La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia, luego de recibir solicitudes de fundaciones provida e iglesias que pidieron socializar la propuesta antes de iniciar el debate.
El diputado proyectista, Diego Brañez, informó que llegaron más de cinco notas de estas organizaciones y expresó su preocupación por la postergación. El legislador pidió que la iniciativa sea priorizada antes de que concluya la actual gestión legislativa.
La propuesta busca garantizar cuidados paliativos gratuitos y de calidad para personas con enfermedades graves y terminales. Asimismo, plantea que los adultos que cumplan determinados requisitos médicos y legales puedan solicitar la eutanasia por decisión propia, con la evaluación de una junta de profesionales.
Entre las condiciones planteadas figuran la confirmación del diagnóstico por dos médicos especialistas independientes, una evaluación psicológica o psiquiátrica y un periodo de reflexión de 15 días. También se contempla que la persona pueda desistir de su decisión en cualquier momento, incluso antes del procedimiento.
Brañez sostuvo que aproximadamente el 80% del proyecto está relacionado con los cuidados paliativos, aspecto en el que, según afirmó, existiría coincidencia con planteamientos de la Iglesia. El diputado defendió la autonomía de las personas para decidir sobre su situación, respetando también las creencias de quienes tienen una posición diferente.
El debate cobra mayor relevancia por el caso de Aldrin Ichuta, un joven de El Alto que padece cáncer y pidió públicamente que la Asamblea Legislativa considere la aprobación de esta normativa, debido al dolor que enfrenta por su enfermedad.
El proyectista anunció que buscará que la propuesta sea incluida nuevamente en la agenda legislativa. En caso de no conseguirlo antes del cierre de la gestión, adelantó que presentará nuevamente el proyecto durante los primeros días de noviembre.
Por el momento, la iniciativa continúa pendiente de tratamiento y no constituye una ley vigente en Bolivia.
