El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP) aprobó una propuesta normativa que plantea la participación de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo. La iniciativa establece que esta intervención sería excepcional, temporal, complementaria y controlada, dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos y garantías.
La decisión fue adoptada durante la quinta sesión del COSDEP, encabezada por el presidente Rodrigo Paz, en la que también se aprobaron otras tres propuestas relacionadas con la Ley de Seguridad y Defensa, el funcionamiento del propio Consejo y el Sistema de Inteligencia. Las cuatro iniciativas serán remitidas a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) para su revisión.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que la propuesta busca ampliar la capacidad de respuesta estatal ante estructuras criminales que, según señaló, pueden contar con logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y capacidad para ejercer violencia e intimidación.
La estrategia también contempla fortalecer las labores de inteligencia, el control de las fronteras y de los espacios aéreo y fluvial, la protección de infraestructura crítica, una mayor coordinación entre instituciones y la cooperación con países vecinos.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que las Fuerzas Armadas trabajarán de manera coordinada con la Policía Boliviana. El mandatario señaló que las organizaciones criminales pueden recurrir a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal para financiarse, y planteó reforzar la respuesta institucional frente a posibles vínculos del crimen organizado con entidades del Estado.
Las propuestas todavía deben pasar por las etapas de revisión correspondientes y, posteriormente, por el tratamiento legislativo que corresponda. El Gobierno plantea que las nuevas normas permitan fortalecer la seguridad y defensa del Estado, así como establecer mecanismos específicos para responder ante amenazas graves vinculadas al crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.
