Una comisión especial de la Cámara de Diputados identificó a 42 funcionarios y exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como posibles responsables dentro de la investigación por la distribución de gasolina adulterada que habría provocado daños en miles de vehículos en el país.
El informe preliminar fue presentado por la diputada Ximena Arispe, quien explicó que el trabajo de la comisión permitió establecer indicios de responsabilidad en 22 personas vinculadas a YPFB y otras 20 relacionadas con la ANH. Según señaló, el documento final será concluido y remitido al pleno de la Cámara de Diputados en el transcurso de este mes.
La legisladora indicó que la investigación incluyó la solicitud de informes oficiales al Ministerio de Hidrocarburos, a YPFB y a la ANH, además de la revisión de declaraciones juradas y la recepción de exposiciones escritas y orales de los funcionarios involucrados en el caso.
Durante el proceso, la comisión también detectó observaciones vinculadas a la permanencia prolongada de algunos servidores públicos, quienes habrían ejercido funciones por más de dos décadas en las instituciones investigadas. Asimismo, se identificaron debilidades en los sistemas de control de calidad de los combustibles.
Arispe informó además que la ANH abrió 22 procesos administrativos relacionados con presuntas irregularidades en el control de calidad, manejo de documentación y cumplimiento de procedimientos internos establecidos para la verificación del combustible distribuido.
La diputada señaló que, a partir de los hallazgos, no se descarta la posibilidad de que el caso derive en procesos penales, dependiendo de la valoración que realicen las instancias competentes sobre el grado de responsabilidad de los involucrados.
El caso se originó a finales del año pasado, cuando se registraron múltiples denuncias de fallas en vehículos tras el uso de gasolina presuntamente contaminada. Posteriormente, el Gobierno confirmó la presencia de sustancias como manganeso y goma en concentraciones superiores a las permitidas, lo que derivó en la activación de mecanismos de compensación para los usuarios afectados.
La comisión legislativa anunció que los resultados serán remitidos al Ministerio Público para la continuidad de las investigaciones y la determinación de responsabilidades en el ámbito penal y administrativo.
