El compromiso del Gobierno de eliminar las subvenciones a los combustibles durante 2027 ha generado preocupación por sus posibles efectos en la economía de las familias bolivianas. El coronel del Ejército en servicio pasivo, Marcelo Treviño, advirtió que el incremento en el precio de los carburantes podría provocar un efecto multiplicador en los costos de transporte, producción y distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad.
Treviño sostuvo que el encarecimiento de la gasolina y el diésel repercutiría directamente en la canasta familiar, afectando principalmente a los sectores de menores ingresos. En su análisis, el aumento de los costos operativos de transporte y producción terminaría trasladándose al consumidor final.
El Gobierno asumió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el compromiso de eliminar las subvenciones a los combustibles durante 2027 y establecer precios que permitan recuperar los costos de abastecimiento desde enero. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que la medida entre en vigencia específicamente el 13 de enero, ni se han establecido los nuevos precios definitivos de la gasolina y el diésel.
La discusión también se produce en medio de cuestionamientos por la inclusión de aproximadamente 11.000 millones de bolivianos para subvencionar combustibles en el proyecto del Presupuesto General del Estado 2027. El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que esos recursos fueron incorporados considerando la normativa vigente, aunque dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes durante la próxima gestión.
En el ámbito político, Treviño relacionó la preocupación económica con la controversia generada por los audios atribuidos al exasesor presidencial Fernando Cerimedo, en los que aparecen conversaciones con autoridades y personas del entorno del presidente Rodrigo Paz. Las grabaciones contienen referencias a nombramientos, decisiones gubernamentales y estrategias frente a conflictos sociales.
Al menos una docena de audios fueron difundidos públicamente y algunos fueron examinados por plataformas independientes de verificación. No obstante, la Fiscalía anunció el 4 de noviembre la conformación de una comisión para investigar las grabaciones y establecer su autenticidad mediante los procedimientos correspondientes.
Treviño también expresó preocupación por las referencias a un posible Estado de Excepción. Una de las conversaciones difundidas alude a esa medida durante los conflictos sociales registrados en mayo y junio de este año; sin embargo, no existe confirmación oficial de que el Gobierno esté preparando una nueva declaratoria para enero de 2027.
El coronel considera que la combinación de ajustes económicos, malestar social y cuestionamientos políticos podría profundizar la conflictividad en el país. Sus advertencias se suman al debate sobre cómo se aplicará el retiro de las subvenciones y qué mecanismos de protección se implementarán para evitar que el impacto recaiga sobre las familias bolivianas.
