La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inició 22 procesos sumarios administrativos contra exfuncionarios acusados de haber obstaculizado la ejecución de sanciones a empresas reguladas, una situación que habría provocado un daño económico preliminar estimado en Bs 500 mil para el Estado.
La investigación fue impulsada tras una denuncia presentada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, que identificó presuntas irregularidades en el manejo de expedientes sancionatorios durante gestiones anteriores. Según las autoridades, varios procesos permanecieron paralizados durante años sin una justificación legal o administrativa.
En una primera revisión realizada en uno de los distritos de la ANH se detectaron 71 procesos sancionatorios que habrían sido congelados de manera irregular, además de otros cuatro casos que terminaron siendo rechazados en instancias judiciales. Las observaciones apuntan a posibles omisiones, retrasos intencionales y falta de seguimiento en la tramitación de los expedientes.
Las investigaciones preliminares señalan a tres exfuncionarios que dejaron la institución en noviembre de 2025, aunque las autoridades aclararon que las indagaciones continúan y que podrían surgir nuevas responsabilidades a medida que avancen las auditorías internas.
Desde la ANH se informó que los 22 procesos administrativos abiertos constituyen únicamente la primera fase de una investigación más amplia. La institución prevé extender las auditorías a otros distritos regionales y a las oficinas centrales con el objetivo de identificar posibles irregularidades similares en el tratamiento de expedientes y sanciones.
Asimismo, la entidad reguladora advirtió que no se descarta la apertura de procesos penales si se encuentran indicios de responsabilidad civil o penal por parte de los involucrados. Las autoridades sostienen que el objetivo es determinar el alcance real del daño económico ocasionado y establecer las sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente.
El caso forma parte de una serie de acciones orientadas a revisar la gestión administrativa de la institución y garantizar la correcta aplicación de sanciones dentro del sector hidrocarburífero, considerado estratégico para la economía nacional.
