El Ministerio Público inició procesos penales contra más de 130 personas acusadas de cometer destrozos y otros delitos durante las movilizaciones y bloqueos registrados en diferentes regiones del país, informaron autoridades gubernamentales.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, indicó que los investigados fueron identificados en acciones que, según afirmó, excedieron el derecho a la protesta y derivaron en daños a bienes públicos.
“Hasta ayer teníamos más de 130 personas que son procesadas, personas que han sido identificadas dentro de estas movilizaciones que han excedido el derecho a la protesta, que han generado deterioro, destrucción a bienes públicos”, declaró Yamil García, viceministro de Transparencia.
Desde hace 28 días, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene un paro indefinido y bloqueos de carreteras en demanda de atención a sus reivindicaciones. A estas medidas se sumaron organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En ese contexto, las protestas derivaron en hechos de violencia, saqueos y robos a comerciantes en la ciudad de La Paz. Además, durante los operativos de desbloqueo, algunos manifestantes utilizaron dinamita para amedrentar a efectivos policiales.
García explicó que los implicados son investigados por distintos tipos penales y aclaró que la cantidad de procesados es referencial, debido a que corresponde a la Justicia definir la situación jurídica de cada caso.
Por otro lado, los datos oficiales difieren del informe presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo, institución que reportó la aprehensión y arresto de 321 personas, de las cuales 221 fueron liberadas.
Según ese reporte, de las 100 personas restantes, al menos 89 fueron imputadas penalmente; 43 fueron absueltas, 19 recibieron detención domiciliaria sin autorización laboral y 12 fueron enviadas con detención preventiva a centros penitenciarios.
Asimismo, otras 10 personas fueron sentenciadas a tres años de cárcel tras acogerse a un procedimiento abreviado. Los implicados fueron detenidos durante el desbloqueo de la carretera Cochabamba–Santa Cruz, en el sector de Parotani.
Los sentenciados accedieron al perdón judicial, lo que les permitió cumplir la condena en libertad. Además, el juez dispuso restricciones como la prohibición de portar explosivos, acercarse a puntos de bloqueo y la obligación de firmar periódicamente un registro judicial.
En paralelo, el Gobierno también investiga el posible financiamiento de las movilizaciones y la procedencia de los recursos utilizados durante las protestas.
“La Fiscalía tiene la posibilidad de secuestrar los teléfonos celulares de los implicados y, a través del trabajo técnico con la policía, se desdobla la información que contienen estos dispositivos donde se va a poder evidenciar con claridad a qué grupos pertenecen, quién les paga, cuánto les pagan”, manifestó García.
La autoridad no descartó que las investigaciones deriven en nuevos procesos por legitimación de ganancias ilícitas contra presuntos financiadores de las movilizaciones.
