La Fiscalía General del Estado creó la Unidad Especializada en Cibercrimen en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, con el objetivo de reforzar la investigación de delitos cometidos mediante el uso de tecnologías y brindar apoyo técnico a los fiscales que trabajan en casos con componentes digitales. La nueva instancia fue formalizada mediante una resolución administrativa, según informó el fiscal general del Estado a.i., José Armando Urioste Viera.
La autoridad explicó que la unidad contará con fiscales designados por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, quienes tendrán a su cargo las labores operativas. Señaló que esta estructura permitirá fortalecer las capacidades del Ministerio Público en materia de investigación digital y electrónica, frente a las nuevas modalidades delictivas que utilizan herramientas tecnológicas.
Entre sus principales funciones estará el análisis técnico de audios, videos, fotografías y otros archivos digitales que puedan ser incorporados como elementos de prueba en procesos penales. También tendrá la tarea de investigar nuevas formas de criminalidad relacionadas con el uso de plataformas digitales, dispositivos electrónicos y otros recursos tecnológicos.
Urioste aclaró que el trabajo de esta unidad no se limitará a verificar si un audio o video es auténtico o fue manipulado. También buscará analizar la información contenida en esos materiales para contribuir al esclarecimiento de los hechos, identificar posibles indicios y proporcionar elementos técnicos que respalden el trabajo de los investigadores y fiscales responsables de cada caso.
La nueva instancia también brindará asistencia a las fiscalías especializadas que atienden investigaciones en las que existan evidencias digitales. De esta manera, se busca mejorar el procesamiento de la información electrónica, fortalecer la recolección de indicios y aportar criterios técnicos que permitan establecer posibles responsabilidades dentro de los procesos judiciales.
Con la creación de esta unidad, el Ministerio Público busca ampliar su capacidad de respuesta ante el crecimiento de los delitos digitales y la utilización de nuevas tecnologías en actividades ilícitas. Su funcionamiento será clave para apoyar las investigaciones que requieran análisis especializado de información electrónica y contribuir a que las evidencias digitales sean examinadas con criterios técnicos durante los procesos penales.
