La Defensoría del Pueblo presentó su segundo informe trimestral sobre la conflictividad social en Bolivia, en el que reporta 212 conflictos activos entre abril y junio de 2026, además de 34 conflictos que quedaron en etapa de anuncio. La institución instó a las autoridades de todos los niveles del Estado a fortalecer las acciones preventivas para evitar la escalada de las protestas.
De acuerdo con el reporte, el departamento de La Paz concentró la mayor cantidad de conflictos con 91 casos, seguido por Cochabamba con 32, Santa Cruz con 23, Beni con 18, Potosí con 15, Oruro con 13, Tarija con 12, Chuquisaca con seis y Pando con dos.
El documento también establece que el bloqueo volvió a ser la principal medida de presión utilizada por los sectores movilizados, con un total de 89 registros. Le siguieron las marchas (43), los mítines de protesta (22), los paros (18), los estados de emergencia (16) y las tomas de instituciones (9). Asimismo, se registraron enfrentamientos, vigilias, huelgas de hambre y un cacerolazo.
En cuanto a la naturaleza de las demandas, la Defensoría identificó que la mayor parte de los conflictos estuvo relacionada con temas de política y gobernanza, que sumaron 141 casos. El informe señala que en esta categoría se incluyen reclamos vinculados con la gestión pública, cuestionamientos a autoridades, el desabastecimiento de combustibles y solicitudes de renuncia de autoridades, entre otros.
“Dentro de esta categoría se encuentran demandas relacionadas con la gestión administrativa, el cuestionamiento a autoridades, la calidad y el desabastecimiento de combustibles, la renuncia de autoridades y otros asuntos vinculados a la gestión pública”, señala el informe de la Defensoría del Pueblo.
El reporte también identifica conflictos relacionados con la economía, el empleo, la educación, la salud y otras áreas sociales. En materia de derechos, la institución indica que el derecho a la libre circulación fue el más afectado, principalmente por la instalación de bloqueos en diferentes regiones del país.
Durante la presentación del informe, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a reforzar las estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos para evitar escenarios de mayor tensión.
“La experiencia demuestra la importancia de consolidar sistemas de alerta temprana, prevención y gestión pacífica de conflictos para evitar el escalamiento de la violencia y proteger los derechos humanos”, afirmó Pedro Callisaya, defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo señaló que continuará realizando el seguimiento a la conflictividad social en el país con el objetivo de contribuir a la protección de los derechos humanos y promover mecanismos de diálogo para la resolución de las demandas ciudadanas.
