La Central Obrera Boliviana (COB) entregó al presidente Rodrigo Paz Pereira una conminatoria acompañada de una propuesta de agenda destinada a encaminar la pacificación y la recuperación económica del país. El documento fue elaborado junto a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, vecinales, gremiales, mineras, fabriles y del transporte que participan en las movilizaciones.
La dirigencia de la COB demandó una respuesta inmediata del Gobierno a una serie de planteamientos que, según sostiene, buscan generar condiciones para superar el conflicto social que atraviesa Bolivia desde hace más de un mes. Asimismo, solicitó la participación del Fiscal General del Estado como garante de que no existan procesos judiciales ni persecución penal contra dirigentes y participantes de las protestas.
La propuesta también establece que cualquier acuerdo entre el Gobierno y los sectores movilizados sea desarrollado mediante una agenda pública, con plazos definidos, actas verificables y compromisos sujetos a seguimiento y evaluación.
Entre las principales demandas, la organización obrera plantea el rechazo a la criminalización de la protesta social, la paralización de iniciativas legislativas que considera restrictivas para las movilizaciones y la liberación de personas detenidas durante los conflictos. Además, solicita el cese de actos de discriminación contra organizaciones sociales y el respeto a la estructura sindical y popular del país.
La COB también exige el cumplimiento de compromisos asumidos durante la campaña electoral, la aprobación de una norma que garantice el seguimiento a las promesas gubernamentales mediante mecanismos de control social y la preservación de empresas y servicios estatales. De igual forma, pide transparencia en eventuales negociaciones con organismos internacionales y propone avanzar en una distribución equitativa de recursos entre el nivel central, gobernaciones y municipios.
En materia de fiscalización, el documento demanda la conformación de una comisión especial mixta para investigar los casos conocidos públicamente como “narcomaderas” y “narcomaletas”, además de indagar posibles vínculos de actores externos con estructuras estatales.
Respecto al sector hidrocarburífero, la COB rechaza cualquier incremento en el precio de los combustibles y solicita compensaciones para los ciudadanos afectados por la distribución de carburantes presuntamente defectuosos. Asimismo, plantea la realización de una auditoría técnica independiente para evaluar la situación del sector.
La agenda presentada también incorpora medidas orientadas a proteger el poder adquisitivo de la población, garantizar la estabilidad laboral y fortalecer el sistema de seguridad social. Entre sus propuestas figura la creación de mecanismos que permitan mejorar las condiciones de jubilación para distintos sectores laborales, además de la atención de los pliegos petitorios pendientes de las organizaciones afiliadas.
Otro de los puntos planteados es la implementación de procesos de consulta previa antes de la aprobación de leyes, decretos o medidas económicas que puedan afectar a trabajadores y organizaciones sociales.
En la parte final del documento, la COB sostiene que la solución a la crisis no puede construirse mediante la confrontación o la judicialización de las demandas sociales, sino a través de espacios de diálogo que incluyan a los sectores movilizados.
“La paz social no se alcanzará mediante la imposición, la estigmatización ni la persecución jurídica, sino mediante la atención efectiva de las demandas y la participación de los actores legítimos en una mesa de diálogo”, señala la declaración presentada al Ejecutivo.
La conminatoria fue difundida en un contexto de persistencia de bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país, mientras diversos sectores impulsan iniciativas para encontrar una salida negociada al conflicto.
