maestros urbanos convocan a paro nacional movilizado de 24 horas para el lunes

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La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) instruyó un paro nacional movilizado de 24 horas para el próximo lunes 11 de mayo, en demanda de atención a las reivindicaciones del sector educativo y en rechazo a las políticas gubernamentales relacionadas con la educación pública.

La determinación fue oficializada mediante el Instructivo N.º 09/2026, emitido por la Dirección Ejecutiva Nacional de la organización sindical.

En el documento, la CTEUB ratifica su respaldo a las movilizaciones desarrolladas por el magisterio urbano y afirma que el sector mantiene una posición independiente frente al Gobierno. Además, cuestiona declaraciones de la ministra de Educación y sostiene que no existe voluntad política para resolver las demandas planteadas por los maestros.

Entre las principales exigencias figura la defensa de la educación fiscal, única y gratuita, así como el rechazo a cualquier intento de descentralización, municipalización o privatización educativa.

La organización también demanda respeto al Reglamento del Escalafón del magisterio urbano y mayor presupuesto para educación. Asimismo, exige el pago de una “deuda histórica” acumulada con el sector.

Otro de los puntos incluidos en el instructivo se refiere al rechazo al congelamiento salarial. Los maestros solicitan un incremento de salarios como compensación por la pérdida del poder adquisitivo ocasionada, según indican, por la inflación y la crisis económica.

La convocatoria instruye a las 31 federaciones departamentales y regionales acatar de manera disciplinada el paro nacional movilizado y fortalecer alianzas con juntas escolares y padres de familia.

El documento también señala que las federaciones deberán impulsar acciones comunicacionales en redes sociales y medios de comunicación para responder a lo que consideran una campaña de desinformación contra las movilizaciones del magisterio.

La medida se anuncia en medio de un contexto de creciente conflictividad social en el país, marcado por marchas, bloqueos y protestas impulsadas por distintos sectores laborales y sindicales.

COB marcha hasta la Felcc para exigir liberación de aprehendidos por toma del Ministerio de Trabajo

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Una movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó este jueves hasta instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz para exigir la liberación de las personas aprehendidas tras la toma del Ministerio de Trabajo registrada el miércoles.

La protesta se desarrolló en medio de un fuerte resguardo policial en inmediaciones de la Felcc, donde permanecen detenidos varios dirigentes y afiliados vinculados a la ocupación del edificio público.

Durante la jornada anterior, un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, lo que motivó la intervención policial y el arresto inicial de 13 personas, entre ellas 12 hombres y una mujer.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la liberación de una de las personas arrestadas, mientras que otras 12 continuaban en calidad de aprehendidas.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, rechazó las acusaciones contra los detenidos y aseguró que la movilización se desarrolló de manera pacífica. “No han agredido a nadie, no han causado daño en ninguna infraestructura”, afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.

El dirigente también cuestionó la actuación de algunas autoridades en el tratamiento del caso. “Solamente por las mentiras de algunas autoridades están en esta situación”, señaló el secretario ejecutivo de la COB.

Mientras se desarrollaba la protesta sindical, el presidente Rodrigo Paz reiteró su llamado a reducir la confrontación política y social en el país. “En Bolivia no podemos seguir bajo una dinámica donde unos se imponen sobre otros y viceversa”, manifestó Paz Pereira.

El mandatario insistió en la necesidad de priorizar acuerdos frente al incremento de conflictos y movilizaciones. “Es momento de romper ese ciclo de confrontación constante. El camino no es la imposición, sino buscar soluciones conjuntas”, expresó Rodrigo Paz.

La protesta de la COB se suma a otras movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país durante las últimas semanas, en medio de demandas sociales y laborales dirigidas al Gobierno nacional.

Trece personas continúan hospitalizadas tras accidente aéreo ocurrido en El Alto

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Más de dos meses después del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el aeropuerto internacional de El Alto, 13 personas permanecen internadas bajo atención médica especializada, informó este jueves el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

La autoridad brindó el reporte durante una sesión de la Cámara de Senadores, donde respondió a una petición de informe oral relacionada con el siniestro ocurrido el pasado 27 de febrero.

Según explicó Salinas, el accidente dejó un saldo de 22 personas fallecidas y 32 heridas de diversa gravedad. “De este total, 19 personas han recibido el alta médica y continúan en su proceso de recuperación”, señaló Marcelo Salinas, ministro de Defensa.

El ministro precisó que todavía existen pacientes que requieren seguimiento médico permanente. “13 restantes permanecen bajo la atención y seguimiento especializado en ocho centros hospitalarios”, indicó Salinas.

La aeronave accidentada transportaba billetes cuando sufrió el siniestro al momento de aterrizar en el aeropuerto de El Alto, después de salirse de la pista.

Entre los sobrevivientes se encuentra un niño de 11 años que sufrió la amputación de ambas piernas y de algunos dedos de una mano a consecuencia del accidente. Salinas informó que el menor recibió alta médica el pasado 30 de abril.

“Posteriormente, será trasladado a un departamento otorgado al niño en la localidad de Huajchilla”, explicó el ministro de Defensa, al detallar que el inmueble se encuentra en proceso de adecuación para garantizar mejores condiciones de atención y recuperación.

La autoridad agregó que el menor permanece estable y actualmente continúa bajo observación y asistencia especializada en un centro de diagnóstico médico.

Gobierno presenta nueva Ley de Electricidad para ampliar participación privada y modernizar el sector energético

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El Gobierno nacional presentó este jueves el anteproyecto de la nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables, una propuesta que busca transformar el modelo energético boliviano mediante mayor apertura al sector privado, incorporación de energías renovables y cambios regulatorios orientados a atraer inversiones.

Durante el acto de presentación, autoridades del Ejecutivo señalaron que la normativa pretende reemplazar un sistema altamente dependiente del gas natural y con fuerte presencia estatal, por un esquema más competitivo y diversificado.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que la reforma forma parte de un paquete de leyes estructurales destinadas a fortalecer la economía nacional. “Bolivia todavía tiene un déficit fiscal grande y este déficit solo puede ser corregido a partir de mejorar los ingresos”, afirmó José Luis Lupo, ministro de la Presidencia.

La autoridad explicó que uno de los objetivos centrales es generar condiciones para captar capitales privados. “Los ingresos van a mejorar en la medida en que entren inversiones al país”, señaló Lupo.

Asimismo, indicó que para atraer inversiones será necesario fortalecer la seguridad jurídica y modificar el marco regulatorio vigente. “La seguridad jurídica tiene que darse a partir de la transformación del aparato productivo del país”, expresó Lupo.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que el proyecto iniciará un proceso de revisión técnica y jurídica dentro del Ejecutivo antes de ser remitido a la Asamblea Legislativa. También adelantó que se desarrollará una etapa de socialización con actores del sector eléctrico y organizaciones civiles.

Uno de los principales cambios propuestos es la apertura del mercado eléctrico a una mayor participación privada. “Con esta nueva ley pasamos de un mercado controlado prácticamente por el Estado a un mercado competitivo”, afirmó Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos y Energías.

El ministro cuestionó además el actual marco normativo, al considerar que existe dispersión regulatoria. “La normativa actual está dispersa. Hay decretos por un lado y resoluciones por otro”, indicó Blanco.

La propuesta incorpora nuevas tecnologías y mecanismos de generación eléctrica, incluyendo almacenamiento energético, generación distribuida y energías renovables no convencionales. Según Blanco, la legislación vigente no responde a la realidad energética actual. “La ley actual es completamente térmica, altamente dependiente del gas natural y no incorpora adecuadamente las energías renovables”, sostuvo.

Entre las novedades del proyecto también figura la creación de la figura del “comercializador” dentro del mercado eléctrico y la implementación de subastas para proyectos de energías renovables. “Va a haber subastas de energías renovables para tener un mercado más competitivo y transparente”, explicó el ministro de Hidrocarburos y Energías.

El Ejecutivo también anunció modificaciones institucionales orientadas a devolver autonomía al regulador y al Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC). “El regulador tiene que volver a ser independiente”, manifestó Blanco.

Además, el Gobierno ratificó su intención de convertir a Bolivia en un centro regional de integración energética mediante nuevas interconexiones internacionales. “Uno de nuestros objetivos es integrar a Bolivia con el resto de los países y convertir al país en un hub energético”, afirmó.

Finalmente, el viceministro de Electricidad y Energías Renovables, Rudy Peredo Flores, destacó la necesidad de diversificar la matriz energética nacional y reducir gradualmente la dependencia de combustibles fósiles, aunque el Gobierno aún no precisó el impacto que la apertura del mercado podría tener sobre las tarifas eléctricas.

EEUU mantiene alerta para evitar viajes al Chapare por hechos vinculados al narcotráfico

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ratificó su recomendación para que ciudadanos estadounidenses eviten viajar a la provincia del Chapare, en Cochabamba, debido a riesgos relacionados con delincuencia y actividades vinculadas al narcotráfico.

La actualización de la alerta de viaje fue publicada el pasado 28 de abril y mantiene a Bolivia en el Nivel 2 de advertencia, categoría que recomienda “extremar precauciones” al visitar el país.

En el informe oficial, el gobierno estadounidense señala que ciertas regiones presentan mayores riesgos. “Extreme precaución en Bolivia debido a la delincuencia y los disturbios civiles. Algunas zonas presentan un mayor riesgo. No viaje a la provincia de Chapare debido a la delincuencia”, indica el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El documento también establece restricciones para funcionarios estadounidenses que trabajan en Bolivia. Según el reporte, los empleados del gobierno de EEUU requieren autorización especial para desplazarse hacia esa región de Cochabamba.

Las autoridades estadounidenses sostienen que en el Chapare existe una alta incidencia de delitos relacionados con el narcotráfico y una limitada capacidad de respuesta policial. “En la provincia de Chapare se produce coca de forma ilegal en cantidades significativas”, señala el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Asimismo, el reporte advierte sobre limitaciones para brindar asistencia consular en esa zona. “El gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para ofrecer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en la provincia de Chapare”, agrega el documento oficial.

La actualización de esta recomendación se produce en medio de hechos violentos registrados recientemente en distintas regiones del país, especialmente en Santa Cruz y Cochabamba, donde las autoridades investigan casos relacionados con sicariato y crimen organizado.

Uno de los hechos recientes ocurrió en el municipio de Entre Ríos, en Cochabamba, donde fue hallado sin vida un joven identificado como Erick Bolívar Bejarano. De acuerdo con el informe forense, la víctima recibió al menos 21 impactos de bala en un presunto ajuste de cuentas.

Rodrigo Paz pide superar la confrontación y buscar acuerdos ante la conflictividad social

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En medio de las movilizaciones y bloqueos que persisten en distintas regiones del país, el presidente Rodrigo Paz llamó a dejar atrás la confrontación política y social, y exhortó a construir acuerdos para enfrentar la actual coyuntura nacional.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, basados en sus intervenciones durante reuniones sostenidas el miércoles con diferentes sectores, el mandatario afirmó que Bolivia necesita priorizar el diálogo por encima de las imposiciones.

“En Bolivia no podemos seguir bajo una dinámica donde unos se imponen sobre otros y viceversa”, manifestó Paz.

El jefe de Estado sostuvo que el país debe avanzar hacia consensos que permitan reducir la tensión social y política. “Es momento de romper ese ciclo de confrontación constante. El camino no es la imposición, sino buscar soluciones conjuntas que nos permitan avanzar como país”, señaló.

En otro momento de su pronunciamiento, Paz se refirió a los conflictos relacionados con tierras y acceso a recursos, y afirmó que la democracia también implica respeto a los derechos individuales. “En Bolivia debemos liberarnos del control que imponen algunas organizaciones a través de la tierra”, expresó Rodrigo Paz.

Asimismo, cuestionó las medidas de presión que afectan servicios y derechos básicos. “Ya no podemos seguir bajo amenazas que condicionan el acceso al agua o a tus derechos fundamentales”, indicó el mandatario.

Paz también defendió las decisiones asumidas por su administración frente al contexto económico y a los problemas vinculados al abastecimiento de combustible. “Uno no asume una Presidencia para hacer daño, sino para tomar decisiones responsables cuando la economía se ajusta”.

Sobre la situación del combustible, el jefe de Estado reconoció el impacto que tuvo la crisis en la población. “Lo ocurrido con el combustible no solo genera disculpas, sino una profunda bronca, porque fractura la confianza y nos debilita como país”, sostuvo Paz.

Actualmente, Bolivia atraviesa una nueva etapa de conflictividad social marcada por marchas, protestas y bloqueos impulsados por distintos sectores que exigen respuestas del Gobierno. Aunque el Ejecutivo alcanzó acuerdos con algunos grupos, todavía continúan movilizaciones y cortes de ruta en varias regiones.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualizado hasta las 11:20 de este jueves, permanecían activos 18 puntos de bloqueo en carreteras, principalmente en los departamentos de La Paz y Beni, además de un punto de conflicto en Santa Cruz.

Rómer Saucedo advierte sobre avance del sicariato y pide seguridad para magistrados

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, expresó preocupación por la situación de inseguridad en Bolivia tras el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure Hinojoza y afirmó que el crimen organizado está afectando la capacidad de respuesta del Estado.

Durante una entrevista con CNN, la autoridad judicial señaló que el Órgano Judicial aún no recibió una respuesta formal a la solicitud enviada al presidente del país para reforzar la seguridad de magistrados y altas autoridades judiciales.

“El tema aquí es muy profundo. No se puede vivir en un país donde el sicariato le dobló el brazo al Estado”, manifestó el presidente del TSJ.

Saucedo hizo referencia al asesinato de Claure, ocurrido el pasado fin de semana en Santa Cruz, un caso que continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía y la Policía.

En la entrevista, el titular del TSJ también cuestionó el anuncio gubernamental sobre la Unidad de Seguridad de Dignatarios (Usedi), al asegurar que esta instancia ya existía previamente dentro de la Policía Boliviana. “Usedi ya existe, ya existía. Es una unidad de la Policía que se dedica específicamente a la seguridad de dignatarios”, afirmó.

Según explicó, actualmente solo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia cuenta con resguardo policial permanente, mientras que el resto de magistrados no dispone de personal especializado para protección.

“Lo que le hemos pedido al presidente es que personal policial esté destinado a la seguridad de cada uno de los magistrados”, indicó Saucedo, al referirse a la solicitud enviada al Ejecutivo.

El magistrado sostuvo además que las medidas de seguridad activadas recientemente fueron implementadas después del asesinato de Claure y no como parte de una estrategia preventiva frente al incremento de hechos violentos.

En otro momento de la entrevista, Saucedo advirtió sobre una presunta debilidad institucional frente al crimen organizado. “Hay ausencia de Estado”, expresó Saucedo, al señalar que esta situación incluso fue reconocida, según dijo, durante una reunión sostenida con autoridades del Gobierno.

Finalmente, pidió fortalecer la presencia estatal y adoptar acciones urgentes para garantizar seguridad ciudadana y protección a las autoridades judiciales. “Lo que tiene que hacer el Estado es desterrar esa ausencia y generar presencia real para darle seguridad a cada uno de los bolivianos”, concluyó.