Autoridades municipales, dirigentes vecinales y representantes de organizaciones sociales de Pocoata expresaron su rechazo a las versiones que responsabilizan a la población local por la muerte de tres jóvenes acusados de robo de vehículo y solicitaron el regreso inmediato de la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial, que abandonaron la región tras los hechos violentos registrados el pasado 29 de mayo.
Durante un pronunciamiento público realizado en el Salón Rojo del municipio, los representantes locales respaldaron las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público para esclarecer la muerte de Félix C.P. (28), Eloy C.C. (24) y Riner M.F. (22), quienes fueron retirados por la fuerza de dependencias policiales y posteriormente encontrados sin vida en el Cementerio General de Pocoata.
En el documento leído ante la población, las autoridades manifestaron su disposición a colaborar con el proceso investigativo. “Creemos que se deben realizar las investigaciones pertinentes a los hechos sucedidos y, en su caso, sancionar a quienes corresponda”, señala el pronunciamiento.
El caso generó repercusión nacional debido a la gravedad de los hechos, considerados entre los episodios más violentos de justicia por mano propia registrados en los últimos años en el norte del departamento de Potosí.
Las autoridades y organizaciones sociales insistieron en que los responsables del ataque no serían habitantes de la zona urbana de Pocoata. Según indicaron, las personas involucradas habrían llegado desde comunidades cercanas tras conocer la aprehensión de los sospechosos por un presunto robo de vehículo.
“Afirman de forma equivocada que los pobladores de Pocoata lincharon a tres personas, sin ser cierto”, sostuvieron durante la lectura del comunicado, argumentando que el hecho ocurrió durante horas de la noche, cuando gran parte de la población permanecía en sus domicilios.
Dirigentes vecinales y representantes cívicos respaldaron esa postura y destacaron que el municipio históricamente ha recurrido a las instituciones estatales para la resolución de conflictos. “En Pocoata tenemos Fiscalía, Policía y Juzgado. Siempre hemos respetado esas instancias”, afirmó uno de los dirigentes durante el acto público.
La preocupación de las organizaciones locales aumentó luego de que la Policía Boliviana confirmara el retiro de sus efectivos y del personal del Ministerio Público de la región.
El comandante regional del norte de Potosí, coronel Luis Alejandro Meneses, explicó que la decisión fue adoptada después de los ataques sufridos por las instalaciones policiales y por razones de seguridad para los funcionarios. “Todos los activos en cuanto a infraestructura y vehículos fueron entregados al personal de la Alcaldía Municipal. Hemos retirado al personal policial del lugar. El Ministerio Público también se ha retirado”, declaró.
De acuerdo con el jefe policial, alrededor de 200 personas ingresaron por la fuerza a las dependencias policiales, dañaron infraestructura estatal y sacaron a los tres detenidos que se encontraban bajo custodia. Posteriormente, los jóvenes fueron trasladados primero a la plaza principal y luego al cementerio del municipio, donde perdieron la vida.
Meneses informó además que se intentó movilizar personal de apoyo desde otras regiones del norte potosino, aunque los bloqueos de carreteras impidieron el desplazamiento oportuno de los efectivos. “Mandamos un contingente de treinta personas para brindar apoyo; sin embargo, por los bloqueos no hemos podido pasar. Había amenazas incluso de dinamitar sectores por donde debíamos ingresar”, explicó.
Pese a los hechos ocurridos, las organizaciones sociales consideran que el retiro de las instituciones públicas profundiza la incertidumbre y deja a la población en una situación vulnerable. “No merecemos ni permitiremos que nuestro municipio se convierta en un pueblo sin autoridades ni leyes. Retirar a las instituciones no solucionará lo sucedido”, señala el pronunciamiento.
En ese contexto, las autoridades municipales y originarias garantizaron públicamente condiciones de seguridad para que policías, fiscales, jueces y demás servidores públicos retomen sus funciones en la región.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones por el delito de asesinato para identificar a las personas que participaron en el asalto al módulo policial, promovieron la movilización y ejecutaron el triple crimen.
El caso ha reactivado el debate sobre la justicia por mano propia, el alcance de la presencia estatal en zonas alejadas y los desafíos que enfrentan las instituciones para prevenir hechos de violencia colectiva que ponen en cuestión la autoridad del Estado.
