La audiencia de medidas cautelares del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue suspendida este jueves 22 de octubre y reprogramada para el próximo 9 de noviembre. El acto judicial debía desarrollarse a las 10:00 en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal, pero fue postergado debido a que el abogado del exalcalde se encontraba afónico y tenía dificultades para hablar.
Fernández enfrenta un proceso por la presunta malversación de Bs 191 millones vinculados a 17 obras municipales que habrían quedado inconclusas o no se habrían ejecutado. Entre los proyectos observados figuran trabajos relacionados con la construcción del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia, según los antecedentes señalados por autoridades municipales.
A su llegada al juzgado, el exalcalde rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso tiene motivaciones políticas. Fernández sostuvo que existen intereses detrás de la investigación y calificó el caso como un “montaje político”, cuestionando las denuncias relacionadas con los recursos destinados a los proyectos municipales durante su gestión.
Respecto al dinero destinado al viaducto, Fernández afirmó que los recursos ingresaron a cuentas de la Alcaldía y que existirían descargos sobre su utilización. “Primero, ese tema de los fondos del viaducto: los recursos entraron a la Alcaldía, nadie se los ha sacado”, manifestó, al defender su posición frente a los cuestionamientos.
La investigación está relacionada con 17 obras municipales y con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos por un monto de Bs 191 millones. Sin embargo, las acusaciones forman parte de un proceso en curso y deberán ser esclarecidas por las instancias judiciales correspondientes, que deberán valorar los elementos presentados en la investigación.
Con la suspensión de la audiencia, el proceso continuará el 9 de noviembre, fecha en la que se prevé que se retome la consideración de las medidas cautelares. Mientras tanto, Fernández mantiene su rechazo a las acusaciones y sostiene que la investigación responde a una disputa política, en tanto que las presuntas irregularidades deberán establecerse mediante el procedimiento judicial.
