En un intento por desactivar la creciente conflictividad social en el país, el Gobierno nacional y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) firmaron este miércoles un acta de coordinación que contempla la gestión para la abrogación de la Ley 1720 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El acuerdo fue suscrito en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, donde el presidente Rodrigo Paz se reunió con representantes del sector campesino tras semanas de movilizaciones y demandas vinculadas principalmente al acceso y seguridad de la tierra.
Según el documento, el Ejecutivo se compromete a impulsar un nuevo proyecto de ley que reemplace la normativa cuestionada, el cual será elaborado con participación de los sectores involucrados. Este punto marca un giro en la postura oficial, ya que previamente el Gobierno había planteado únicamente la revisión de la norma, no su eliminación.
El acta también incorpora otras propuestas de impacto político y económico. Entre ellas, se establece el tratamiento de una reducción del 50% en los salarios de los asambleístas, así como la posible eliminación de la renta vitalicia para expresidentes, medidas que deberán ser debatidas en instancias legislativas.
En el ámbito económico, el acuerdo incluye compromisos para garantizar el abastecimiento y la calidad de combustibles, además de continuar con el resarcimiento por daños ocasionados a vehículos, en respuesta a las protestas del sector transporte registradas en los últimos días.
Asimismo, la CSUTCB expresó su respaldo al Gobierno y solicitó la aprobación de créditos internacionales destinados al saneamiento de tierras, mientras que el Ejecutivo ratificó medidas en educación y salud, como la incorporación de nuevos ítems y la implementación de tecnología en unidades educativas.
No obstante, el documento advierte que el sector campesino se mantendrá en estado de emergencia si los compromisos no son cumplidos, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones.
El acuerdo se produce en un contexto de alta tensión en el país, marcado por bloqueos, protestas multisectoriales y cuestionamientos a la situación económica, lo que obliga al Gobierno a buscar salidas negociadas para contener la crisis.
