Bolivia participó en la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por Estados Unidos en Washington D.C., donde representantes de más de 60 países analizaron lo que la administración estadounidense considera un incremento del “terrorismo político de extrema izquierda”.
El encuentro contó con la presencia del canciller Fernando Aramayo, quien representó a Bolivia en la reunión, según informó la Cancillería boliviana. Durante la cita, el Gobierno nacional expresó su posición frente a las amenazas que puedan afectar el orden democrático y la estabilidad institucional.
La Cancillería señaló que “todo intento de quebrantar el orden constitucional mediante acciones terroristas o de violencia, financiadas por el crimen transnacional, constituye una amenaza para nuestra democracia y para la estabilidad regional”.
Asimismo, la entidad remarcó que “ninguna democracia puede permanecer indiferente frente a organizaciones criminales que utilizan recursos ilícitos para socavar las instituciones democráticas”, en referencia a la necesidad de enfrentar estructuras relacionadas con actividades ilícitas que, según el Gobierno boliviano, representan un riesgo para la institucionalidad.
La reunión fue impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos con el objetivo de promover una respuesta internacional coordinada frente a lo que Washington identifica como un resurgimiento del terrorismo de izquierda en distintas regiones del mundo.
De acuerdo con la postura del Gobierno estadounidense, este tipo de acciones se habrían registrado en América, Europa, Asia y otras zonas, y representan una amenaza que, según su criterio, no habría recibido suficiente atención por parte de la comunidad internacional en años anteriores.
En ese marco, la administración del presidente Donald Trump informó sobre la designación como organizaciones terroristas de Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria. Además, mantiene una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita afectar las redes de financiamiento de esas organizaciones.
