La tensión política y social en Bolivia sumó este martes un nuevo capítulo luego de que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Gobierno nacional emitieran pronunciamientos públicos condenando la quema y destrucción de la Wiphala durante los recientes conflictos registrados en el país.
A través del “Pronunciamiento Público N.º 004/2026”, la CSUTCB expresó su “más enérgico repudio y rechazo” a los actos contra la Wiphala, símbolo patrio reconocido por la Constitución Política del Estado. La organización calificó estos hechos como expresiones de “racismo, discriminación y odio” hacia los pueblos indígena originario campesinos y exigió al Órgano Judicial y al Ministerio Público investigar y sancionar a los responsables conforme a la Ley 045 contra el Racismo.
Además, la organización campesina pidió a plataformas digitales y redes sociales retirar contenidos que, según el pronunciamiento, incitan al odio racial y convocó a una “movilización nacional” en defensa de la Wiphala y de los símbolos del Estado Plurinacional. La CSUTCB también hizo un llamado a la unidad de las organizaciones sociales y del Instrumento Político para rechazar “toda expresión de colonialismo interno”.
Horas después, la Oficina de la Presidencia del Estado difundió un comunicado oficial en el que condenó los hechos violentos ocurridos el 18 de mayo y rechazó la quema de la Wiphala durante las protestas. El Gobierno afirmó que este símbolo representa “la identidad, la historia y la diversidad” del país y sostuvo que ninguna diferencia política o social puede justificar ataques contra los símbolos patrios.
“Como Gobierno nacional, rechazamos toda manifestación de intolerancia, confrontación o violencia como forma de expresión política”, señala el documento oficial, que además llama al diálogo, al respeto y a la convivencia democrática en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia.
Los pronunciamientos se producen en un contexto marcado por bloqueos, movilizaciones, enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y denuncias de violencia en La Paz y otras regiones del país.
