El juicio oral por los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024 comenzó este lunes en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con la presencia del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, principal acusado en el proceso. Durante la instalación de la audiencia, su abogado defensor afirmó que el caso responde a una supuesta emboscada contra las Fuerzas Armadas y responsabilizó al entonces Gobierno de Luis Arce.
El abogado y defensor de Juan José Zúñiga, sostuvo que la defensa mantiene la postura de que los acontecimientos registrados hace dos años no constituyeron un golpe de Estado, sino una acción dirigida contra la institución militar.
“Nosotros nos basamos en una teoría muy clara: ha habido una emboscada que se ha hecho a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno de Luis Arce Catacora y quien debería estar en este momento sentado ahí es Luis Arce, Hugo Moldiz, Eduardo Del Castillo, Edmundo Novillo y todo el séquito de ese grupo delincuencial que ha gobernado este país”, afirmó el abogado de Zúñiga.
Asimismo, el jurista reiteró que, a su criterio, el objetivo de los hechos de junio de 2024 fue afectar a las Fuerzas Armadas y no al Estado boliviano.
“Arce ha organizado todo para hacer una emboscada a las Fuerzas Armadas. El golpe no era al Estado, el golpe era a las Fuerzas Armadas”, declaró el sujeto.
La audiencia fue instalada después de las 10:00 y, tras varias horas de desarrollo, el Tribunal determinó declarar un cuarto intermedio. De acuerdo con la información proporcionada por la defensa, el juicio fue programado para reinstalarse a las 14:30.
Para participar en el proceso judicial, Juan José Zúñiga fue trasladado desde el penal de El Abra, en Cochabamba, hasta la ciudad de La Paz, donde enfrenta el juicio como principal acusado por el movimiento militar registrado el 26 de junio de 2024.
Según la acusación, Zúñiga encabezó el despliegue de efectivos militares que ingresaron a la Plaza Murillo, hecho que en su momento fue calificado por el entonces presidente Luis Arce como un intento de golpe de Estado. El proceso judicial continuará con la presentación de pruebas y los alegatos de las partes.
