El abogado y representante del Movimiento Naranja, Juan Carlos Rebollo, justificó la acción popular presentada contra el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, por la difusión pública de grabaciones de audio relacionadas con autoridades. Según el jurista, la publicación de estos materiales podría comprometer la seguridad de la información estatal y la validez de las pruebas.
Rebollo explicó que el recurso solicita que Lara entregue las grabaciones y sus antecedentes al Consejo Nacional de Defensa (Cosdep), además de informar sobre el origen de las filtraciones. Argumentó que, ante posibles sospechas de espionaje tecnológico contra autoridades, corresponde remitir el material a las instancias competentes para su investigación y peritaje.
El abogado también advirtió que divulgar audios sin los procedimientos correspondientes podría afectar la cadena de custodia, mecanismo que permite verificar que las pruebas no hayan sido alteradas o manipuladas. Por ello, sostuvo que cualquier indicio de un posible delito debe ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.
Asimismo, Rebollo cuestionó que Lara pueda invocar el secreto de fuente periodística para no revelar la procedencia de las grabaciones, argumentando que el vicepresidente ejerce una función pública y no trabaja como periodista. Esta postura forma parte de los fundamentos expuestos por el representante del Movimiento Naranja.
Finalmente, el jurista negó que la acción busque limitar la libertad de expresión del vicepresidente o generar un enfrentamiento político. Aseguró que el propósito es que la información difundida sea tratada conforme a los procedimientos legales y se resguarde la seguridad del Estado.
