El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, denunció este jueves el presunto robo de medicamentos de alto costo destinados a pacientes con cáncer en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO). Según la autoridad, un funcionario del establecimiento habría sustraído estos fármacos para comercializarlos posteriormente a través de una farmacia particular, ofreciendo los medicamentos a pacientes que necesitaban continuar con sus tratamientos.
De acuerdo con la denuncia, los medicamentos eran retirados durante la noche y la madrugada. Ayllón señaló que algunos de estos productos tenían un elevado valor económico y que, según las publicaciones de prensa, las cifras mencionadas varían: Correo del Sur reportó precios de entre Bs 8.000 y Bs 10.000 por unidad, mientras que ERBOL recogió declaraciones del Gobernador que mencionan montos de entre Bs 15.000 y Bs 100.000.
La autoridad también indicó que existirían indicios de que los medicamentos originales estarían siendo sustraídos y reemplazados por otros productos, situación que podría poner en riesgo la salud de los pacientes oncológicos. Asimismo, las investigaciones internas habrían identificado irregularidades en los registros de farmacia y posibles fallas en los controles de seguridad y vigilancia.
Entre otros aspectos, la Gobernación informó que se investiga la posible participación de más funcionarios, además de presuntas irregularidades relacionadas con ampollas sin registro sanitario ni identificación, medicamentos vencidos y recetas con posibles alteraciones en las cantidades solicitadas.
Ante estos hechos, Ayllón anunció que se iniciarán acciones penales contra las personas presuntamente involucradas y que se realizará una intervención en el ICO para establecer cuánto medicamento habría sido sustraído, desde cuándo se habrían producido estos hechos y quiénes serían los responsables.
La denuncia genera preocupación debido a que los medicamentos estaban destinados a pacientes que enfrentan tratamientos contra el cáncer y que, en muchos casos, dependen del sistema público para acceder a fármacos de alto costo. Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades y determinar si existió una red de comercialización irregular dentro de la institución.
