El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que organizaciones criminales habrían operado durante años en Santa Cruz con presunta protección de funcionarios de la Fiscalía. La autoridad anunció que trabajará desde ese departamento junto a instituciones públicas y sectores civiles para enfrentar la expansión de las redes delictivas.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz convocó a las Fuerzas Armadas a participar en las acciones destinadas a fortalecer la seguridad nacional. Durante el aniversario de la Escuela Naval de Cochabamba, sostuvo que la institución militar debe contribuir a combatir el crimen organizado y proteger al país.
Las declaraciones se produjeron en medio de nuevos hechos violentos registrados en Santa Cruz, entre ellos un asesinato por encargo y un asalto que dejó a una persona herida. Oviedo señaló que la cantidad de delitos reportados por la Policía es elevada y afirmó que durante el fin de semana se esclarecieron entre cuatro y cinco casos en el departamento.
Entre los hechos investigados mencionó el secuestro de una veterinaria en Montero, que, según la autoridad, evidenciaría la existencia de estructuras delictivas organizadas. También advirtió que, tras la captura y posterior expulsión a Estados Unidos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, las actividades criminales estarían derivando en sicariatos, secuestros y asaltos.
Oviedo vinculó la expansión de estas redes con el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, organizaciones criminales brasileñas que, según su declaración, se disputan rutas del narcotráfico en Bolivia. Asimismo, atribuyó la presunta protección a estos grupos a la corrupción durante la anterior administración gubernamental y dentro del Ministerio Público.
En el ámbito judicial, el exfiscal general Róger Mariaca y el exfiscal departamental Alberto Zeballos permanecen detenidos por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y la protección a Marset. Entretanto, el fiscal general interino, José Armando Urioste, dispuso cambios en Santa Cruz y una revisión de oficinas y sistemas ante posibles filtraciones. La renovación alcanzó a los fiscales del departamento, mientras que en La Paz fue detenido el coordinador de fiscales, Armando Rojas.
