Al menos cinco personas fueron aprehendidas en el marco de la investigación por el asesinato del médico César Antonio Reyes y la tortura de su colega, ocurrido la madrugada del lunes en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni. El fiscal departamental, Orlando Aramayo, informó que los operativos permitieron identificar a presuntos involucrados en el hecho, cuyas responsabilidades deberán establecerse durante el proceso investigativo.
Según la autoridad fiscal, durante uno de los operativos realizados el lunes, en un inmueble ubicado entre las zonas Moperita y Nueva Trinidad, se encontraron armas de fuego, chalecos antibalas y sustancias controladas. Estos elementos fueron incorporados a las actuaciones investigativas para esclarecer la posible relación de los ocupantes del inmueble con el crimen.
Aramayo señaló que las personas identificadas serían aparentemente de nacionalidad extranjera. Sin embargo, las circunstancias de su participación y los posibles vínculos con el asesinato todavía deben ser determinados por las autoridades competentes, a partir de los indicios recolectados y las diligencias correspondientes.
La investigación se inició tras el ataque registrado en el domicilio de César Antonio Reyes, donde el médico fue encontrado sin vida, atado y amordazado. Su colega, quien había llegado desde Santa Cruz para visitarlo, también fue sometido a violencia y tortura, pero sobrevivió y fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.
El fiscal departamental informó además que los presuntos autores habrían sustraído una caja fuerte de la vivienda. Durante la verificación del domicilio se constató que el objeto ya no se encontraba en el lugar. De acuerdo con los familiares, se trataba de una caja de aproximadamente un metro y medio de tamaño y de considerable peso.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del asesinato, establecer el móvil del ataque y determinar si las personas aprehendidas participaron en el robo y las agresiones. Las autoridades deberán reunir y contrastar las pruebas para definir la situación jurídica de los investigados, respetando la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
