Las bajas temperaturas registradas en los Valles cruceños comenzaron a afectar la producción agrícola de la región. Productores reportaron daños en sembradíos de papa y hortalizas, mientras las deficientes condiciones de los caminos dificultan el traslado de la producción y agravan la situación del sector.

El director de Desarrollo Productivo del municipio de Vallegrande, Paul Villarroel, informó que en las últimas horas la temperatura descendió hasta los -3 grados centígrados, ocasionando los primeros efectos negativos en los cultivos. Además, advirtió que el impacto podría extenderse a otras actividades productivas si las heladas persisten durante las próximas semanas.

Villarroel explicó que el sector agrícola enfrenta dos problemas simultáneos: las condiciones climáticas y el deterioro de la infraestructura vial. “La afectación en frutales son por causa de las heladas tardías, que nos llegan en agosto y septiembre. Aparte de estos desastres, tenemos otro desastre: el mal estado de los caminos”, manifestó.

La autoridad señaló que, pese a los trabajos de mantenimiento realizados hace aproximadamente un año, las carreteras continúan presentando serias deficiencias, lo que dificulta el ingreso a las parcelas y el transporte de los productos hacia los mercados. Recordó también que los bloqueos registrados durante más de 50 días provocaron importantes pérdidas económicas, debido a que numerosos alimentos no pudieron ser comercializados y terminaron deteriorándose.

Respecto al comportamiento del clima, Villarroel indicó que el municipio recomienda evitar la siembra de especies sensibles durante la temporada de heladas, ya que las bajas temperaturas terminan quemando las plantas, incluso cuando los productores aplican medidas preventivas.

La producción de papa figura entre las más afectadas. Según explicó, en esta época del año se cultivan alrededor de 150 hectáreas de este alimento en Vallegrande. Además, informó que el municipio ya declaró desastre por el deterioro de los caminos y que evaluará la magnitud de los daños ocasionados por las heladas para determinar si corresponde una nueva declaratoria. “Nosotros sembramos en diferentes épocas (…) Como gobierno municipal, lo hemos declarado desastre por el deterioro de caminos, ahora, depende de la evaluación que hagamos, veremos el desastre por las heladas”, afirmó.

La autoridad añadió que las bajas temperaturas también podrían generar un incremento en los precios de algunos productos agrícolas y afectar los ingresos de las familias productoras. Precisó que la cuantificación de las pérdidas se realizará una vez que concluya el periodo de heladas, ya que todavía es prematuro establecer el impacto total.

En el ámbito pecuario, Villarroel explicó que el frío también perjudica la alimentación del ganado al afectar las pasturas. “A través de una helada se queman las pasturas. Los animales no van a poder tener alimentos necesarios. El productor va a tener que tomar otras medidas. Aumenta el costo de producción del ganado”, sostuvo.

Los productores permanecen atentos a la evolución de las condiciones climáticas, mientras las autoridades municipales continúan evaluando los efectos de las heladas sobre la producción agrícola y ganadera del municipio.

Al cumplirse dos años de la movilización militar registrada el 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, difundió una carta manuscrita desde el penal de máxima seguridad de El Abra, donde permanece con detención preventiva. En el documento, aseguró que en el futuro revelará su versión completa de lo ocurrido durante esa jornada.

Al inicio de la misiva, fechada este viernes en Cochabamba, Zúñiga recordó el tiempo que lleva privado de libertad y la situación de otros militares procesados por el mismo caso. “Hoy se cumplen dos años de mi prisión y de la privación de libertad de más de treinta soldados bolivianos”, escribió, firmando el documento como general de División y “preso político”.

El exjefe militar evitó profundizar sobre las decisiones adoptadas durante la movilización del 26 de junio, aunque aseguró que más adelante dará a conocer su relato de los hechos. “No entraré en detalles sobre lo ocurrido aquel 26 de junio. Llegará el día en que Bolivia conozca toda la verdad y la historia ocupe el lugar que le corresponde”, manifestó.

La difusión de la carta coincide con el avance del proceso judicial que investiga la asonada militar y que busca ingresar a la etapa de juicio oral. La audiencia prevista para esta semana fue suspendida debido a que Zúñiga no fue trasladado desde el penal de El Abra hasta la ciudad de La Paz.

El 26 de junio de 2024, efectivos militares y vehículos blindados ingresaron a la plaza Murillo. Una tanqueta derribó una de las puertas del Palacio Quemado y Zúñiga accedió al edificio, donde fue confrontado por el entonces presidente Luis Arce. Horas más tarde, tras la posesión de un nuevo Alto Mando Militar, las unidades retornaron a sus cuarteles y el entonces comandante fue aprehendido.

La Fiscalía procesa a Zúñiga junto con otros militares y civiles por presuntos delitos vinculados al alzamiento armado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

En su mensaje, el excomandante sostuvo que la jornada del 26 de junio marcó un episodio trascendental para el país. “Ese día se escribió un capítulo que jamás podrá ser borrado de la memoria de la nación”, afirmó, al tiempo de cuestionar a las autoridades que gobernaban en ese periodo, sin mencionar nombres.

Asimismo, expresó su respaldo a los militares investigados y a sus familias. “Mi respeto y mi admiración a cada uno de esos soldados y a sus familias, que han resistido con fortaleza y amor por Bolivia”, señaló.

En otro pasaje de la carta, Zúñiga reiteró su postura sobre la situación que enfrenta. “Podrán encarcelar nuestros cuerpos, pero jamás encarcelarán el honor de un soldado, su juramento a la bandera ni su amor por Bolivia”, escribió.

El documento concluye con un nuevo mensaje sobre el futuro esclarecimiento de los hechos. “La historia siempre termina imponiendo la verdad”, sostiene el excomandante, quien añade en la parte final de la carta: “Cuando ese día llegue, Bolivia comprenderá el verdadero significado de aquel 26 de junio”.

El presidente Rodrigo Paz Pereira sostuvo una reunión con el alcalde de Potosí, Williams R. Cervantes Beltrán, autoridades departamentales, representantes de distintos sectores y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, con el propósito de coordinar acciones orientadas al desarrollo integral del departamento.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron una agenda enfocada en la ejecución de proyectos estratégicos vinculados a áreas como energía, minería, sistemas de riego, infraestructura, productividad y turismo, con el objetivo de promover el crecimiento económico y atender las principales necesidades de la región.

El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que el trabajo conjunto entre el Gobierno y las autoridades potosinas busca ofrecer respuestas concretas a la población. “Trabajamos en dar soluciones concretas e inmediatas a la población”, señaló.

Por su parte, el mandatario también destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles del Estado para avanzar en la implementación de estas iniciativas. “Reconstruimos la Patria con el trabajo y el compromiso de todos los bolivianos”, expresó.

Las autoridades coincidieron en que los proyectos priorizados buscan beneficiar a todo el departamento de Potosí mediante acciones coordinadas entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y los sectores productivos.

El Ministerio de Trabajo dispuso la aplicación excepcional de una tolerancia de 30 minutos en el horario de ingreso para los servidores públicos a partir de este viernes 26 de junio, como respuesta a las dificultades de traslado que enfrenta la población debido a los problemas en el abastecimiento de combustibles.

La determinación establece que el tiempo de tolerancia deberá ser recuperado posteriormente. Según el comunicado oficial, este período será compensado “de acuerdo con las necesidades y mecanismos establecidos por cada entidad pública”.

En el caso del sector privado, la cartera de Estado indicó que la medida podrá implementarse previo acuerdo entre empleadores y trabajadores, siempre que se garantice el cumplimiento de la jornada laboral mediante la reposición del tiempo concedido.

El Ministerio de Trabajo explicó que la decisión fue asumida “en atención a las dificultades de desplazamiento que enfrenta la población como consecuencia de las medidas vinculadas al abastecimiento de combustibles”, considerando los inconvenientes que persisten en distintas ciudades del país.

Por su parte, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, atribuyó la continuidad de las filas en las estaciones de servicio a las consecuencias de los bloqueos registrados durante las últimas semanas. “Los bloqueos de carreteras, de más de un mes, afectaron considerablemente la logística de provisión”, afirmó.

La disposición entra en vigencia desde este viernes y busca facilitar el desplazamiento de los trabajadores mientras se normaliza el suministro de combustibles en el país.

La Justicia determinó la detención preventiva por cuatro meses de una funcionaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigada por su presunta participación en un proceso de adquisición de crudo que es objeto de una investigación por un supuesto sobreprecio. La medida deberá cumplirse en el penal de Obrajes, en la ciudad de La Paz.

La imputada, identificada como Verónica S., enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, dentro del proceso que indaga la compra de crudo a la empresa transnacional Trafigura.

Tras la audiencia de medidas cautelares, el fiscal David Torrez informó que el Ministerio Público presentó elementos que sustentan la investigación. “Se ha establecido que el Ministerio Público ha logrado identificar elementos suficientes que establecen la probabilidad de autoría dentro del proceso de investigación”, manifestó la autoridad.

Torrez explicó además que la funcionaria integraba el equipo encargado del proceso de adquisición del combustible. “La ciudadana estaba dentro de una comisión para precisamente la adquisición de estos carburantes con los parámetros que se han establecido para su compra”, señaló.

Con esta determinación judicial, Verónica S. se convierte en la segunda persona enviada con detención preventiva dentro de la investigación que sigue el Ministerio Público por el presunto sobreprecio en la compra de crudo realizada por YPFB a la empresa Trafigura. Las pesquisas continúan para establecer las responsabilidades correspondientes en este caso.

El expresidente Luis Arce rechazó cualquier participación en un presunto tráfico de influencias a favor del Grupo Gloria, luego de que una investigación de la Policía de España revelara supuestas gestiones del exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero para influir en el litigio entre Fancesa y Soboce. Desde el penal de San Pedro, donde permanece recluido, Arce aseguró que nunca favoreció intereses privados y sostuvo que sus contactos con Zapatero fueron únicamente de carácter institucional.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España señala que en mayo de 2025 Zapatero instruyó a su secretaria establecer contacto con personas cercanas al entonces presidente boliviano para abordar el conflicto judicial entre las cementeras. El informe también sostiene que el exjefe del Gobierno español habría recibido 200 mil euros como presunta contraprestación por esas gestiones.

Ante estas revelaciones, Arce afirmó que durante su gestión la Procuraduría General del Estado impugnó el fallo judicial que favoreció a Soboce, por lo que negó cualquier intervención para beneficiar a esa empresa. Asimismo, indicó que el proceso continúa en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional y pidió que la investigación respete la presunción de inocencia y esclarezca los hechos de manera imparcial.

El caso provocó reacciones en el ámbito político. La bancada de Alianza Libre anunció la conformación de una comisión de investigación y la Cámara de Diputados aprobó una minuta para solicitar información oficial a las autoridades españolas. Además, la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca exigió una investigación exhaustiva y el Consejo de la Magistratura abrió una investigación preliminar contra los vocales constitucionales que emitieron un fallo favorable al Grupo Gloria.

En medio de la polémica, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, confirmó la renuncia de María del Carmen Almendras al cargo de secretaria municipal de Ciudad Cultural. La exembajadora de Bolivia en España fue mencionada en la investigación como una de las personas que habría servido de enlace entre el Grupo Gloria y José Luis Rodríguez Zapatero, aunque la autoridad municipal señaló que su dimisión obedeció a razones personales.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó que el Gobierno evaluará en los próximos meses la posibilidad de poner fin a la subvención de los combustibles, aunque aclaró que esta medida no será aplicada por el momento y que los precios actuales se mantendrán sin modificaciones.

La autoridad explicó que la decisión dependerá del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles, ya que el objetivo es analizar si las condiciones del mercado permiten retirar gradualmente la subvención sin afectar el abastecimiento ni generar un impacto inmediato en la población.

Daroca remarcó que la política definida por el Gobierno es mantener la subvención en esta etapa, especialmente después de los más de 50 días de bloqueos que afectaron la distribución de carburantes y provocaron millonarias pérdidas económicas en distintos sectores del país.

Asimismo, recordó que durante la actual gestión ya fueron establecidos nuevos precios para los combustibles, los cuales continuarán vigentes. Actualmente, el litro de gasolina especial se comercializa a Bs 6,96, el diésel oil a Bs 9,80, la gasolina premium a Bs 11,00 y la gasolina de aviación a Bs 10,57.

El presidente de YPFB reiteró que, por ahora, no existe ninguna decisión para modificar esos precios y aseguró que cualquier análisis sobre el futuro de la subvención será realizado de acuerdo con la evolución del mercado internacional de los hidrocarburos.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, afirmó que las largas filas de vehículos en los surtidores de La Paz comenzarán a reducirse significativamente en los próximos tres o cuatro días, gracias al incremento en el despacho de gasolina y diésel destinado a normalizar el abastecimiento tras más de 50 días de interrupciones ocasionadas por los bloqueos.

Daroca explicó que desde el martes la estatal incrementó considerablemente los volúmenes de combustibles distribuidos, con el objetivo de abastecer nuevamente al parque automotor que permaneció desabastecido durante el conflicto. Asimismo, señaló que también se está regularizando la entrega de diésel en Santa Cruz.

La autoridad atribuyó la persistencia de las filas a la compleja reactivación de la cadena logística, ya que grandes volúmenes de combustibles permanecen en los puertos de Arica, en Chile, y Campana y Paraguay, desde donde son trasladados hacia Bolivia mediante cisternas. Añadió que la empresa trabaja para acelerar ese proceso y recuperar el ritmo normal de distribución.

Daroca informó además que más de 1.600 cisternas con combustibles llegaron recientemente a las plantas de almacenamiento del país. Sin embargo, aclaró que la distribución requiere controles de calidad para garantizar que la gasolina y el diésel cumplan con las especificaciones técnicas y evitar inconvenientes como los registrados anteriormente con combustibles de baja calidad.

Respecto a la deuda superior a los 500 millones de dólares por la compra de carburantes, el presidente de YPFB descartó que esa situación afecte las importaciones. Explicó que se trata de una deuda flotante habitual, con plazos de pago de 120 días que la estatal cumple de manera regular, y aseguró que existen los recursos suficientes para continuar adquiriendo combustibles y garantizar el abastecimiento del mercado interno.

A cuatro días de la conclusión de los bloqueos que paralizaron al país durante 53 jornadas, las filas de vehículos en busca de diésel y gasolina continúan en surtidores de varias regiones de Bolivia. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el abastecimiento se encuentra en proceso de normalización y estimó que las colas comenzarán a reducirse significativamente en los próximos tres a cuatro días.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que el principal problema no es la falta de combustibles, sino la reactivación de la logística de distribución, afectada por los prolongados bloqueos que impidieron el desplazamiento normal de las cisternas hacia las diferentes ciudades del país.

La autoridad señaló que desde el martes se incrementó el despacho de gasolina, especialmente en La Paz, donde se están distribuyendo volúmenes superiores a los habituales con el objetivo de abastecer nuevamente al parque automotor que permaneció varios días sin combustible. Según Daroca, esta sobreoferta permitirá que las filas disminuyan de manera progresiva durante los próximos días.

Respecto a la compra de carburantes, el presidente de la estatal petrolera descartó que exista un problema financiero. Explicó que la deuda superior a los 500 millones de dólares corresponde a una «deuda flotante», relacionada con los plazos habituales de pago de 120 días que mantiene YPFB con sus proveedores internacionales y que, según afirmó, se viene cumpliendo de manera regular.

Daroca reiteró que la empresa cuenta con los recursos suficientes para continuar adquiriendo combustibles y sostuvo que el desafío actual es restablecer completamente la cadena logística para garantizar el abastecimiento continuo en todo el territorio nacional.

La tragedia en Venezuela continúa agravándose tras los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles. La presidenta Delcy Rodríguez informó este viernes que el número de víctimas fatales ascendió a 589, mientras que la cifra de personas heridas llegó a 2.980. Además, confirmó que hasta el momento se han registrado 214 réplicas, lo que mantiene en alerta a la población y dificulta las labores de rescate.

La mandataria ofreció el nuevo balance durante una reunión realizada en el estado Zulia y transmitida por la televisión estatal. Las autoridades venezolanas continúan desplegando equipos de emergencia para buscar sobrevivientes entre los escombros y brindar asistencia a las miles de familias afectadas por el desastre natural.

Rodríguez también anunció la militarización del estado de La Guaira, considerado el más golpeado por los sismos debido al colapso de numerosas edificaciones y los graves daños en infraestructura. La medida busca reforzar las tareas de rescate, garantizar la seguridad y facilitar la distribución de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica ante el riesgo de nuevas réplicas que puedan agravar la emergencia.