Familiares y activistas denunciaron que autoridades migratorias de Estados Unidos habrían notificado a varios migrantes con enfermedades graves, detenidos en el sur de Florida, que serían deportados a países africanos. Según los testimonios, los traslados podrían concretarse esta semana luego de un supuesto rechazo de México a recibirlos por su estado de salud. Hasta el momento, esta versión no cuenta con una confirmación oficial de las autoridades mexicanas.
La denuncia fue expuesta durante una conferencia virtual organizada por The Workers Circle, asociación que apoya a migrantes. Su representante, Arianne Betancourt, señaló que personas detenidas en el centro Krome, en Miami, y en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, habrían recibido avisos similares. La abogada de inmigración Shalyn Fluharty indicó que podrían realizarse dos vuelos, posiblemente hacia la República Centroafricana y Burundi, aunque las fechas y los destinos todavía no están confirmados.
Uno de los casos señalados es el de Noslen Sendra González, detenido desde noviembre de 2025. Su esposa, Anisley Cortez, aseguró que padece diabetes tipo 2 y necesita insulina, además de haber sufrido tres episodios de pancreatitis aguda necrotizante durante su detención, que requirieron hospitalización. Según su relato, agentes migratorios le comunicaron que su esposo podría ser enviado a África porque Cuba y México no lo aceptarían. El detenido mantiene pendiente una petición de hábeas corpus presentada en mayo ante un tribunal federal de Miami.
Fluharty cuestionó que una persona con antecedentes de hospitalizaciones pueda ser considerada apta para un vuelo de deportación. Según las denuncias, los trayectos podrían durar hasta 24 horas y realizarse con los migrantes esposados. Los familiares también expresaron preocupación por la posible falta de atención médica en los países de destino. Estas afirmaciones corresponden a los testimonios de los afectados y sus representantes legales.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la política estadounidense de deportaciones hacia terceros países. De acuerdo con la información difundida, Estados Unidos habría establecido acuerdos de recepción con hasta 35 gobiernos, mientras organizaciones y abogados cuestionan los riesgos que estas expulsiones podrían representar para los migrantes. En el ámbito judicial, un fallo de septiembre que declaró ilegal esta práctica sin una oportunidad adecuada para impugnar la expulsión quedó suspendido después de una intervención del Tribunal Supremo, que permitió continuar las deportaciones mientras analiza el caso. La audiencia está prevista para el 9 de diciembre.
La postura de México continúa siendo un punto central de la controversia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado anteriormente que su país no ha firmado un acuerdo para actuar como tercer país seguro y ha cuestionado el traslado de mexicanos a otras naciones. Sin embargo, no se ha informado de una posición oficial mexicana sobre el supuesto rechazo a recibir a los migrantes enfermos. También están pendientes las respuestas de las autoridades migratorias estadounidenses y mexicanas, así como la confirmación de las fechas, los destinos y las condiciones de los posibles vuelos.
