El expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, permanece aprehendido en dependencias policiales de La Paz en el marco de uno de los procesos judiciales abiertos por el conflicto de los 53 días de bloqueos de carreteras. Tras prestar su declaración informativa, la exautoridad espera que la Fiscalía presente la imputación formal para que un juez defina su situación jurídica.
De acuerdo con la defensa del exdiputado, la investigación fue iniciada a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, que involucra a distintos actores por la presunta comisión de delitos como instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y delitos contra la salud pública, entre otros.
El abogado Marcelo Galván, defensor de Freddy Mamani, explicó que la investigación contra su cliente se sustenta en declaraciones públicas realizadas entre el 16 y el 29 de junio, en las que cuestionó la actuación del Gobierno.
«Respecto al profesor Freddy Mamani, única y simplemente mencionan una declaración que él habría hecho entre el 16 y 29 de junio arremetiendo en contra del Gobierno, acusándolo de mentir a la población y ocultar información. Especialmente hacen énfasis en que él habría expresado sobre la posible abrogación de la Ley de Excepción, que antes se llamaba Ley Copa, en base a las declaraciones de su promotor Carlos Alarcón», señaló Galván.
El jurista sostuvo además que esas manifestaciones no constituyen los delitos que se le atribuyen. «Eso no es instigar ni terrorismo, por lo que, en mi criterio, no encuadra en ninguno de los delitos que ha denunciado el Ministerio de Gobierno», afirmó.
Según la defensa, Freddy Mamani prestó su declaración informativa la noche del lunes, en una audiencia que se desarrolló entre las 22:00 y las 24:00. Tras ese procedimiento, permanece a la espera de que el Ministerio Público emita la imputación formal.
El proceso contra Freddy Mamani continúa en etapa investigativa y será la Fiscalía la que defina la presentación de la imputación formal. Posteriormente, un juez cautelar determinará las medidas que correspondan dentro del caso relacionado con el conflicto de los 53 días de bloqueos.
