Tras aproximadamente un año y medio de investigación, autoridades chilenas desarticularon una organización criminal dedicada al robo de vehículos en la región de Tarapacá, que posteriormente eran trasladados y comercializados en Bolivia. El operativo, denominado “Familia Quirquincho”, dejó 28 personas detenidas, todas de nacionalidad chilena, y 44 inmuebles allanados.
La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, informó que la organización sustraía principalmente vehículos en Iquique y Alto Hospicio para sacarlos hacia Bolivia por pasos fronterizos no habilitados. Según la investigación, la estructura criminal tenía distintos niveles de operación, con financistas, responsables de los robos y conductores encargados de trasladar los motorizados hasta la frontera.
El mecanismo consistía en identificar vehículos estacionados en la vía pública, fotografiarlos y enviar las imágenes por WhatsApp a posibles compradores en Bolivia. Una vez acordado el precio, se ejecutaba el robo utilizando equipos tecnológicos especializados. Los pagos se realizaban principalmente en dólares, aunque también se habrían utilizado drogas y armas como parte de las transacciones.
El director nacional de Orden y Seguridad, Rodrigo Espinoza, confirmó que entre los detenidos hay personas menores de edad. En el operativo participaron cerca de 400 funcionarios de Carabineros, quienes intervinieron 44 inmuebles ubicados en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Santiago. También se allanaron seis celdas en centros penitenciarios de Arica, Alto Hospicio y La Serena.
Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, aparatos electrónicos, documentación, drogas, armas y municiones. Además, se encontraron programadores, escáneres automotrices y llaves programables, herramientas que, según las autoridades, evidencian la planificación y capacidad técnica utilizada para sustraer los vehículos.
Las autoridades chilenas señalaron que la investigación continúa y que los hallazgos permitieron identificar otras posibles actividades delictivas vinculadas con el tráfico de armas y drogas. Los investigadores también buscan establecer el alcance de las operaciones de la organización y las conexiones con los compradores que recibían los vehículos en territorio boliviano.
