Las máximas autoridades del Órgano Judicial dieron un plazo de 20 días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para responder a sus demandas de mayor presupuesto y aprobar un paquete de leyes orientadas a modernizar el sistema de justicia. La decisión fue asumida durante la Reunión Nacional de Emergencia realizada en Sucre, donde jueces, vocales y magistrados analizaron la crisis institucional que atraviesa el sector.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó que solicitarán una reunión inmediata con el presidente Rodrigo Paz, su gabinete y la Asamblea Legislativa para exponer sus requerimientos. Advirtió que, si no reciben una respuesta favorable, iniciarán un paro escalonado que comenzará con una suspensión de actividades por 24 horas y que podría convertirse en una paralización indefinida en todo el país.
Entre las principales exigencias se encuentra la asignación del 5% del Presupuesto General del Estado para fortalecer la administración de justicia, mejorar salarios, crear nuevos juzgados, contratar personal de apoyo e impulsar la modernización tecnológica mediante la aprobación de proyectos de ley que permanecen pendientes en el Legislativo.
Desde el Gobierno rechazaron la posibilidad de medidas de presión y plantearon resolver el conflicto mediante el diálogo y mesas de trabajo interinstitucionales. En esa línea, la Vicepresidencia convocó para este jueves 2 de julio a una reunión de emergencia en La Paz con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental para buscar una salida consensuada al conflicto.
