Estados Unidos anunció la revocación o restricción de visas para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una nueva política dirigida contra personas a las que Washington acusa de socavar gobiernos democráticamente elegidos mediante hechos vinculados con corrupción o narcotráfico. Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados y, entre los casos señalados de manera particular, figura el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
El Departamento de Estado estadounidense informó que en Bolivia fueron revocadas las visas vigentes de 12 ciudadanos y se establecieron restricciones para otras nueve personas que actualmente no cuentan con visa. La lista incluye fiscales, jueces, un magistrado constitucional, exautoridades, un coronel de la Policía y un empresario. Entre los nombres mencionados también aparecen el exministro de Justicia Iván Lima y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
En el caso de Mariaca, Washington lo señaló públicamente por presunta corrupción significativa y sostuvo que habría utilizado su cargo para solicitar y aceptar sobornos relacionados con actividades de narcotráfico y para favorecer a personas investigadas por delitos graves. Las acusaciones generaron una reacción inmediata en Bolivia, mientras el Gobierno anunció que solicitará oficialmente a Estados Unidos información y elementos probatorios que permitan conocer los fundamentos de la decisión.
Desde el Legislativo también surgieron pedidos para esclarecer la situación. Los presidentes del Senado y de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, solicitaron que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se investigan los señalamientos y plantearon que la Asamblea Legislativa Plurinacional sea convocada a una sesión urgente. Además, pidieron que la Cancillería gestione ante Washington la documentación oficial relacionada con las acusaciones.
Mariaca rechazó que la decisión adoptada por Estados Unidos pueda poner en duda su trayectoria o condicionar el trabajo del Ministerio Público. El fiscal general sostuvo que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros Estados, pero pidió que también se respeten las instituciones nacionales y afirmó que cualquier señalamiento debe ser respaldado por pruebas. Asimismo, aseguró que continuará al frente de las investigaciones bajo su responsabilidad, entre ellas procesos relacionados con el caso Cerimedo, Narcomaderas, legitimación de ganancias ilícitas, narcotráfico y combustible.
El caso abre ahora un escenario diplomático, institucional y judicial. Mientras el Gobierno gestiona información oficial ante Washington, en la Asamblea Legislativa se plantea la posibilidad de activar mecanismos de investigación y responsabilidades contra el fiscal general, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa boliviana. El constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que corresponde contrastar las acusaciones con pruebas y, a partir de las conclusiones que puedan establecerse, determinar las responsabilidades que correspondan dentro del ordenamiento jurídico nacional.
