El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó que la orden de aprehensión emitida contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, continúa vigente y que el proceso penal en su contra sigue su curso dentro de la justicia boliviana.
La declaración surge en medio de los intentos de distintos sectores por abrir espacios de diálogo para poner fin a los bloqueos y movilizaciones que afectan a varias regiones del país. Uno de los principales pedidos de los sectores movilizados ha sido precisamente la revisión de las acciones judiciales contra sus dirigentes.
Mariaca señaló que no existe ninguna determinación judicial que haya dejado sin efecto el mandamiento de aprehensión y remarcó que las investigaciones continúan desarrollándose conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Asimismo, indicó que el Ministerio Público mantiene el respeto por las decisiones que puedan asumir las autoridades jurisdiccionales en el marco del proceso.
La ratificación de esta medida representa un nuevo elemento de tensión dentro de los esfuerzos para lograr una salida negociada al conflicto. Desde diferentes organizaciones afines a la COB se ha planteado que la situación jurídica de Argollo constituye un obstáculo para avanzar en conversaciones con el Gobierno.
Dirigentes sindicales y representantes de sectores movilizados han manifestado que cualquier acercamiento debe incluir garantías para sus principales líderes, además de la revisión de los casos de personas detenidas durante las protestas registradas en las últimas semanas.
Por su parte, el Gobierno ha sostenido que los procesos judiciales deben seguir su curso de manera independiente y que el diálogo debe desarrollarse dentro del marco legal vigente, sin condicionamientos relacionados con investigaciones o causas penales en trámite.
Los procesos abiertos contra Argollo están vinculados a hechos de violencia ocurridos durante las movilizaciones y protestas registradas en diferentes puntos del país. Entre los hechos investigados se encuentran disturbios, daños a bienes públicos y privados, así como otros incidentes ocurridos durante las jornadas de conflicto.
La situación también involucra a otras personas aprehendidas en el contexto de las protestas. Organizaciones sociales exigen la liberación de los detenidos y la revisión de las actuaciones judiciales, argumentando que estas medidas son necesarias para generar condiciones de confianza que permitan avanzar hacia una solución política.
Mientras tanto, continúan las gestiones de mediación impulsadas por distintos actores institucionales con el objetivo de restablecer el diálogo y encontrar mecanismos que permitan superar la crisis, marcada por bloqueos de carreteras, problemas de abastecimiento y crecientes tensiones sociales en varias regiones del país.
