En medio del conflicto social que atraviesa Bolivia y mientras la Central Obrera Boliviana (COB) ratificaba la continuidad de las movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz firmó acuerdos con la Alcaldía de El Alto y organizaciones sociales para ejecutar proyectos de desarrollo, infraestructura y conectividad por más de Bs 260 millones, destacando que el Gobierno continúa trabajando pese a los bloqueos que afectan al país.

Mientras la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaba la continuidad de sus medidas de presión y exigía una respuesta inmediata a su pliego de demandas, el presidente Rodrigo Paz encabezó la firma de acuerdos con el alcalde de El Alto, Eliser Roca, y representantes de distintos sectores para impulsar obras y proyectos de desarrollo en esa ciudad.

Durante el acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario informó que se destinarán más de Bs 260 millones a diferentes iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura, la conectividad y los servicios básicos en beneficio de la población alteña.

Paz detalló que Bs 217 millones serán invertidos en proyectos vinculados al desarrollo local y a la mejora de la conectividad, con el objetivo de facilitar el comercio, la producción y el transporte de bienes hacia distintos puntos del país.

“Con la buena voluntad de trabajar entre instituciones como la Alcaldía de El Alto y el Gobierno nacional se están resolviendo proyectos que permitirán no solo el desarrollo local, sino también fortalecer la conectividad para el comercio y la producción”, afirmó el jefe de Estado.

Entre las medidas anunciadas también destaca la entrega de 300 antenas Starlink para unidades educativas de El Alto. Según explicó el mandatario, esta iniciativa busca mejorar el acceso a internet y fortalecer las herramientas tecnológicas disponibles para estudiantes y docentes.

Asimismo, el presidente confirmó que ya se trabaja en la ejecución del proyecto de alcantarillado para el Distrito 7, una obra que demandará una inversión cercana a Bs 38 millones y que beneficiará a miles de familias de esa zona.

Con estas inversiones, el monto total comprometido supera los Bs 260 millones, cifra que, según Paz, sobrepasa las expectativas iniciales y refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la ciudad alteña.

Las declaraciones se produjeron en una jornada marcada por la tensión social. Paralelamente, la COB ofreció una conferencia de prensa en la que su máximo dirigente, Mario Argollo, ratificó que las movilizaciones y bloqueos continuarán mientras el Gobierno no atienda las demandas presentadas por la organización sindical.

Argollo sostuvo que la protesta busca defender los intereses de la población y aseguró que los trabajadores continuarán movilizados hasta obtener respuestas concretas. Sin embargo, también reconoció las dificultades generadas por las medidas de presión y pidió disculpas a los ciudadanos afectados.

“Así como un dirigente sabe llamar a la movilización, también tiene que saber llamar a la paz. Mil disculpas a todos los ciudadanos que tal vez no han comprendido nuestra movilización, pero ha sido en beneficio del país”, expresó el líder sindical antes de retirarse sin responder preguntas de la prensa.

El conflicto social en Bolivia cumple 47 días, con bloqueos y movilizaciones que han provocado problemas de abastecimiento, afectaciones económicas y una creciente demanda de distintos sectores para encontrar una salida mediante el diálogo.

Mientras la COB insiste en mantener la presión, el Gobierno busca mostrar avances en gestión y obras públicas, apostando por la inversión y la ejecución de proyectos como parte de su estrategia para enfrentar la crisis y recuperar la normalidad en el país.

Organizaciones campesinas e indígenas afines al movimiento Túpac Katari condicionaron la apertura de un diálogo con el presidente Rodrigo Paz al cumplimiento de cinco demandas que consideran urgentes para enfrentar la crisis económica y social. Advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable en las próximas 24 horas, las movilizaciones podrían intensificarse.

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, junto a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y otras organizaciones sociales, presentó este martes un pliego de cinco condiciones para iniciar un diálogo con el Gobierno nacional.

A través de una carta dirigida al presidente Rodrigo Paz, los sectores movilizados señalaron que estas medidas son necesarias para generar confianza y avanzar en la búsqueda de soluciones a la crisis que atraviesa el país.

Entre las principales demandas se encuentra la creación inmediata de una Comisión de Revisión del Combustible que verifique la calidad de los carburantes en los puntos fronterizos antes de su ingreso al territorio nacional.

Asimismo, exigen la regulación temporal de las obligaciones financieras por un periodo de seis meses, la abrogación de decretos supremos que consideran inconstitucionales, la promulgación de un decreto de amnistía presidencial con restitución plena de garantías y la derogación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción.

Las organizaciones sostienen que estas condiciones no están sujetas a modificaciones parciales y otorgaron un plazo de 24 horas para que el Gobierno atienda sus exigencias como muestra de buena fe.

En el documento, los dirigentes advierten que, si no existe una respuesta favorable dentro del plazo establecido, las protestas sociales podrían masificarse en distintos puntos del país.

La posición de los sectores campesinos surge en medio de los intentos del Gobierno y de la Central Obrera Boliviana por abrir espacios de diálogo para encontrar una salida al conflicto social que ya supera las seis semanas y continúa afectando la transitabilidad, el abastecimiento y la actividad económica en varias regiones del país.

Mientras el Gobierno insiste en el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto, los sectores movilizados mantienen la presión y esperan una respuesta oficial a sus demandas en las próximas horas.

La Central Obrera Boliviana (COB) presentó una conminatoria al presidente Rodrigo Paz con una amplia agenda para la pacificación y recuperación del país, mientras que el Gobierno confirmó su disposición a participar en el diálogo, aunque pidió que este proceso se desarrolle sin condiciones previas.

En medio de 47 días de conflicto y 42 de bloqueos, la Central Obrera Boliviana remitió al presidente Rodrigo Paz un documento denominado “Conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país”, elaborado junto a organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, vecinales, gremiales, transportistas y otros sectores movilizados.

La COB exige una respuesta inmediata del Ejecutivo y plantea la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal y la no judicialización de la protesta social. Además, solicita que cualquier acuerdo sea trabajado bajo una agenda pública, con plazos definidos, compromisos verificables y mecanismos de control social.

Entre sus principales demandas figuran el rechazo a la criminalización de las protestas, la liberación de detenidos vinculados a las movilizaciones, la suspensión de proyectos de ley considerados antibloqueos y el cumplimiento de compromisos electorales. También pide investigar los casos denominados “narcomaderas” y “narcomaletas”, además de garantizar estabilidad laboral, proteger la canasta familiar y evitar incrementos en el precio de los combustibles.

Horas después de la presentación de la conminatoria, el canciller Fernando Aramayo confirmó que el Gobierno participará en cualquier espacio de diálogo convocado por la COB. La autoridad destacó que el Ejecutivo ha apostado por el diálogo desde el inicio del conflicto y consideró que la convocatoria representa una señal de madurez política.

No obstante, Aramayo sostuvo que el proceso debe desarrollarse de manera transparente, realista y sin condiciones previas. Asimismo, remarcó que las negociaciones no deben depender únicamente de la presencia del presidente, sino también de los ministros responsables de cada área involucrada en las demandas.

Con ambas partes manifestando disposición a dialogar, la atención ahora se centra en si el acercamiento permitirá avanzar hacia una solución que contribuya a reducir la conflictividad y restablecer la normalidad en el país.