El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que el Gobierno boliviano prevé acudir a instancias judiciales en Estados Unidos para solicitar información sobre una posible vinculación del expresidente Evo Morales con redes de narcotráfico.

La autoridad explicó que la estrategia contempla que el Estado boliviano se constituya como parte afectada en procesos abiertos en territorio estadounidense, donde exjefes policiales bolivianos fueron procesados por delitos relacionados con el narcotráfico.

“Es un tema de investigación sumamente delicado y tenemos que acudir a toda la información que nos pueda llegar desde Estados Unidos”, afirmó Hernán Paredes, al referirse a las acciones que se prevé impulsar.

Paredes recordó los casos de exautoridades policiales como René Sanabria y Maximiliano Dávila, quienes desempeñaron funciones durante anteriores gestiones de gobierno y posteriormente fueron condenados en Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de drogas.

Según la autoridad, el objetivo es recabar información que permita esclarecer posibles responsabilidades en estos casos. En ese contexto, sostuvo que existe una línea de análisis que vincula hechos recientes de violencia con disputas dentro de estructuras criminales.

“El planteamiento es incorporarnos como víctimas en esos procesos para acceder a información relevante”, explicó Paredes, al detallar el procedimiento que seguiría el Ejecutivo.

Asimismo, mencionó que el Gobierno observa una posible relación entre recientes hechos de sicariato y reconfiguraciones dentro de redes delictivas, especialmente tras la captura de figuras vinculadas al crimen organizado.

En ese marco, Paredes señaló que algunas declaraciones del expresidente han sido consideradas dentro de las líneas de análisis que maneja el Ejecutivo, aunque remarcó que se trata de una hipótesis sujeta a investigación.

Las autoridades indicaron que el proceso dependerá de la información que pueda obtenerse en el ámbito internacional. Mientras tanto, el caso se mantiene en fase de análisis, en medio de un contexto de investigaciones sobre narcotráfico y seguridad en el país.

El diputado Manolo Rojas Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), informó que presentará una denuncia penal contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, tras observaciones sobre sus ingresos y beneficios económicos.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa, luego de que se difundieran datos sobre los ingresos del dirigente sindical, que incluirían un salario mensual superior a Bs 40.000, además de una renta por invalidez y otros beneficios.

“Vamos a presentar una denuncia penal contra este dirigente por legitimación de ganancias ilícitas”, afirmó Manolo Rojas, diputado del PDC, al referirse a la acción que será puesta en conocimiento del Ministerio Público.

El legislador también cuestionó el acceso de Argollo a un bono por discapacidad, señalando que el dirigente cuenta con una calificación del 60% de invalidez otorgada en 2021. “El dirigente tiene una discapacidad del 60% y recibe ese bono; esta situación debe ser investigada”, sostuvo Rojas.

Según explicó, las investigaciones permitirán verificar la procedencia de los ingresos del dirigente sindical y esclarecer posibles inconsistencias. Asimismo, consideró que los resultados podrían contrastar con las declaraciones públicas de la dirigencia sobre su situación económica.

De acuerdo con datos difundidos recientemente, los ingresos mensuales de Argollo oscilarían entre Bs 33.000 y Bs 47.000, incluyendo una renta por invalidez cercana a Bs 8.000, además de otros conceptos.

Rojas también hizo referencia a la necesidad de que las autoridades competentes determinen si existen responsabilidades en torno al manejo de estos recursos. “Será el Ministerio Público el que deba confirmar estos extremos en el marco de la investigación”, agregó.

Hasta el momento, el dirigente de la COB no se ha pronunciado sobre las acusaciones. El caso será evaluado por instancias judiciales, que deberán determinar la procedencia de la denuncia y el curso de las investigaciones correspondientes.

La diputada Julieta Jiménez, de la alianza Unidad, cuestionó el rol de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) en el actual contexto de movilizaciones, señalando que no representa a la totalidad de la población y exhortando a los sectores a buscar soluciones mediante el diálogo.

En sus declaraciones, la legisladora expresó críticas hacia la dirigencia sindical por las medidas de presión impulsadas en los últimos días, en medio de demandas por incremento salarial y otras reivindicaciones.

“La COB no es una organización con representación a nivel nacional. No representa al 100% de la población”, afirmó Julieta Jiménez, diputada de la alianza Unidad, al referirse al alcance del ente sindical.

Jiménez sostuvo que la organización debe circunscribirse a representar a sus afiliados y no asumir una vocería general. En ese sentido, cuestionó la forma en que se plantean las demandas ante el Ejecutivo. “Tienen que limitarse a su sector y no intentar imponer su voluntad”, señaló Julieta Jiménez, diputada, al insistir en la necesidad de respetar los canales institucionales.

La parlamentaria también reiteró que el diálogo es el mecanismo adecuado para resolver los conflictos actuales, en un escenario donde distintos sectores mantienen movilizaciones en el país. Asimismo, instó a atender las convocatorias realizadas por el Gobierno para instalar mesas de negociación.

“Todos los sectores están pidiendo incrementos, pero es necesario trabajar de manera conjunta para sacar adelante al país”, sostuvo Jiménez, al referirse a la situación económica.

En relación con las demandas de la COB, recordó que el pliego incluye un incremento del 20% al salario mínimo nacional y otro 20% al haber básico, además de otras solicitudes planteadas por la organización sindical.

Las declaraciones se producen en un contexto de protestas y paro general impulsado por la COB, que coincide con otras movilizaciones en el país. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su convocatoria al diálogo para abordar las demandas y reducir la conflictividad social.

La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó este martes que no participará en la convocatoria al diálogo con el Gobierno y anunció el endurecimiento de sus medidas de presión, en medio de protestas que demandan un incremento salarial y respuestas a la situación económica.

El secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, señaló que la decisión se mantiene mientras existan procesos judiciales contra dirigentes sindicales, situación que —según afirmó— impide generar condiciones para una negociación.

“No podemos asistir a un diálogo si nos están tratando de enjuiciar”, sostuvo Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, al referirse a la convocatoria oficial.

El dirigente explicó que el conflicto no se limita a la demanda salarial, sino que responde a un contexto más amplio, marcado por el encarecimiento de la canasta familiar, dificultades en el abastecimiento de combustibles y cambios en políticas económicas. “El malestar es generalizado”, afirmó, al describir la situación que enfrenta el sector trabajador.

Asimismo, Argollo cuestionó la gestión del Ejecutivo y consideró que existe un deterioro en las condiciones de vida, lo que —según indicó— se refleja también en el escenario político reciente. En ese sentido, instó a las autoridades a evaluar el respaldo social en distintas regiones del país.

El dirigente también rechazó versiones sobre supuestos ingresos elevados dentro de la dirigencia sindical, asegurando que la información difundida no corresponde a la realidad y puede ser verificada en registros oficiales.

En relación con el sector minero, destacó su aporte a la economía nacional, señalando que genera divisas para el país, aunque —según su criterio— enfrenta condiciones laborales complejas y riesgos para la salud de los trabajadores. “Invitamos a las autoridades a conocer en terreno la realidad del sector”, expresó.

La COB sostiene que sus movilizaciones responden a demandas sociales acumuladas y no a intereses políticos. Sin embargo, la negativa a dialogar y el aumento de la presión en las calles configuran un escenario de mayor tensión con el Gobierno, en un contexto donde también otros sectores mantienen protestas en distintas regiones del país.

En medio del incremento de protestas y bloqueos en distintas regiones del país, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, instó a los sectores movilizados a reflexionar y abandonar estas medidas, reiterando que el Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo.

La autoridad se pronunció en un contexto marcado por interrupciones en la red vial, principalmente en los departamentos de Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija, donde el sector transporte mantiene medidas de presión por demandas relacionadas con combustible y estado de carreteras.

“Llamamos a la reflexión, al diálogo y a dejar esta cultura del bloqueo. La violencia y la intolerancia solo generan consecuencias negativas para el país”, afirmó José Luis Lupo, al referirse a la situación.

Lupo señaló que el Ejecutivo está dispuesto a abordar los temas pendientes en espacios de concertación que incluyan a todos los actores involucrados. En ese sentido, destacó que la mesa de diálogo continúa habilitada para tratar las demandas del sector transporte y otros sectores sociales.

“La mesa de diálogo está abierta para tratar los temas que involucran al transporte, a la sociedad y al Gobierno”, sostuvo Lupo.

Asimismo, indicó que problemáticas como el mantenimiento vial y el abastecimiento de combustible pueden resolverse mediante acuerdos construidos en un marco de responsabilidad y entendimiento mutuo.

El ministro también hizo un llamado a evitar escenarios de confrontación y a priorizar soluciones que permitan avanzar en el desarrollo del país. “No podemos volver al pasado; es un compromiso de todos los bolivianos avanzar y progresar”, expresó.

Mientras continúan los bloqueos impulsados por el sector transporte, el Gobierno insiste en el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos y evitar mayores afectaciones a la población.