El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, propuso la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, vicepresidente y todos los asambleístas nacionales como una alternativa democrática frente a la crisis generada por más de un mes de bloqueos y conflictos sociales. El legislador sostuvo que cualquier cambio de autoridades debe producirse únicamente mediante el voto ciudadano y no por presión de movilizaciones o acciones de fuerza.
En medio del conflicto social que atraviesa Bolivia y que ya supera los 30 días de bloqueos en distintas regiones del país, el diputado de Unidad y abogado constitucionalista Carlos Alarcón planteó la convocatoria a un “referéndum revocatorio extraordinario” como una posible salida institucional a la crisis.
La propuesta fue difundida a través de una extensa reflexión publicada en sus redes sociales, donde el legislador advirtió que el país atraviesa un escenario de alta tensión política y social que podría derivar en mayores niveles de confrontación si no se encuentra una solución consensuada dentro del marco democrático.
Alarcón señaló que la situación actual ha llevado a Bolivia a un “callejón sin salida”, marcado por bloqueos de carreteras, problemas de abastecimiento, pérdidas económicas y un creciente malestar ciudadano. En ese contexto, remarcó que las autoridades elegidas por voto popular deben ser removidas únicamente mediante mecanismos democráticos y no a través de presiones que puedan poner en riesgo la estabilidad institucional.
“El principio fundamental de la democracia es que quien llega al poder por el voto solo puede ser removido por el voto”, sostuvo el legislador, al explicar los fundamentos de su iniciativa.
Según su planteamiento, la Asamblea Legislativa Plurinacional debería aprobar una ley interpretativa de la Constitución Política del Estado con el respaldo de dos tercios de los votos. Esa norma permitiría convocar a una consulta nacional extraordinaria en un plazo aproximado de tres meses.
La propuesta contempla que la población decida, mediante sufragio, la continuidad o no del presidente Rodrigo Paz, del vicepresidente del Estado y de todos los asambleístas nacionales, tanto titulares como suplentes.
De acuerdo con Alarcón, si la mayoría de los ciudadanos vota por mantener a las autoridades en sus cargos, el Gobierno y la Asamblea continuarían ejerciendo sus funciones hasta la conclusión de su mandato en 2030. En cambio, si triunfa la opción de revocar los mandatos, se debería convocar de manera inmediata a nuevas elecciones generales.
El diputado explicó que, según los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral, un proceso electoral completo podría desarrollarse en aproximadamente cinco meses, incluyendo una eventual segunda vuelta.
La propuesta surge en un contexto de persistentes movilizaciones encabezadas por sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, que inicialmente plantearon demandas sectoriales, pero que posteriormente concentraron sus exigencias en la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Durante las últimas semanas se realizaron diversos intentos para instalar mesas de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados. Sin embargo, las negociaciones no lograron consolidarse debido a desacuerdos sobre las condiciones previas para iniciar conversaciones.
Para Alarcón, el principal riesgo es que la crisis derive en una mayor polarización y en escenarios de violencia que terminen afectando a la población. Por ello, insistió en que cualquier salida debe respetar el orden constitucional y preservar la institucionalidad democrática.
“No podemos permitir que la violencia deponga gobiernos ni que se sustituya la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia debe ofrecer mecanismos para resolver las crisis sin poner en riesgo la estabilidad del Estado”, afirmó.
El legislador concluyó que un referéndum revocatorio extraordinario podría convertirse en una vía para que la ciudadanía defina directamente el rumbo político del país y contribuya a desactivar un conflicto que continúa generando impactos económicos y sociales en varias regiones de Bolivia.
