Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), las federaciones de juntas vecinales (Fejuves) de El Alto y representantes de las 20 provincias del departamento de La Paz determinaron mantener las medidas de presión y los bloqueos de carreteras, descartando por el momento cualquier cuarto intermedio o pausa humanitaria.
La decisión fue asumida durante una reunión entre organizaciones sociales, donde se ratificó la continuidad de las movilizaciones mientras no se atiendan sus demandas. Entre las principales exigencias figura el levantamiento de la denuncia y la orden de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo, condición que consideran necesaria para avanzar hacia un diálogo formal con el Gobierno.
Aunque desde algunos sectores se planteó la posibilidad de habilitar una pausa humanitaria para permitir el ingreso de alimentos, medicamentos y combustibles a las regiones afectadas, la propuesta no prosperó y los dirigentes confirmaron que las medidas de presión continuarán.
Durante el encuentro también se expresaron observaciones a la posibilidad de impulsar modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE). Los dirigentes sostienen que cualquier reforma podría afectar las disposiciones relacionadas con la protección y administración de los recursos naturales, por lo que manifestaron su rechazo a abrir un debate constitucional en el actual contexto político.
Asimismo, los representantes sociales señalaron que el conflicto no se limita únicamente a demandas sectoriales, sino que abarca temas vinculados al futuro político e institucional del país. En ese marco, ratificaron su postura de mantener las movilizaciones mientras no existan respuestas concretas a sus planteamientos.
Las organizaciones también recordaron la vigencia de una resolución emitida por el denominado “Pacto de Unidad”, que establece que ningún dirigente nacional o departamental puede asistir a mesas de negociación sin autorización previa de las bases. El documento además exige la liberación de las personas detenidas durante las movilizaciones como requisito previo para cualquier acercamiento con las autoridades.
Con estas determinaciones, los sectores movilizados mantienen el escenario de presión sobre el Gobierno y dejan en suspenso la posibilidad de una negociación inmediata para solucionar el conflicto que afecta a varias regiones del país.
