El Gobierno boliviano formalizó ante Estados Unidos una solicitud de información sobre las restricciones y revocaciones de visas aplicadas a autoridades y exautoridades nacionales. La petición busca conocer los antecedentes y fundamentos de las medidas anunciadas por Washington, información que el Ejecutivo considera necesaria para definir las acciones que correspondan dentro de Bolivia.
El vocero presidencial José Luis Gálvez informó que la solicitud fue canalizada mediante la Cancillería y que el Gobierno espera recibir una respuesta con la mayor celeridad posible. Señaló que, una vez conocidos los motivos y antecedentes proporcionados por Estados Unidos, las autoridades bolivianas podrán establecer una posición oficial respecto al caso y determinar los pasos institucionales correspondientes.
Las restricciones de visa alcanzaron a ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, además de otras autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados al sistema judicial. Estados Unidos justificó sus medidas mediante señalamientos relacionados con corrupción y narcotráfico, mientras que en Bolivia se anunció la necesidad de conocer los elementos que sustentan esas acusaciones antes de avanzar con las investigaciones.
El caso también generó acciones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El vicepresidente y titular de la Asamblea, Edmand Lara, confirmó que se convocó a una sesión para el 5 de octubre, en la que se analizarán las acusaciones y la situación de las personas afectadas. La Asamblea espera contar con información y antecedentes provenientes de Estados Unidos para abordar el tema en el marco de la legislación boliviana.
De acuerdo con el Gobierno, la Asamblea Legislativa es la instancia que debe considerar las acciones que correspondan respecto a las autoridades involucradas, dentro de sus atribuciones legales. En el caso del fiscal general, el Ejecutivo señaló que cualquier eventual proceso debe sujetarse a la normativa boliviana, incluida la Ley 044 sobre el juzgamiento de altas autoridades del Estado.
Mientras se aguarda la respuesta de Estados Unidos, el Gobierno anunció que continuará colaborando con las investigaciones que correspondan y que las instituciones nacionales deberán analizar la información disponible. La solicitud diplomática busca precisar los fundamentos de las medidas estadounidenses y establecer, a partir de esos antecedentes, los siguientes pasos institucionales en Bolivia.
