El Gobierno nacional oficializó su respuesta al pliego petitorio 2026 de la Central Obrera Boliviana (COB) mediante un extenso documento en el que descarta la posibilidad de un incremento salarial en el corto plazo y plantea, en su lugar, la instalación de un diálogo tripartito entre trabajadores, Estado y sector empresarial. La decisión marca una postura firme del Ejecutivo frente a una de las principales demandas del movimiento obrero.
El documento, firmado por seis ministros de Estado y el Ministerio de la Presidencia, expone los argumentos económicos que —según el Gobierno— impiden aplicar un aumento al salario mínimo y al haber básico en el actual contexto. Además, instruye que el tratamiento del pliego sea canalizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, instancia que liderará el proceso de análisis y eventual negociación.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la decisión responde a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica. “Atender las demandas del pliego petitorio requiere hacerlo sin poner en riesgo la estabilidad que estamos reconstruyendo. Cualquier decisión que desordene nuevamente la economía terminaría afectando, en mayor medida, a los propios trabajadores”, señala la autoridad en el documento oficial.
En el mismo texto, el Ejecutivo reconoce que existe un deterioro en las condiciones de vida de la población, evidenciado en la pérdida del poder adquisitivo, el incremento del costo de vida y las dificultades económicas que enfrentan los hogares bolivianos. Sin embargo, atribuye este escenario a un conjunto de factores estructurales acumulados en los últimos años, entre ellos la caída sostenida de las reservas internacionales, distorsiones en el tipo de cambio y un manejo fiscal que, según el Gobierno, debilitó las finanzas públicas.
Asimismo, el documento sostiene que la actual administración asumió el desafío de reordenar la economía desde el inicio de su gestión, destacando como avances la estabilización del tipo de cambio durante varios meses, la contención de la inflación, el inicio de un proceso de ordenamiento fiscal y la recuperación de la confianza en algunos indicadores económicos. En esa línea, advierte que un incremento salarial podría generar presiones inflacionarias adicionales y comprometer esos avances.
Frente a este panorama, el Gobierno plantea la apertura de un diálogo tripartito como alternativa para abordar las demandas laborales. Este mecanismo incluiría la participación de representantes de los trabajadores, el sector empresarial y el Estado, con el objetivo de construir acuerdos sostenibles que no afecten el equilibrio económico. Según el documento, esta propuesta se enmarca en principios promovidos por organismos internacionales en materia laboral.
Por su parte, la dirigencia de la COB reaccionó al pronunciamiento gubernamental anunciando la convocatoria a un ampliado nacional de emergencia, en el que se analizará el contenido de la respuesta oficial y se definirán las medidas a seguir. Desde el ente matriz de los trabajadores se anticipa un escenario de tensión, ya que el incremento salarial es considerado una demanda central e irrenunciable.
En ese contexto, los dirigentes no descartan asumir medidas de presión en los próximos días, lo que podría derivar en movilizaciones o protestas a nivel nacional si no se logra avanzar en acuerdos concretos con el Ejecutivo.
El rechazo al incremento salarial y la propuesta de diálogo abren una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero, en un momento marcado por dificultades económicas y crecientes demandas sociales. Mientras el Ejecutivo apuesta por la prudencia fiscal y la estabilidad, los trabajadores exigen respuestas inmediatas a la pérdida de ingresos, configurando un escenario que podría intensificarse en el corto plazo.
