El vicepresidente Edmand Lara convocó para el lunes 5 de octubre, a las 15:00, a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para analizar la situación del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, luego de los señalamientos realizados por Estados Unidos en su contra. La sesión también abordará la situación de otras autoridades bolivianas alcanzadas por restricciones de visa anunciadas por Washington.
La convocatoria fue realizada a solicitud de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Castro y Diego Ávila, quienes plantearon que Mariaca se aparte del cargo mientras se esclarecen las acusaciones y que se activen mecanismos institucionales de investigación. El Gobierno, por su parte, anunció que gestionará ante Estados Unidos la documentación que sustenta los señalamientos.
Lara explicó que una eventual destitución del fiscal general no podría realizarse mediante una decisión inmediata del pleno legislativo. Según detalló, si corresponde iniciar un juicio de responsabilidades, el caso tendría que pasar primero por la Comisión de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados y posteriormente llegar al Senado, donde se conformaría un Tribunal de Sentencia para desarrollar el proceso.
De acuerdo con la explicación del vicepresidente y con el procedimiento establecido para este tipo de autoridades, una eventual destitución se produciría después de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Lara estimó que todo el proceso podría extenderse por al menos cinco meses y señaló que, una vez producida una eventual destitución, la Asamblea tendría un plazo de tres meses para designar a un nuevo fiscal general.
La sesión del 5 de octubre también servirá para conocer los antecedentes que puedan ser remitidos desde Estados Unidos. Lara informó que, mediante la Cancillería, se solicitaron al Departamento de Estado los elementos relacionados con las acusaciones contra Mariaca y las demás autoridades incluidas en la lista. Además, se requirió información a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la Policía Boliviana y otras instituciones nacionales.
El caso se originó después de que Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra ciudadanos latinoamericanos y señalara específicamente a Mariaca por presuntas conductas vinculadas con sobornos y facilitación del narcotráfico. El fiscal general rechazó los señalamientos y afirmó que continuará ejerciendo sus funciones. Mientras avanzan las gestiones para obtener la documentación, la Asamblea deberá analizar los antecedentes y determinar qué acciones institucionales corresponden.
