La situación judicial del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se agravó luego de que la Fiscalía Federal de Estados Unidos ampliara la acusación en su contra e incorporara los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína por vía marítima. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Según la nueva acusación, presentada ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, Marset habría liderado una organización dedicada al envío internacional de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia distintos mercados, principalmente Europa, entre 2018 y marzo de 2026. Los fiscales sostienen que estas actividades constituyen apoyo material a una estructura vinculada con actividades terroristas, uno de los delitos más severamente sancionados por la legislación de Estados Unidos.

Además, el expediente incluye un cargo por conspiración para transportar cocaína en embarcaciones sujetas a jurisdicción estadounidense. La investigación señala que Marset habría coordinado junto al Clan del Golfo el envío de aproximadamente 1,7 toneladas de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica. La carga fue interceptada en el Caribe durante un operativo en junio de 2024, cuando las autoridades recuperaron más de 1.650 kilogramos de droga arrojados al mar durante la persecución.

Paralelamente, Marset cambió de estrategia legal al reemplazar a su equipo de abogados en Estados Unidos. A través de una carta enviada al juez federal Rossie D. Alston Jr., denunció presuntas vulneraciones a sus derechos tras su captura en Bolivia y aseguró que agentes de la DEA intentaron presionar a su madre para obtener el acceso a una billetera de criptomonedas valorada en cerca de cuatro millones de dólares. También afirmó que fue interrogado sin la presencia de un abogado y reiteró su inocencia.

La causa ingresará este 1 de julio en una etapa decisiva, cuando la Corte Federal inicie el tratamiento formal de la nueva acusación que podría derivar en la máxima pena contemplada por la legislación estadounidense.

El Ministerio de Hidrocarburos anunció la aplicación de nuevas medidas para el expendio de combustibles en las estaciones de servicio del país, luego de identificar 179 vehículos involucrados en operaciones de carguío consideradas irregulares durante los controles realizados por las autoridades.

Según la información proporcionada por esa cartera de Estado, las acciones buscan fortalecer la fiscalización en la comercialización de carburantes y evitar prácticas que vulneren la normativa vigente.

Como parte de las nuevas disposiciones, el Ministerio estableció que únicamente las personas mayores de edad podrán realizar la compra de gasolina y diésel en los surtidores del país.

La entidad explicó que la decisión fue adoptada después de verificar que, en algunos casos, menores de edad estaban efectuando la adquisición de combustibles en estaciones de servicio, situación que motivó el endurecimiento de los controles.

Asimismo, el Ministerio de Hidrocarburos informó que las irregularidades detectadas involucran a 179 vehículos que realizaron carguíos fuera de los parámetros establecidos, por lo que se continuará con las labores de fiscalización para identificar posibles incumplimientos y reforzar el control sobre la distribución de carburantes.

Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte de las acciones destinadas a garantizar un abastecimiento ordenado de combustibles y mejorar los mecanismos de supervisión en los puntos de venta autorizados a nivel nacional.

La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia expresó su preocupación por los efectos que tendrá la implementación del nuevo tipo de cambio oficial sobre el sector del transporte, al considerar que el incremento en la cotización del dólar elevará el precio de los repuestos y otros insumos importados indispensables para el mantenimiento de los vehículos.

El secretario general de la organización, Víctor Tarqui, afirmó que el encarecimiento de estos productos incrementará los costos de operación de los transportistas en un contexto económico que calificó como complejo para el país.

“El nuevo tipo de cambio va a afectar directamente al transporte porque los repuestos y todos los productos importados subirán de precio”, sostuvo el dirigente, al referirse al impacto que tendrá la medida sobre el mantenimiento del parque automotor.

Tarqui cuestionó la magnitud del ajuste cambiario aplicado por el Gobierno y señaló que la modificación pudo implementarse de manera gradual para reducir las consecuencias sobre los distintos sectores económicos, particularmente el transporte público, que ya enfrenta un incremento sostenido en sus gastos operativos.

El representante sindical indicó que el aumento en el costo de los insumos obligará al sector a evaluar alternativas para compensar el incremento de sus costos.

“Cuando suban los repuestos por el nuevo tipo de cambio del dólar vamos a tener que hablar de una nivelación de pasajes”, advirtió Tarqui, al dejar abierta la posibilidad de plantear una revisión de las tarifas del transporte público si continúan elevándose los costos de operación.

El dirigente explicó que cualquier decisión dependerá del comportamiento del mercado y del impacto real que tenga el nuevo esquema cambiario sobre el precio de los repuestos, lubricantes y otros productos vinculados al servicio de transporte.

La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia anticipó que realizará un seguimiento a la evolución de los costos durante las próximas semanas para evaluar las medidas que asumirá el sector frente al nuevo escenario económico.

El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley N.º 1743, normativa que autoriza el convenio de préstamo por hasta 118,5 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), dependiente del Banco Mundial, destinado al Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial.

Durante el acto de promulgación, el mandatario señaló que los recursos permitirán ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura vial en distintos departamentos del país, con el propósito de mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo económico.

“Aquí hay 118 millones de dólares para proyectos viales y carreteros para el norte de La Paz, para Cochabamba y para avanzar en el sueño de culminar la carretera Jaime Mendoza, una obra transversal para toda la patria”, afirmó Rodrigo Paz.

El jefe de Estado también destacó el respaldo brindado por la Asamblea Legislativa para la aprobación del financiamiento y aseguró que la ejecución de estos recursos contribuirá al crecimiento del país.

“También hay que agradecer a los diputados y senadores que aprobaron estos recursos que, como Ejecutivo, vamos a llevar adelante para que Bolivia progrese, genere comercio, genere negocios y para que los bolivianos y bolivianas puedan transportarse por buenas carreteras”, manifestó el mandatario.

El financiamiento permitirá desarrollar acciones orientadas a incrementar la resiliencia climática de la infraestructura vial, mediante inversiones destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta de la Red Vial Fundamental frente a los efectos del cambio climático y mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte.

Según la información oficial, parte de los recursos será destinada a la elaboración de seis estudios de preinversión para proyectos carreteros que abarcan un total de 866 kilómetros. Asimismo, el programa contempla la modernización de los sistemas de gestión de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la capacitación de su personal y la incorporación de herramientas tecnológicas para optimizar la planificación y administración de la red vial nacional.

Los estudios comprenderán los tramos Sucre–Poroma–Puente Chayanta–Toro Toro, Chivé–Porvenir, Vinto–Sacambaya, además de la rehabilitación de las carreteras Yucumo–Rurrenabaque y Cotapata–Santa Bárbara, así como el estudio para la doble vía La Paz–Oruro.

Con la promulgación de la Ley N.º 1743, el Gobierno habilita la ejecución del préstamo internacional, cuyos recursos serán destinados a fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad en distintas regiones del país mediante proyectos de planificación, rehabilitación y modernización del sistema carretero.

El Gobierno de Bolivia puso en marcha una misión humanitaria con destino a Venezuela para colaborar en las labores de asistencia tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. La operación contempla el envío de personal especializado en rescate, ayuda humanitaria y la posibilidad de repatriar a ciudadanos bolivianos que permanezcan en las zonas afectadas.

La misión fue instruida por el presidente Rodrigo Paz y será ejecutada por el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Cancillería boliviana y las autoridades venezolanas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el operativo se realizará mediante un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana, el cual trasladará a una tripulación de diez personas y a veinte rescatistas militares especializados, equipados para realizar tareas de búsqueda y salvamento.

La autoridad explicó que la misión tendrá una duración total de siete días, de los cuales dos estarán destinados al traslado aéreo y cinco serán utilizados para las operaciones de rescate en territorio venezolano.

Los sismos afectaron distintas regiones de Venezuela, entre ellas Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda, donde continúan las labores de asistencia a la población damnificada.

Paralelamente, el Gobierno habilitó centros de acopio en las ciudades de La Paz y Santa Cruz para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas. Entre los productos recolectados se encuentran alimentos no perecederos, medicamentos, material de curación e insumos médicos.

El primer envío prevé transportar aproximadamente seis toneladas de ayuda humanitaria, compuestas por alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad recolectados en ambos departamentos.

Desde el centro de acopio habilitado en Santa Cruz, una representante de la comunidad venezolana agradeció la solidaridad demostrada por la población boliviana y señaló cuáles son los insumos de mayor necesidad.

“Estamos muy agradecidos con la comunidad de Bolivia, la comunidad de extranjeros y sociedad civil, que se ha movilizado para hacer llegar las ayudas. Hemos estado recibiendo alimentos no perecederos, equipos médicos y actualmente tenemos una lista actualizada de los insumos más necesarios en las zonas afectadas, como jeringas, gasas, equipos de cirugía e inyectadoras”, manifestó la encargada del punto de recepción de donaciones.

El vuelo humanitario tiene previsto despegar desde la ciudad de La Paz y posteriormente realizar una escala en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, antes de partir hacia territorio venezolano.

Además del traslado de ayuda y personal especializado, la operación contempla el retorno de ciudadanos bolivianos que requieran asistencia. Según la capacidad operativa de la aeronave, el vuelo podrá repatriar hasta 60 connacionales.

Con esta misión, las autoridades bolivianas buscan apoyar las tareas de rescate, entregar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por los sismos y facilitar el retorno al país de los ciudadanos bolivianos que decidan acogerse al operativo organizado por el Gobierno.

Los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Paraguay, Santiago Peña, sostuvieron este lunes una reunión bilateral en el marco de la Cumbre del Mercosur, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países y avanzar en una agenda común orientada a impulsar la integración regional, el comercio y el desarrollo económico.

El encuentro permitió a los mandatarios intercambiar criterios sobre los principales desafíos regionales e internacionales, además de analizar mecanismos de cooperación que beneficien a ambas naciones.

Tras la reunión, el presidente paraguayo destacó el diálogo sostenido con su homólogo boliviano y expresó su satisfacción por la visita oficial. “Es una enorme satisfacción recibir al excelentísimo señor Rodrigo Paz Pereira, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, manifestó Santiago Peña a través de sus redes sociales.

El mandatario paraguayo afirmó que la reunión permitió consolidar la relación histórica entre ambos países y fortalecer la confianza mutua. Asimismo, señaló que uno de los principales temas abordados fue el potencial estratégico de la Hidrovía Paraguay–Paraná como eje para promover el comercio exterior, atraer inversiones y mejorar la competitividad regional.

“Fue un encuentro muy productivo porque fortalecimos los lazos históricos de amistad y confianza que unen a nuestros pueblos”, destacó Peña.

Durante la reunión, ambos jefes de Estado coincidieron en la importancia de continuar impulsando proyectos de integración que favorezcan el crecimiento económico y generen mayores oportunidades para sus ciudadanos.

En ese contexto, el presidente paraguayo reafirmó el compromiso de ambos gobiernos con una agenda basada en la cooperación y el entendimiento. “Paraguay y Bolivia miran al futuro con optimismo. Nos une la certeza de que el progreso se construye con diálogo, cooperación y una visión compartida de desarrollo. Seguiremos trabajando juntos para que esa integración se traduzca en más oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”, sostuvo Peña.

La reunión se desarrolló en el marco de las actividades oficiales de la Cumbre del Mercosur, escenario en el que los países miembros y asociados analizan iniciativas destinadas a fortalecer la integración económica, la conectividad regional y la cooperación política entre los Estados participantes.

Autoridades del Órgano Judicial anunciaron que evalúan la realización de un paro nacional de 24 horas si el Gobierno y la Asamblea Legislativa no atienden de manera inmediata sus demandas relacionadas con el incremento del presupuesto institucional y la aprobación de proyectos de ley considerados prioritarios para el sistema de justicia.

La advertencia fue emitida tras la reunión nacional de magistrados, jueces y vocales desarrollada en la ciudad de Sucre, donde las máximas autoridades judiciales analizaron la situación del sector y aprobaron una serie de resoluciones dirigidas a los órganos Ejecutivo y Legislativo.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, informó que las conclusiones del encuentro incluyen una conminatoria para que ambas instancias del Estado respondan a las solicitudes planteadas por el Órgano Judicial, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema de administración de justicia.

“En caso de que estas dos situaciones institucionales no sean atendidas, la Justicia también va a parar en el país, porque lastimosamente los que respetamos la institucionalidad, el Estado de derecho, los que somos garantes de la Justicia, no somos atendidos”, afirmó Saucedo durante una conferencia de prensa.

Entre las principales demandas, las autoridades judiciales solicitaron que el presidente del Estado y su gabinete ministerial se trasladen a la ciudad de Sucre para sostener una sesión de trabajo en la que se aborden de forma directa las necesidades del sistema judicial.

Asimismo, anunciaron que remitirán una nota oficial a la Asamblea Legislativa para solicitar el tratamiento y aprobación de los proyectos normativos impulsados por las instituciones que integran el Órgano Judicial, los cuales permanecen pendientes de consideración.

Saucedo lamentó que, según su criterio, las demandas del sistema judicial no hayan recibido la atención necesaria durante los últimos años y sostuvo que la falta de recursos y de reformas ha afectado el normal funcionamiento de la administración de justicia.

“El sistema judicial está abandonado desde hace 20 años”, manifestó la autoridad, al señalar que es necesario adoptar medidas estructurales que permitan mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer el servicio que presta el Órgano Judicial a la ciudadanía.

Las conclusiones aprobadas por magistrados, jueces y vocales establecen que, de no existir una respuesta concreta por parte del Ejecutivo y del Legislativo, se asumirá un paro de actividades por 24 horas como medida de presión para exigir la atención de sus demandas institucionales.

La entrada en vigencia del nuevo régimen de tipo de cambio flexible todavía no ha generado cambios significativos en el mercado paralelo de divisas, según coincidieron varios librecambistas consultados, quienes sostienen que la cotización continúa determinada principalmente por la oferta y la demanda, además de la limitada disponibilidad de dólares en el sistema financiero.

Los comerciantes señalaron que el mercado informal ya operaba con precios variables desde hace varios meses, por lo que el nuevo esquema oficial no representó un cambio inmediato en sus operaciones diarias.

Uno de los librecambistas, identificado como Wálter, explicó que el comportamiento del dólar paralelo continúa ajustándose a las condiciones del mercado. “Para nosotros no ha habido mucha variación porque nos adaptamos a la situación. Si sube, subimos; si baja, bajamos. El mercado ahora va a ser fluctuante”, manifestó.

El cambista indicó que actualmente el precio de referencia establecido por el sistema financiero ronda los 9,73 bolivianos por dólar, mientras que en el mercado paralelo existe una diferencia aproximada de 10 centavos. Asimismo, señaló que la cotización también toma como referencia el comportamiento del activo digital USDT.

Según explicó, la compra de dólares se realiza alrededor de los 9,80 bolivianos, mientras que el precio de venta varía dependiendo de cada transacción. No obstante, remarcó que la escasa disponibilidad de divisas en las entidades financieras continúa siendo el principal factor que influye en el mercado. “El banco no está dando dólares”, afirmó.

Otro librecambista, que prefirió mantener su identidad en reserva, señaló que el anuncio del nuevo régimen cambiario ha generado incertidumbre entre los clientes, situación que redujo el movimiento habitual de compra y venta de divisas.

“Nos afecta porque hay poco movimiento, hay susceptibilidad. La gente lo que quiere saber es si habrá dólares en los bancos”, sostuvo. Agregó que actualmente el dólar se comercializa entre 9,80 y 9,85 bolivianos para la venta, aunque reconoció que la demanda continúa siendo baja.

En la misma línea, Víctor, quien trabaja como librecambista en inmediaciones de la plaza 24 de Septiembre, aseguró que el denominado dólar flexible todavía no ha producido efectos concretos en el mercado paralelo.

“De momento no ha tenido ninguna repercusión. Ya hace tiempo que trabajamos con el mercado paralelo porque la cotización del 6,96 ya estaba extinto, nadie vendía a ese precio”, declaró.

El comerciante indicó que actualmente compra dólares a 9,85 bolivianos y los comercializa entre 9,90 y 9,95 bolivianos, dependiendo de la operación.

Asimismo, explicó que el comportamiento de la divisa continúa respondiendo a las reglas tradicionales del mercado. “Cuando hay bastante demanda, bastantes compradores de dólares, el dólar tiende a subir; y cuando no hay mucha demanda, el dólar se mantiene o baja un poquito”, señaló.

Víctor añadió que, por el momento, el mercado permanece estable, aunque con escasa actividad comercial. “De momento no hay mayor demanda ni oferta de dólar, está quieto. Que pasen las horas y vamos a ver cómo se comporta”, expresó.

Desde este lunes, Bolivia dejó atrás el tipo de cambio fijo que permaneció vigente durante aproximadamente 15 años y comenzó a operar bajo un régimen de tipo de cambio flexible. En ese marco, el Banco Central de Bolivia fijó una cotización oficial de 9,73 bolivianos por dólar.

Por otra parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, ratificó que se mantiene el cronograma para la devolución de dólares retenidos en las entidades financieras. La autoridad informó que a partir del 15 de julio comenzará la devolución correspondiente al segundo grupo de ahorristas, conformado por quienes mantienen depósitos de entre 1.000 y 3.000 dólares.

Según explicó el ministro, los clientes que se encuentren dentro de ese rango podrán retirar la totalidad de sus recursos sin restricciones una vez cumplido el plazo establecido por el cronograma oficial.

La Gobernación de Santa Cruz advirtió que la implementación del nuevo régimen de tipo de cambio flexible tendrá un impacto directo en sus finanzas, al incrementar el costo del servicio de la deuda externa que mantiene la administración departamental. No obstante, también considera que el nuevo sistema favorecerá la ejecución de futuros proyectos financiados con créditos internacionales.

El secretario departamental de Hacienda, José Luis Pérez, informó que el cambio en el régimen cambiario representará un gasto adicional aproximado de 8,4 millones de bolivianos durante la gestión 2026 y elevará en alrededor de 155 millones de bolivianos el costo acumulado del servicio de la deuda hasta el año 2053.

La autoridad explicó que este incremento responde a que las obligaciones contraídas en dólares deberán cancelarse con un tipo de cambio superior al que rigió durante los últimos años, lo que obligará a la institución a realizar ajustes financieros para cumplir con sus compromisos.

“Para la gestión 2026 estimamos un incremento aproximado de 8,4 millones de bolivianos en el servicio de la deuda y hacia el 2053 vamos a tener un incremento de 155 millones de bolivianos, lo cual hace que tengamos que tomar medidas para cumplir con esta deuda”, afirmó Pérez.

El secretario de Hacienda indicó que este escenario se presenta en un contexto de limitaciones económicas para la Gobernación, que enfrenta una reducción sostenida de sus ingresos y mayores obligaciones financieras.

Pese al incremento en el costo de la deuda vigente, Pérez señaló que el nuevo esquema cambiario también ofrecerá ventajas para los proyectos que sean financiados con créditos externos en adelante.

Explicó que, bajo el anterior sistema, los desembolsos se efectuaban al tipo de cambio oficial de 6,86 bolivianos por dólar, mientras que los costos reales de ejecución de las obras terminaban ajustándose a valores superiores, generando diferencias que afectaban la planificación financiera.

Con el nuevo régimen, sostuvo que los recursos serán desembolsados al tipo de cambio vigente, permitiendo que el financiamiento refleje con mayor precisión los costos reales de proyectos de infraestructura, carreteras y otras inversiones públicas.

“Ya no se crea una brecha entre lo que recibíamos por los dólares y lo que pagábamos cuando ejecutábamos las inversiones en carreteras, infraestructura y otros proyectos”, explicó la autoridad.

Desde una perspectiva económica, Pérez consideró que la unificación del mercado cambiario puede generar efectos positivos; sin embargo, advirtió que el éxito del nuevo modelo dependerá de la capacidad del Gobierno para mantener disciplina fiscal, asegurar la disponibilidad de divisas y preservar el equilibrio de la balanza comercial.

Asimismo, señaló que la modificación del tipo de cambio podría repercutir en el precio de algunos productos importados debido al incremento de la base imponible utilizada para calcular tributos, situación que podría trasladarse a los consumidores.

El secretario también indicó que será importante evaluar el funcionamiento del sistema de bandas cambiarias implementado por el Banco Central de Bolivia, mecanismo que prevé intervenciones cuando la cotización del dólar se aleje de los márgenes establecidos para evitar variaciones excesivas.

Finalmente, Pérez aseguró que la administración departamental continuará priorizando la estabilidad financiera de la institución y la continuidad de los servicios públicos.

“Vamos a precautelar la situación de los cruceños y el funcionamiento de la Gobernación como principal institución del departamento”, concluyó el secretario departamental de Hacienda.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga la muerte de una mujer que falleció horas después de haber sido rescatada por efectivos de Bomberos de un barranco ubicado cerca del puente Minasa, en la zona de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, luego de que vecinos alertaran a los equipos de emergencia sobre la presencia de una persona herida entre los arbustos, en la parte baja del puente. Personal de Bomberos acudió al lugar y logró rescatar a la víctima, quien presentaba múltiples lesiones tras caer desde una altura aproximada de entre 15 y 20 metros.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. Sin embargo, las autoridades no descartan que una tercera persona hubiera intervenido en el hecho, por lo que se abrió una investigación para establecer si la caída fue accidental o si la víctima fue empujada.

Tras el rescate, la mujer fue trasladada al Hospital de Clínicas, donde recibió atención médica. No obstante, debido a la gravedad de las fracturas y otras lesiones sufridas, falleció horas más tarde.

La Felcc realiza las investigaciones correspondientes y busca recopilar imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en el sector que permitan reconstruir los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió este caso.