La Asamblea Legislativa Plurinacional reanuda este lunes sus actividades tras el receso parlamentario de medio año con una agenda marcada por cinco temas prioritarios, entre ellos el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026, la elección judicial complementaria y el análisis de las denominadas leyes fundamentales impulsadas por el Gobierno.
Entre los principales desafíos también figuran el debate sobre la propuesta de redistribución de recursos bajo el esquema 50/50, la discusión de un nuevo Pacto Fiscal y el tratamiento de los proyectos de ley remitidos por el Órgano Judicial.
Mientras tanto, el Órgano Ejecutivo busca consolidar un acuerdo político que permita viabilizar estas iniciativas. Según el reporte, el Gobierno pretende lograr el respaldo de fuerzas políticas como Libre y Unidad para avanzar en un “gran acuerdo nacional por la patria”.
Uno de los proyectos pendientes es la modificación del PGE 2026, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora espera su tratamiento en el Senado. También permanece en análisis el proyecto de ley para convocar a la preselección y elección complementaria de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Además, el Ejecutivo anunció que antes de enviar las leyes fundamentales al Legislativo estas serán sometidas a una revisión técnica y jurídica. Entre las normas previstas se encuentran las nuevas leyes de Hidrocarburos, Inversiones, Minería, Electricidad, Reforma de la Justicia, Seguridad Nacional, Reducción del Estado y de la Burocracia, además de una nueva Ley Electoral.
En relación con la propuesta del 50/50, sectores oficialistas señalaron que primero deben aprobarse las leyes estructurales antes de avanzar en una nueva redistribución de recursos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas.
Por su parte, el analista Carlos Cordero sostuvo que el retorno del Legislativo representa una oportunidad para construir acuerdos políticos que permitan impulsar una agenda de reformas. Afirmó que los cambios estructurales requieren consensos entre las distintas fuerzas con representación parlamentaria y consideró que el escenario actual favorece el diálogo político por encima de la confrontación.
