Representantes de las esposas de efectivos policiales solicitaron al Gobierno nacional la provisión de equipamiento especializado y garantías de protección para los uniformados que participan en los operativos de desbloqueo desarrollados en distintos puntos del país.
La demanda surge en medio de la escalada del conflicto social y tras los recientes enfrentamientos registrados durante intervenciones policiales en carreteras bloqueadas, donde se reportaron agentes heridos.
Roxana Tito, representante de las esposas de policías de Tarija, expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan los efectivos durante el cumplimiento de sus funciones y pidió que el Estado fortalezca las condiciones de seguridad para el personal desplegado.
“Nos preocupa porque los bloqueadores usan armas de fuego. Entonces el gobierno tiene que dotar de equipo antimotín, gases y todo lo que corresponde para resguardar la vida”, afirmó Roxana Tito.
La representante señaló que las familias de los uniformados esperan que, en caso de aplicarse medidas excepcionales para enfrentar el conflicto, se garantice previamente la entrega de los recursos necesarios para proteger a los efectivos en los operativos.
Según la información proporcionada por el sector, alrededor de un centenar de policías provenientes de Tarija fueron enviados a diferentes regiones del país para participar en tareas de restablecimiento de la transitabilidad en las carreteras afectadas por bloqueos.
De forma paralela, asociaciones de esposas de policías de distintos departamentos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que manifestaron su preocupación por las condiciones en las que miles de efectivos desarrollan sus labores durante los conflictos sociales.
En el documento, las organizaciones solicitaron respaldo institucional para los uniformados que intervienen en operativos de control y desbloqueo, así como garantías para el ejercicio de sus funciones.
“Demandamos garantías legales para los efectivos policiales que en cumplimiento de sus funciones constitucionales intervienen en conflictos sociales. Asimismo, solicitamos que se garantice su defensa jurídica y el respeto al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza para evitar que sean abandonados por el Estado”, señala el pronunciamiento.
Las representantes también pidieron que se asegure acompañamiento legal para los efectivos que puedan enfrentar procesos derivados de sus actuaciones en el marco de los operativos, siempre dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.
Finalmente, Roxana Tito advirtió que, de no existir respuestas a las solicitudes planteadas, el sector evaluará asumir nuevas acciones para exigir mayores condiciones de protección para los miembros de la institución policial.
La petición surge en un contexto marcado por operativos de desbloqueo en distintas regiones del país y por la preocupación de las familias de los uniformados ante los riesgos que enfrentan durante el desarrollo de estas intervenciones.
