El Ministerio Público admitió la proposición acusatoria presentada por la bancada de Libre contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, en relación con el caso Hotel Las Américas. El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó este lunes 12 de octubre que la denuncia fue puesta en conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La proposición acusatoria señala la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad. Estas acusaciones deberán ser examinadas en el marco de las actuaciones correspondientes, sin que su admisión implique una determinación de culpabilidad contra los denunciados.
Urioste explicó que el Ministerio Público inició la fase de acumulación de antecedentes y pruebas para avanzar en el análisis del caso. Como parte del procedimiento, remitió un memorial a los magistrados de la Sala Plena del TSJ para informar sobre el inicio de las investigaciones y poner a su conocimiento el contenido de la proposición acusatoria.
El fiscal general sostuvo que el caso amerita un juicio de responsabilidades, al referirse al procedimiento previsto para el juzgamiento de autoridades que presuntamente cometieron delitos durante el ejercicio de sus funciones. La admisión de la proposición abre una etapa de actuaciones destinadas a reunir los elementos necesarios para determinar los pasos procesales correspondientes.
La comunicación enviada al TSJ señala que la proposición acusatoria habilita el informe de inicio del Ministerio Público para el juzgamiento de quien ejerció la Presidencia o Vicepresidencia del Estado por hechos presuntamente cometidos durante el desempeño de sus funciones. La instancia judicial deberá conocer los antecedentes y actuar conforme al procedimiento legal aplicable.
El caso Hotel Las Américas vuelve así al centro de la atención política y judicial, con Evo Morales y Álvaro García Linera señalados en la proposición presentada por la bancada de Libre. El avance de las investigaciones y las decisiones de las instancias competentes definirán la continuidad del proceso, mientras se mantiene la presunción de inocencia de los denunciados.
