La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota ordenó suspender, por el momento, los procesos de destrucción de cargamentos de madera boliviana incautados en puertos de Chile, luego de que se detectaran presuntas sustancias ilícitas en parte de las cargas. La instrucción fue emitida mediante un documento fechado el 21 de septiembre y está dirigida al Servicio de Salud de Arica y Parinacota.
De acuerdo con la disposición, la suspensión se mantendrá mientras se resuelven distintas solicitudes relacionadas con las incautaciones. La Fiscalía señaló que, pese al tiempo transcurrido desde la retención de los cargamentos, en los últimos días fueron presentadas nuevas solicitudes sobre algunas de las cargas, por lo que determinó frenar temporalmente cualquier procedimiento de destrucción.
La medida se conoce después de que la defensa de 15 empresas madereras bolivianas solicitara el 22 de septiembre la suspensión de la destrucción de los cargamentos retenidos en puertos chilenos. Los representantes de las empresas argumentan que las mercancías deben ser preservadas mientras continúan las verificaciones destinadas a establecer si las cargas corresponden efectivamente a los envíos que salieron desde Bolivia.
El caso involucra decenas de contenedores que contienen aproximadamente 1.080 toneladas de madera boliviana, retenidos en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso en el marco de una investigación por la presunta presencia de drogas en la madera. La situación generó preocupación entre empresas exportadoras y autoridades bolivianas, debido a las posibles consecuencias sobre las mercancías y las exportaciones nacionales.
Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con los análisis realizados por el Instituto de Salud Pública de Chile. Según los antecedentes expuestos en el caso, dos exagentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos cuestionaron la metodología utilizada y la hipótesis de que las maderas hubieran sido impregnadas deliberadamente con sustancias como cocaína o ketamina.
Mientras continúa el proceso, el Gobierno boliviano ha planteado la necesidad de esclarecer técnicamente el origen y la presencia de las sustancias antes de proceder con la destrucción de las cargas. La suspensión ordenada por la Fiscalía de Arica permitirá mantener los cargamentos preservados mientras se resuelven las solicitudes pendientes y se determina cómo continuará el procedimiento.
