El Gobierno de Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5697, que establece una intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el objetivo de proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de su gestión operativa y administrativa.
La intervención tendrá una duración de hasta 180 días y podrá ampliarse excepcionalmente por otros 90 días, una sola vez, mediante resolución ministerial. La medida también podrá concluir antes del plazo establecido.
El Gobierno señala que durante este proceso se buscará obtener información sobre la cadena logística de importación y distribución de combustibles, además de establecer volúmenes destinados a estaciones de servicio y otras modalidades de comercialización.
La intervención se dispone en medio de la persistente crisis de combustibles, marcada por largas filas de vehículos en los surtidores en busca principalmente de diésel y gasolina. La normativa aclara que la medida no implica la desaparición de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o estructura.
La comisión encargada de la intervención estará integrada por cuatro ministros o sus representantes, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del proceso y la evaluación de la situación operativa y administrativa de la estatal petrolera.
