Los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo alcanzaron un acuerdo para impulsar la aprobación de un proyecto de ley destinado a generar recursos adicionales para el Órgano Judicial y atender la emergencia presupuestaria que atraviesa esta institución.
El consenso establece que la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales sea tratada en la Asamblea Legislativa y promulgada hasta el próximo 6 de agosto. La norma busca regular los depósitos judiciales abandonados o no reclamados dentro de procesos judiciales, además de establecer su transferencia y administración en beneficio del sistema judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, explicó que la normativa permitirá disponer de recursos que actualmente no pueden ser utilizados debido a restricciones legales vigentes desde hace décadas.
“Una ley obsoleta de 1923 nos impedía disponer de estos recursos para alivianar la crisis en el sistema de Justicia. Se han ajustado todos los detalles y, en base al acta que hemos suscrito de conformidad con cada uno de los artículos ya corregidos, se hará llegar a la Asamblea Legislativa para que su tratamiento pueda ser de manera inmediata”, señaló Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
La autoridad judicial indicó que existe un compromiso para que la nueva norma sea promulgada en la fecha prevista y permita atender de manera inmediata las necesidades económicas de la institución.
“Hay un compromiso para que pueda ser promulgada el próximo 6 de agosto para alivianar, de manera inmediata, la situación de emergencia presupuestaria por la que atraviesa el Órgano Judicial”, afirmó Rómer Saucedo.
Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que se estableció una agenda de diferentes proyectos de ley clasificados según su nivel de complejidad y que el acuerdo alcanzado corresponde al primero de estos trabajos.
“Es un proyecto que va a permitir generar una inyección económica de recursos para el Órgano Judicial, de tal manera que se puedan sustentar algunas medidas urgentes”, explicó Yamil García, viceministro de Transparencia.
El acuerdo fue firmado como parte de una serie de acciones coordinadas entre las instituciones del Estado para atender las dificultades financieras del sistema judicial y establecer mecanismos que permitan fortalecer su funcionamiento.
