El transporte urbano e interprovincial de Santa Cruz determinó dar un plazo de 48 horas al Gobierno nacional para que abrogue el Decreto Supremo 5716, norma que establece el precio del diésel en Bs 17,95 por litro y elimina la subvención estatal a este combustible. La decisión fue asumida durante un ampliado departamental del sector.
Los transportistas sindicalizados, federados y cooperativizados participaron de la reunión, en la que también exigieron al Gobierno instalar un diálogo directo con sus dirigentes dentro del plazo establecido. El sector sostiene que el incremento de los costos generado por el retiro de la subvención afecta el funcionamiento del transporte y la actividad de sus afiliados.
Los dirigentes Bismark Daza, del transporte federado, y Mario Guerrero, representante del transporte urbano, informaron sobre las determinaciones asumidas al finalizar el ampliado, que reunió a representantes de diferentes provincias del departamento de Santa Cruz. Ambos señalaron que esperan una respuesta del Gobierno antes de ejecutar nuevas medidas.
En caso de que no exista una respuesta favorable dentro de las próximas 48 horas, el sector anunció un repliegue de operaciones por 48 horas, acompañado de movilizaciones. La medida está prevista para comenzar el lunes 5 de octubre y alcanzaría tanto al transporte urbano como al interprovincial del departamento.
Mario Guerrero señaló que el sector decidió avanzar con el repliegue y las movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5716, al tiempo que pidió al Gobierno considerar la abrogación de la norma y abrir un espacio de diálogo. También expresó disculpas a la población usuaria ante las posibles dificultades que podría generar la suspensión de los servicios.
La determinación se suma a las acciones de presión que el transporte cruceño analiza frente al nuevo precio del diésel y al retiro de la subvención. El cumplimiento del plazo otorgado y una eventual convocatoria al diálogo definirán si el paro anunciado para el lunes 5 de octubre se concreta o si se abre una instancia de negociación entre el Gobierno y el sector.
